Incontinencia electoral y otros síndromes de la clase política peruana
Stefano Corzo Vargas / IDL-Seguridad Ciudadana
El ruido político que generó la designación del flamante gabinete presidencial sigue opacando, en muchos casos, el debate necesario sobre la gestión que la mayoría de ministros viene realizando durante ya casi dos meses.
Se podría argumentar que todavía se trata de un tiempo muy corto como para ensayar conclusiones generales sobre una determinada gestión y/o sector; sin embargo, el contexto de la pandemia (y los problemas derivados de la misma) deberían significar que la toma de decisiones, implementación de políticas y rendimiento de cuentas ante la ciudadanía sean procesos mucho más rápidos y eficaces. Palabra clave: deberían.
Lamentablemente, el gobierno de Pedro Castillo nació con dos puñales hundidos en las costillas. Por un lado, la daga roñosa de la derecha y su evidente sabotaje político que, en coro con lo peor de nuestra prensa nacional, han emprendido una guerra de baja intensidad en contra del ejecutivo. Y, por el otro, el estilete nuevo y barato de la izquierda cerronista, cuyo blandir solo demuestra una improvisación propia de aficionados (pero también de rufianes).
En medio de este enfrentamiento —y como parte del mismo— los distintos ministros han comenzado a emprender una serie de acciones para iniciar la gestión de sus sectores encargados. Acciones que marcan el derrotero inicial de lo que podrían ser su largas o cortas carreras en los mismos. En esta ocasión, hablaremos de manera concisa sobre la gestión inicial del MININTER y su representante, el fiscal Juan Carrasco Millones.
Para esta primera entrega, abarcaremos específicamente una cuestión concreta: las promesas del excandidato y ahora presidente, Pedro Castillo, con respecto a la seguridad ciudadana. Y el proceso de desciframiento que se ha tenido que emprender desde el sector Interior de ellas.
Cuando el abogado y fiscal Juan Carrasco Millones decidió asumir el cargo de ministro del Interior seguramente debió estar seguro de dos cosas: que la manera en cómo tramitó su licencia ante la Fiscalía Especializada en contra la Criminalidad Organizada (Feccor) de Lambayeque mínimamente suscitaría cuestionamientos y que, luego de asumir la cartera del Interior, debería responder sobre algunas de las promesas electorales —y que luego se fueron convirtiendo en anuncios oficiales— expresadas por el presidente Castillo y directamente vinculadas a su sector.
La polémica de su licencia fue materia de debate durante los primeros días del nuevo gabinete. Pero tras una serie de apariciones televisivas donde intentó esclarecer el asunto, la atención de la oposición comenzó a centrase más bien en otras carteras y personajes como el propio primer ministro Bellido y, luego, los ministros de Trabajo y Promoción del Empleo y Relaciones Exteriores respectivamente.
Esta vez la controversia se extendería, sin embargo, sobre algunos de los anuncios hechos por el presidente Castillo durante su discurso de asunción:
“Sabemos que la seguridad ciudadana es uno de los problemas más sentidos por la población. La Policía Nacional es el pilar sobre el cual la actividad pública lucha contra este mal, pero eso no es suficiente. A pesar de los esfuerzos que se realizan en este campo siguen campeando las pandillas, las bandas y los robos callejeros, las agresiones a la integridad física de las personas y a sus vidas. Nosotros creemos que debemos expandir el sistema de las Rondas, que no es otra cosa que la población organizada para dar seguridad a toda la población. A imagen de las rondas campesinas, nos proponemos convocar a toda la población a conformarlas donde no existan éstas e incluirlas en el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, en los niveles regionales y locales correspondientes.
Asignaremos un presupuesto para dotarlos de logística necesaria.
Asimismo, promoveremos su participación en la fiscalización a las autoridades en la ejecución de la inversión pública en sus comunidades. Fortaleceremos la ley de rondas incidiendo en su organización interna respetando su autonomía. Estamos seguros que conjuntamente con la Policía Nacional del Perú podremos acceder a una más eficiente seguridad pública.
Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo a para salir del país. Finalmente, los jóvenes que no estudian ni trabajan deberán acudir al servicio militar.”
Estos anuncios, como todos sabemos, formaron parte de las propuestas de su campaña electoral en materia de seguridad.
Cuando el presidente Castillo propuso “expandir el sistema de las Rondas”, el anunció inmediatamente desató lo que podríamos denominar cómo un “pánico limeño”.
Ciertamente, la vaguedad del ejecutivo al momento de comunicar sus propuestas y políticas no facilitó un entendimiento real de las mismas, pero el debate sobre este asunto rápidamente se tornó estéril. Un sector de la prensa reaccionó a través de la satanización de estas organizaciones, equiparando la propuesta con la creación de “milicias paralelas” de carácter militar y urbano, similar a los “colectivos chavistas” de Venezuela, y evidenciando un desconocimiento total sobre la considerable historia y normativa existente competente a las rondas campesinas como organizaciones de base.
Mientras esto ocurría, algunos de los representantes del nuevo gobierno tuvieron que hacer malabares para aclarar una idea que, por lo menos, en algunos anuncios oficiales del presidente sonaban completamente ridículas. Sobre todo, como ya se ha mencionado en otros espacios, a la luz de organizaciones similares ya existentes en el ámbito urbano como las juntas vecinales .
Finalmente, el ministro Carrasco parece haber asumido la última palabra en el asunto:
“La policía cumple un rol fundamental y constitucionalmente autorizado. No existe ninguna disposición de parte de mi despacho para de alguna manera implementar rondas en la ciudad de Lima”, declaró en una de las tantas entrevistas que le hicieron sobre el tema.
Pero hubo otro asunto, quizás no con tanta repercusión mediática, sobre el que de igual manera se debió pronunciar el ministro Carrasco: la cuestión sobre la “expulsión, en un plazo de 72 horas, de los delincuentes extranjeros del país”.
Cuando el ministro Carrasco fue increpado en una entrevista televisiva sobre esta controversial propuesta declaró que las autoridades competentes (en referencia a su sector) debían seguir el “debido proceso” y que ya se habían comenzado a coordinar algunas acciones en la frontera norte del país en Tumbes.
Un par de días después, luego de un silencio prolongado sobre el tema, el ministro Carrasco reaparecería. Esta vez para anunciar ante los medios que durante los próximos días su cartera presentaría un “plan estratégico” que permitiría la expulsión de extranjeros del país que hayan cometido delitos.
Durante el anunció, el exdirector general de la Policía Nacional del Perú, César Cervantes, respaldó las declaraciones dadas por el ministro, agregando que la Policía haría un trabajo conjunto con la Superintendencia Nacional de Migraciones para facilitar el trabajo coordinado sobre esta estrategia en el marco de las leyes migratorias nacionales. Sin embargo, hasta la fecha, el supuesto plan nunca ha sido presentado o, al menos, no de manera pública.
De lo que sí tenemos certezas es que el ministro Carrasco nuevamente tocaría el tema de los migrantes anunciado —solo un par de semanas después de las declaraciones anteriores— que se instalaría una oficina de Migraciones en Gamarra con el objetivo de ejercer un mejor control sobre los ciudadanos extranjeros que trabajan y residen en la zona. Según la lógica de esta medida, respaldada por el alcalde de La Victoria, Luis Gutiérrez, la creación de esta sede tendría un efecto disuasivo y permitiría combatir la “delincuencia extranjera”.
A luz de hechos recientes completamente condenables, como el desalojo de campamentos migrantes en Iquique y la quema de sus pertenencias, resulta verdaderamente inadmisible que el actual gobierno insista en una lógica que solo busque la salida fácil y barata de criminalizar a la migración. Esperemos que la instalación de una oficina de Migraciones en el emporio comercial de Gamarra con la finalidad de “disuadir a los criminales extranjeros” no termine reproduciendo los discursos de odio que llevaron a los actos deplorables ocurridos en Chile hace unos días.
Las promesas electorales en materia de seguridad del presidente Pedro Castillo han quedado como extravagantes “saludos a la tribuna”, al menos hasta la fecha. Como seria natural, la reacción de cualquier persona ante promesas incumplidas sería la indignación; sin embargo, en este caso, quizás haya un atisbo de alivio también.
Debemos remarcar que la gestión del ministro Carrasco ha logrado más que solo traducir o interpretar las, a veces, irreconocibles ideas del presidente Castillo para el sector. Se han retomado avances importantes en algunos de los programas emblemáticos de seguridad del país como la Estrategia Multisectorial Barrio Seguro, pero también se han producido una serie de cambios inesperados en el MININTER y la PNP que podrían nuevamente dejar todo pendiente de un hilo. Todo ello será abordado en una siguiente entrega.