Indulto a Fujimori: Corte Interamericana no tiene fecha exacta para revisar sentencia del Tribunal Constitucional

Indulto a Fujimori: Corte Interamericana no tiene fecha exacta para revisar sentencia del Tribunal Constitucional

Noticia publicada en Wayka.pe el 23/03/22

Desde Puno, comunidades campesinas se levantan en huelga tras el reciente fallo del Tribunal Constitucional que desconoce su derecho a la consulta previa en el marco de concesiones mineras sobre sus territorios. 

Por Alvaro Meneses

El sur defiende sus derechos. Desde el departamento de Puno, 18 comunidades campesinas del distrito de Juli, en la provincia de Chucuito, se levantan en paro indefinido desde este miércoles 23 de marzo. El detonante de la movilización es un reciente fallo del Tribunal Constitucional que desestimó una acción de amparo que pedía la nulidad de dos concesiones mineras que fueron otorgadas sin cumplir con el proceso de consulta previa con las comunidades colindantes al proyecto.

El pasado 20 de enero, cuatro magistrados del Tribunal Constitucional votaron a favor de declarar infundada una demanda presentada por dirigentes de las comunidades campesinas puneñas de Chila Chambilla y Chila Pucará con el fin de anular las 2 mil hectáreas de concesiones mineras que la compañía Cemento Sur S.A del Grupo Gloria transfirió en 2016 a la empresa Kuskalla Mining Company.

Los magistrados que desestimaron la demanda fueron José Luis Sardón de Taboada, Ernesto Blume Fortini, Manuel Miranda Canales y Augusto Ferrero Costa. En sus argumentos, sostuvieron que la consulta previa no es de rango constitucional, que no es un derecho fundamental y que por ende no puede ser protegido mediante acciones de amparo.

En ese contexto, el sur se levanta. “Nos movilizaremos en la ciudad de Juli, exigiendo al Tribunal Constitucional enmendar la sentencia que niega la consulta previa a los pueblos indígenas como derecho fundamental. Nuestra población rechaza la sentencia del tribunal. Y de no tener respuesta favorable, tomaremos medidas indefinidas”, exclama José Layme Orocollo, presidente de la comunidad campesina de Chila Chambilla.

Anteriormente, a mediados de 2018, el Primer Juzgado de Chucuito Juli declaró improcedente la demanda interpuesta por los dirigentes de las comunidades campesinas, porque “la empresa no había realizado aún acciones de exploración ni explotación, no siendo la entrega de concesiones un hecho que genere daño a las comunidades”. Y en 2019, la Sala Civil de la Corte Superior de Puno ratificó la sentencia.

Para Maritza Quispe Mamani, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), no es la primera vez que el sistema judicial atenta contra los territorios y los derechos de las comunidades campesinas y pueblos indígenas.

“No es la primera vez que las comunidades campesinas de Puno se levantan en protesta en defensa de su territorio. Cabe recordar lo sucedido con el caso ‘Aymarazo’, conflicto social que surgió cuando las comunidades campesinas de Puno se enteraron que el Instituto Geológico Minero Metalúrgico otorgó concesiones mineras en casi el 60% del territorio de la región de Puno, y que la emisión de estas concesiones nunca les fue consultadas ni notificadas”, dice la abogada del IDL.

Por su lado, el pasado 5 de marzo la Defensoría del Pueblo también sumó su cuestionamiento contra el fallo del TC: “La decisión del Tribunal Constitucional constituye un grave retroceso en materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas, es contraria a la Constitución Política, a los tratados internacionales y se aleja injustificadamente de los estándares previamente establecidos a lo largo de su jurisprudencia”.

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