Incremento de la explotación sexual infantil en la pandemia
¿Qué ha implicado este aislamiento social para los menores de edad? Este tema fue expuesto por Dimitri Senmache , presidente de la Red Peruana contra la Pornografía Infantil, en el conversatorio organizado por el Área de Seguridad Ciudadana del IDL. La ponencia contó con los comentarios de la Miluska Romero, Fiscal Provincial especializada en delitos de trata de personas del Ministerio Público y de Johan Guisse, especialista en abuso sexual infantil en línea.
¿Cuáles han sido los efectos de este aislamiento social en los menores de edad? El especialista sostiene que ha disminuido su capacidad de socialización,.Los ha expuesto a mayores peligros. Ha incrementado su nivel de estrés: generando depresión, ansiedad y mal humor. Asimismo, ha generado mayor dependencia hacia la tecnología.
Dimitro Senmache mencionó los peligros que afrontan los niños en la internet. Además de los ciberataques, el secuestro de información, los programas espía, los troyanos, el phishing, existe el child-grooming o acoso sexual infantil en línea, las páginas de adultos y de violencia extrema, las redes de abuso y explotación sexual infantil (pornografía infantil), y el ciberbullying o acoso por las TIC.
Los panelistas definieron el perfil de los agresores sexuales de los menores de edad: El 90% son varones, 70% entre 30 y 45 años de edad, en su mayoría se trata de profesionales calificados, casados e integrados socialmente, de nivel social medio – alto. El 99% recurre a la Internet con el objetivo de captar víctimas, conseguir o intercambiar material de pornografía infantil. Además, el 30% produce su propio material, el 85% conoce a su víctima, el 45% son familiares, el 80% no tienen antecedentes penales, el 98% actúan solos, La mayoría no padecen trastornos psiquiátricos y el 66% niegan sus crímenes o los minimizan.
Dieron datos importantes acerca de los países de donde provienen el mayor número de denuncias de abuso y/o explotación sexual infantil. Del análisis de ingresos de reportes por códigos y direcciones se determinó lo siguiente:
México 19%, Colombia 15%, España 13%, Perú 10%, Estados Unidos 09%,
Argentina 09%, Chile 08%, Brasil 06%, Venezuela 03%, Bolivia 03% Ecuador 02%.
Frente a esta situación, los agentes del Estado enfrentan una serie de dificultades en su lucha contra este tipo de delitos en el ciberespacio. Por ejemplo, la tecnología es asimétrica y la hace inadecuada; no permite la interoperabilidad entre las instituciones de gobierno y mucho menos entre los Estados.
“Las herramientas informáticas son insuficientes o inexistentes para buscar o rastrear los códigos hash. También los protocolos son inadecuados para el análisis forense de material informático. Las definiciones conceptuales son confusas al igual que las tipificaciones, y no hay material de referencia para estudios y análisis. A esto se suma que hay poco personal dedicado y especializado; y casi siempre está en la capital”, sostiene el especialista.
Nancy Mejía, del Área de Seguridad Ciudadana del IDL, manifiesta: “Hay muchas preguntas por tratarse de un asunto relativamente nuevo. Estos temas tan delicados deberían tomarse en cuenta y ser incorporados en las políticas públicas de este gobierno”.
El conversatorio completo en el siguiente link: