INGEMMET pretende anular sentencia que ordena consulta previa en Atuncolla Puno
Se ha realizado la audiencia por la demanda de amparo que ha presentado el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) contra la sentencia del caso Atuncolla, expedida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, que le ordenó a ese organismo consultar las concesiones mineras que se superponen a la comunidad Atuncolla.
“La Primera Sala Civil de Puno dispuso que el Ministerio de Energía y Minas no puede otorgar ninguna concesión minera, sin que se lleve a cabo un proceso de Consulta Previa a las comunidades campesinas propietarias de los territorios ancestrales sobre las que se superponen estas actividades extractivas, tal como lo establece el convenio 169 de la OIT”, sostiene el abogado del Área de Litigio Constitucional del IDL, Juan Carlos Ruiz.
En 2012, once comunidades campesinas de Puno, con el patrocinio legal de la Oficina de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA) de Puno y del IDL, presentaron una demanda de amparo contra las concesiones mineras superpuestas en sus territorios ancestrales, expedidas por INGEMMET, en el marco del conflicto del “Aymarazo”. El abogado precisa: “Se perdió en primera instancia y se ganó en la segunda, a pesar de que las concesiones mineras habían sido revocadas por falta de pago de sus titulares por falta del pago de derecho de vigencia”.
Ver la sentencia:
https://drive.google.com/…/1bnIq2GsDrwU8h…/view…
INGEMMET argumenta que se violó el derecho a la defensa ya que el Tercer Juzgado Civil de Puno no tomó en cuenta su variación de domicilio procesal ocurrida en 2014.
El Tercer Juzgado ha señalado que la dirección brindada por Ingemmet estaba fuera del radio urbano de la ciudad de Puno y que era imprecisa (no existía).
El abogado del IDL sostiene: “Pedimos que se valore la conductade mala fe procesal del procurador de INGEMMET. Desde el año 2014 hasta la sentencia en el 2017 no se presentó al proceso. No estamos ante un proceso de interés privado, sino de interés público (amparo), porque están afectados derechos fundamentales de la comunidad Atuncolla. Y ahora se pretende modificar una sentencia firme, cosa juzgada desde el año 2017”.