IDL y Proética presentan balance sobre el primer año de funcionamiento del ‘Mecanismo Intersectorial para defensores de derechos humanos’ en la Amazonía peruana

IDL y Proética presentan balance sobre el primer año de funcionamiento del ‘Mecanismo Intersectorial para defensores de derechos humanos’ en la Amazonía peruana

En una alianza colaborativa, el IDL y Proética – Capítulo Peruano de Transparencia Internacional presentaron hoy el informe titulado “Mecanismo en emergencia. Balance del primer año de funcionamiento del ‘Mecanismo Intersectorial para la protección de las personas defensoras de derechos humanos’ en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana”.

El estudio examina el desempeño del Ejecutivo, a través de ocho ministerios, en materia de prevención y protección a defensores indígenas: Justicia y Derechos Humanos, Ambiente, Interior, Cultural, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo Agrario y Riego, Relaciones Exteriores y Energía y Minas.

El equipo coordinador de la investigación estuvo conformado por Álvaro Másquez Salvador (IDL), Francisco Rivasplata (Proética) y Sebastián Delgado Céspedes (IDL). Además, colaboraron en este trabajo Jacopo Tosi, Magaly Avila y Juan Carlos Ruiz Molleda. En el evento de presentación, además, participaron Glatzer Tuesta, director general del IDL; y Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética.

¿Cuáles son las fortalezas y debilidades en el diseño de esta herramienta? ¿Cuántas solicitudes de activación del Procedimiento de Alerta Temprana se han recibido? ¿Cómo fueron tratadas y cómo se resolvieron? ¿En qué forma intervino el Ministerio del Interior? ¿Qué otros factores externos influyeron en la implementación de la norma?

Según los hallazgos del informe, 22 personas defensoras fueron asesinadas o desaparecidas en contextos de defensa de sus derechos. 10 fueron asesinadas durante el 2020, 7 en el 2021 y 5 en lo que va del 2022. De ese total, 20 incidentes ocurrieron en la Amazonía, sobre todo en el cinturón de la selva central; 19 víctimas eran indígenas.

Como concluye la investigación, el perfil de víctima más recurrente es el del miembro de una comunidad indígena amazónica, involucrado políticamente en la defensa de derechos humanos y ambientales. La mayoría ejercía cargos de autoridad, como jefes comunales, dirigentes o monitores encargados de la supervisión y vigilancia de sus territorios. Así mismo, casi todas las víctimas indígenas estaban implicadas en conflictos sociales por disputas de naturaleza territorial, mientras que los perpetradores suelen estar vinculados a economías ilegales.

Un obstáculo importante en la implementación del Mecanismo Intersectorial está relacionado con la falta de involucramiento de la mayoría de los sectores que conforman esta herramienta. De 22 reuniones de coordinación celebradas entre abril de 2021 y abril de 2022, solo el MINJUSDH participó en todas ellas, mientras que el MRE y el MINEM, en ninguna. Así mismo, instituciones como el MIDAGRI y el MIMP —directamente involucradas con los problemas estructurales que sufren los pueblos indígenas— han asistido a menos del 20 % de las reuniones, mientras que el MININTER, el MINCUL y el MINAM, a menos del 70 %.

Tampoco las medidas de protección a defensores han sido canalizadas debidamente. Hasta abril de 2022, se presentaron 24 solicitudes de activación del Procedimiento de Alerta Temprana por situaciones de riesgo. De las primeras 17, solo una culminó con la emisión de una resolución viceministerial de archivo, en 12 se verificó la elaboración de un informe de evaluación de riesgo (a cargo del MINJUSDH), y en ninguna un plan de seguimiento de las medidas brindadas (a cargo de la Policía Nacional). De la información entregada por el MINJUSDH, confirmamos que en ningún caso se cumplió con los plazos señalados por la norma y tampoco con el procedimiento regular. La evidencia comprueba, además, que el mayor ‘cuello de botella’ reside en la desidia y falta de involucramiento del MININTER, que hasta hoy no cumple con dictar un “protocolo” o “lineamientos” de actuación para intervenir en este tipo de casos.

En principio, destacamos la conformación de un espacio intersectorial de trabajo para atender la problemática de los defensores, con el liderazgo del MINJUSDH, y que cuenta con un enfoque de derechos humanos e interculturalidad. Precisamente, nuestro informe contiene 10 conclusiones y 13 recomendaciones para las autoridades del Estado, orientadas a robustecer el Mecanismo Intersectorial y —a través suyo— garantizar los derechos humanos y la paz social.

Puede encontrar el informe aquí.

Imagen: Proética

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