IDL y FPP exigen rectificación a medios de comunicación por difundir información difamatoria

IDL y FPP exigen rectificación a medios de comunicación por difundir información difamatoria

En medio de una agresiva campaña de desprestigio, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y la organización Forest Peoples Programme (FPP) han emitido cartas notariales a los medios de comunicación Trome y Perú 21 para exigir que se rectifiquen por haber difundido información difamatoria en notas supuestamente periodísticas, durante el mes de marzo.

La primera nota se publicó en el portal web del diario Trome, el 8 de marzo de 2024, con el titular “Comunidad nativa Shipibo Koniba denuncia a ONGs por violación de derechos humanos”, en la que se indica que una delegación de representantes de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya se reunió con la Defensoría del Pueblo para trasladar una denuncia contra IDL y FPP.

De acuerdo a la nota de Trome, ambas instituciones estarían “violando los derechos humanos de la comunidad al utilizar su nombre sin autorización y acosar a los líderes que discrepan con sus agendas”; y difundiendo “información falsa sobre la realidad de la comunidad, desestimando a sus autoridades y persiguiendo y criminalizando a quienes no se alinean con sus intereses”. Además, se sostiene que las denuncias del IDL y FPP buscarían “generar conflictos ficticios con el fin de obtener financiamiento internacional, supuestamente para el beneficio de la comunidad”.

Pese a las graves acusaciones, la redacción de Trome no incluyó los descargos del IDL y FPP en su publicación. De hecho, el medio ni siquiera buscó un contacto con ambas organizaciones antes de difundir la nota en cuestión, con lo que se trasgrede un principio elemental de la labor periodística, que es la búsqueda de la imparcialidad.

“Llama la atención que en la nota no se haya realizado esfuerzo alguno por contrastar las declaraciones de terceros de las que se compone. Una simple búsqueda en la Internet habría revelado la extensa información disponible sobre el entorno de irregularidades e ilegales en que vienen operando las empresas del Grupo Ocho Sur en Ucayali, contradiciendo así su versión de los hechos y documentando los impactos generados por la agroindustria de palma aceitera de la empresa en el seno del territorio ancestral del pueblo shipibo-konibo. A raíz de estas omisiones, consideramos que la nota presenta una versión sesgada, que contiene hechos falsos y solo desinforma a sus lectores”, dice la carta dirigida por el IDL y FPP a Carlos Espinoza Olay, director del diario Trome.

Asimismo, el IDL y FPP enviaron una carta notarial dirigida a la periodista Cecilia Valenzuela, directora del diario Peru 21, por la publicación de una nota el 15 de marzo, en su portal web, con el titular “Comunidad indígena denuncia a la ONG IDL y FPP por violación de derechos humanos”.

Allí se reporta la misma noticia que en Trome y se asegura que la comunidad denunció al IDL y FPP porque estarían vulnerando “sus derechos a usar el nombre sin la autorización de su población y sin respetar su autonomía constitucional” y “realizando denuncias falsas, creando conflictos inexistentes con ciertas personas que tampoco los representan y su finalidad sería recibir dinero de la cooperación internacional para supuestamente defender a la comunidad”.

Al igual que en el caso de Trome, la redacción de Perú 21 tampoco buscó contrastar la información mediante un contacto con el IDL y FPP, en busca de sus descargos. Por el contrario, la nota refuerza la supuesta denuncia y termina asegurando que “Wilson Barbarán Soria, jefe de la comunidad Santa Clara de Uchunya, alertó a las autoridades nacionales e internacionales a no dejarse sorprender y pidió ayuda para detener los abusos de estas ONGs”.

 

Medios incumplen código de ética del Colegio de Periodistas

En sendas cartas notariales, se recuerda a ambos medios de comunicación que dichas publicaciones contradicen la labor del periodismo. Según el punto 2 del Código de Ética del Colegio de Periodistas del Perú, es deber esencial “brindar una información completa, que permita al pueblo orientarse correctamente sobre el acontecer económico, social, político”. Del mismo modo, el punto 8 exige “respetar la vida privada de las personas, el honor, la buena reputación y su imagen, así como su intimidad familiar”.

El IDL y FPP, además, han sustentado su pedido de rectificación con base en jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que ha definido como supuesto para la rectificación la “información inexacta”. De acuerdo a la STC Exp. N.° 03362-2004-AA, f.j.14, “la nota será falsa o inexacta si es que no se expresó la verdad o lo hizo a medias, con lo que incurre en una transgresión voluntaria o involuntaria a la responsabilidad profesional de informar con sentido de la verdad y con tendencia a la objetividad. La verdad o no de la información se debe medir en su propio y estricto contexto, constatando las falencias en menor o mayor grado de la información. (…) Más para evitar una agresión, sirve para ofrecer la versión de la persona ofendida”.

Ante dichas publicaciones, que surgen de métodos de amedrentamiento contra el IDL y FPP, ambas organizaciones rechazan enérgicamente la información difamatoria y falsa difundida por Trome y Perú 21, en sus versiones digitales, que además ha sido expandida por otros medios, como el diario Expreso y los portales web Agro Perú y Lampadia.

“Frente al agravio producido por una información incompleta, les solicitamos que en el plazo de 72 horas el medio periodístico que dirige rectifique la nota publicada e incluya la versión de los hechos de las y los comuneros de Santa Clara de Uchunya, organizados a través de su Frente de Defensa por los intereses de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, así como del IDL y FPP en su calidad de organizaciones asesoras en materia jurídica, que no han sido tomadas en cuenta, así como no volver a publicar una nota en la que nuestra imagen se vea perjudicada sin intentar previamente comunicarse con nosotros”, finalizan las cartas notariales.

 

Pronunciamiento del Frente de defensa de Santa Clara de Uchunya

Finalmente, cabe recordar que el Frente de Defensa por los intereses de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya emitió un pronunciamiento el 20 de marzo para denunciar y rechazar la campaña de desprestigio emprendida por la empresa Ocho Sur y algunos medios de comunicación, que atenta contra la unidad de la comunidad. En su comunicado, el frente hace referencia a las publicaciones ya mencionadas, a las que cataloga de información falsa.

“A la opinión pública, es simple: Ocho Sur paga publicaciones engañosas y costean los gastos y viajes de nuestros hermanos por interés de la empresa de desprestigiar a organismos que han estado en esta lucha territorial apoyándonos en solidaridad desde hace muchos años”, manifestaron los comuneros, en un pronunciamiento firmado por Luisa Mori Gonzales y Efer Silvano Soria, presidenta y vicepresidente del Frente de Defensa por los intereses de la Comunidad Nativa Santa Clara de Uchunya, respectivamente.

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público. Los campos requeridos están marcados *