Inicia selección de nueva JNJ en medio de la crisis: Lecciones que dejó el primer proceso de selección de sus miembros

Inicia selección de nueva JNJ en medio de la crisis:  Lecciones que dejó el primer proceso de selección de sus miembros

Justicia Viva – IDL

Actualmente, el Congreso de la República viene impulsando el debate en el Pleno, del dictamen aprobado por la Comisión de Constitución y Reglamento que crea la “Escuela Nacional de la Magistratura”, y que en consecuencia elimina a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), institución que teniendo como antecedente las reformas a la justicia posteriores a la dictadura fujimorista (CERIAJUS), nació de un referéndum y comenzó sus labores en el año 2020. La propuesta, presentada por la exfiscal suprema Echaíz, integrante de Renovación Popular, se da en medio del control disciplinario que la JNJ ejerce, constitucionalmente, sobre la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, lo que es considerado un “golpe congresal”, que viola la autonomía de la JNJ así como el principio de lucha contra la corrupción. Así lo ha señalado la JNJ, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Relatora de Naciones Unidas para la independencia judicial y abogados, el Colegio de Abogados de Lima, entre otros. Esta situación es caracterizada como la violación de la independencia judicial y de las bases democráticas del Estado peruano.

Como se trata de una pretendida modificación constitucional, que ahonda en lo inconstitucional, el Pleno del Congreso tendría que aprobar la eliminación de la JNJ en dos legislaturas consecutivas y con votación calificada. Es el mismo tiempo en que, de acuerdo a la actual Ley Orgánica de la JNJ, debía ya estar por comenzar el proceso de selección de nuevos y nuevas integrantes de la Junta: desde julio 2024, toda vez que la actual composición acaba sus funciones en enero de 2025.

Mientras la Escuela Nacional de la Magistratura es una grave y real amenaza para la JNJ y el sistema de justicia judicial y fiscal, la conformación de la Comisión Especial, dirigida por el Defensor del Pueblo Josué Gutiérrez ha sido aprobada[1] el 6 de junio de 2024 y publicada el El Peruano el 8 de junio, con lo que formalmente se inician las acciones para el inicio del proceso de selección de la JNJ. Además del Defensor del Pueblo, la Comisión Especial está integrada por:

  • Javier Arévalo Vela, Presidente del Poder Judicial, quien según ha trascendido, estaría de acuerdo con la creación de la Escuela Nacional de la Magistratura. Culmina su periodo de funciones en enero del 2025, siendo a en diciembre de 2024 la votación para nueva presidencia del Poder Judicial.
  • Juan Carlos Villena Campana, Fiscal de la Nación en funciones para completar el periodo de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides. El 22 de febrero de 2023[2] envío un mensaje público como fiscal de la Nación interino indicando que no estaba de acuerdo con la propuesta de intervención de la Fiscalía, lo que hacía peligrar las investigaciones de casos de alto perfil público. Estará en el cargo como interno hasta que la Junta Nacional de Justicia cuente con una decisión firme en el caso de la destitución de Benavides (cuando haya resultado del recurso de reconsideración).
  • Francisco Morales Saravia, Presidente del Tribunal Constitucional. Como tal, el Tribunal Constitucional validó la libertad ilegal de Alberto Fujimori, condenado por casos de graves violaciones a los derechos humanos, y violó la decisión del Poder Judicial de otorgar una medida cautelar a favor de Inés Tello y Aldo Vásquez, integrantes de la JNJ. Acaba sus funciones como presidente el 5 de septiembre de 2024.
  • Nelson Eduardo Shack Yalta, Contralor General de la República. Estará en el cargo hasta que el Congreso de la República elija a un nuevo Contralor, estando en el cargo más allá del periodo para el que fue elegido, debido a una reciente norma modificada por el Parlamento (una norma que también rige para el cargo de Defensor del Pueblo).
  • Jerí Gloria Ramón Ruffner de Vega, Rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En su período (enero de 2023) sucedió la detención por parte de la policía de casi 200 personas en el campus universitario, quienes habían sido acogidas en medio de las protestas de los años 2022 y 2023. Muchas de las personas ilegalmente detenidas, en violación de sus derechos fundamentales, eran del sur del país y tenían como lengua materna el quechua o el aymara.
  • Segundo Félix Romero Revilla, Rector de la Universidad Ricardo Palma.

Muchos han de recordar que el primer proceso de selección de miembros de la Junta Nacional de Justicia demoró casi un año. La instalación de aquella Comisión Especial se llevó a cabo el 11 de marzo de 2019, y todo el proceso de selección concluyó con la juramentación de la última integrante, María Zavala Valladares, el 9 de enero de 2020.

Aquel proceso de selección fue histórico: era la primera vez que se elegía a los miembros de una institución que reemplazaba al ex Consejo Nacional de la Magistratura que, en su última gestión (2015-2018), fue uno de los protagonistas del escándalo de corrupción “CNMaudios” o “Cuellos Blancos”. El proceso de selección se llevó a cabo en medio de un contexto político complicado, en medio de investigaciones judiciales y fiscales a actores importantes del sistema de justicia como fiscales supremos, y en medio de la investigación de los audios de la corrupción.

Integrantes de la primera Comisión Especial para la selección de miembros de la Junta Nacional de Justicia.
De izquierda a derecha: Jorge Alva (UNI), Ernesto Blume (TC), José Luis Lecaros (PJ), Walter Gutiérrez (DP), Zoraida Ávalos (MP), Nelson Shack (CGR), y Antonio Abruña (UDEP). Foto: Canal N.

Ese proceso iniciado en el 2019 dejó lecciones que deberían haber quedado bien aprendidas. El contexto en el cual se lleva a cabo este nuevo proceso de selección no es muy diferente a aquel que inició el 2019.

Consideramos que algunas cuestiones deben ser mejoradas, aclaradas, precisadas y/o interpretadas, sea a través de las normas que emita la Comisión Especial, o en el momento de aprobar conforme a ley las bases para el concurso público de méritos para elegir a los miembros de la JNJ, o, incluso, vía reforma de la propia ley orgánica, si es que los tiempos apretados lo permiten.

  1. La importancia de los principios que orientan todos los procedimientos, tanto de la Comisión Especial como de la Junta Nacional de Justicia.

Es importante que la Comisión Especial tome en cuenta desde el inicio que todos y cada uno de sus actos deben estar orientados por los principios contenidos en el artículo III del título preliminar de la ley orgánica de la JNJ: igualdad y no discriminación, legalidad, mérito, imparcialidad, probidad, transparencia, publicidad, participación ciudadana, debido procedimiento, verdad material, eficiencia.

Si bien todos estos principios son importantes, una aplicación correcta del mérito, la transparencia, la participación ciudadana, y la promoción de la garantía de la apariencia de independencia e imparcialidad de quienes finalmente integren a la JNJ, marcarían una diferencia fundamental con la manera en que se llevó el proceso de selección del 2019, cuando por ejemplo, diversos postulantes tuvieron cuestionamientos relacionados a sus supuestos méritos, hubo presuntos conflictos de intereses o el ocultamiento de información importante al momento de postular.

  1. La obligatoriedad del voto público y motivado de los miembros de la Comisión Especial como de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

El voto público y motivado tanto de la Comisión Especial como de los miembros de la JNJ está expresamente previsto en los artículos 8, 79.3 y 93 de la ley orgánica de la JNJ.

La publicidad y motivación del voto deben regir para todo procedimiento de la elección de miembros de la Comisión Especial, y la selección, nombramiento, ratificación, procedimiento disciplinario, tachas, inhibición y cualquier otro acto de decisión de los miembros de la Comisión Especial. Esta precisión detallada debe estar contenida explícitamente en el Reglamento para evitar interpretaciones como la llevada a cabo en la primera elección de los dos rectores en el 2019, en donde la interpretación que asumió la ONPE (que gestionó el proceso de elección de ambos rectores) dejó de lado la obligatoriedad del voto público.

  1. La convocatoria de los miembros suplentes en reemplazo de los titulares

Los artículos 13 y 19 de la ley orgánica de la JNJ establecen que es la Junta Nacional de Justicia la encargada de separar, por caso de vacancia, a alguno de los miembros de la propia Junta, así como de oficiar al suplente en estricto orden de mérito que ocupará el cargo del vacado. Estas disposiciones se contradicen con lo establecido en el literal f. del artículo 72 de la propia ley orgánica, que indica que es una competencia de la Comisión Especial el “convocar por estricto orden de mérito a los miembros suplentes de la JNJ, luego de haber verificado que no se encuentran incursos en los impedimentos previstos en la presente ley”.

Es imposible que la Comisión Especial, por medio de una mala técnica legislativa, tenga esta competencia, debido a que anteriormente la propia ley indica que esa es una atribución de los miembros de la JNJ. Otra razón que haría imposible que la Comisión Especial tenga la competencia que señala el artículo 72, es que ésta estaría desactivada, ya que solamente su secretaría técnica especializada tendría carácter permanente (art. 77 de la ley orgánica). Además, al ser la JNJ un órgano constitucional autónomo, una vez que es elegida, debe evitarse cualquier tipo de injerencia y/o disposición que afecte su autonomía, lo que ocurriría si un ente externo mantiene la atribución de evaluar los casos de vacancia y llamar a los miembros suplentes.

  1. La votación de la Comisión Especial para elegir a los miembros de la JNJ

El último párrafo del artículo 93 de la ley orgánica establece que es necesario el voto conforme de los dos tercios del número legal de los miembros de la Comisión Especial para declarar apto a un postulante para integrar la JNJ. Si revisamos los artículos 90, 91, 92 y el mismo 93, nos damos cuenta que en todos hay una calificación ya establecida (se tienen que establecer criterios y puntajes mínimos y máximos en el caso de la prueba de conocimientos y la prueba curricular). En el caso de las pruebas de confianza se indica que éstas “no determinan la asignación de puntaje”, por lo tanto, no se entiende qué y cómo se calificaría esa etapa. Aparentemente, la única etapa en la que tendrían que votar los miembros de la Comisión Especial sería en la entrevista personal, pero incluso en aquella, el artículo 93 señala que “las bases del concurso determinan los aspectos específicos a evaluar, los criterios de evaluación, así como los puntajes mínimos y máximos respectivos”.

Por lo tanto, los miembros de la Comisión Especial aparentemente velarían para que estos criterios se respeten, asignando los puntajes ya establecidos en función a los criterios ya existentes en las bases. Nos preguntamos entonces: ¿Qué es lo que vota esta Comisión?, ¿Qué tipo de decisión toma y respecto a qué aspecto de todo el proceso de evaluación?

  1. Las pruebas de confianza

El artículo 92 de la ley orgánica indica “Las pruebas de confianza se realizan a todos los postulantes que hayan superado la entrevista personal”. Creemos que éste es también un error de redacción que tiene que ser subsanado, ya que las pruebas de confianza se dan antes de la entrevista personal (art. 86, literal a).

Asimismo, cuando se indica que las pruebas de confianza no determinan la asignación de puntaje, que se indique entonces, cuál es la naturaleza de estas pruebas, debiéndose precisar también su naturaleza y objetivos: ¿sirven solo como un insumo a tener en cuenta al momento de pasar a la etapa de la entrevista personal?

  1. La evaluación de conocimientos

Así como se conocerá de manera detallada la evaluación de los currículos de los postulantes, pudiendo ser esta etapa objeto de reconsideración, en el caso de la prueba de conocimientos las preguntas y respuestas deben de hacerse públicas prontamente con posterioridad a esta evaluación, pudiendo así también ser objeto de reconsideración por parte del postulante que lo crea conveniente.

  1. La responsabilidad de los miembros de la Comisión Especial

El artículo 74.2 de la ley orgánica establece que “En ningún caso, los integrantes de la Comisión Especial pueden realizar o propiciar reuniones, de manera directa o indirecta con los postulantes a la Junta Nacional de Justicia, con la finalidad de obtener algún tipo de beneficio para sí o para terceros”.

No existe ninguna razón por la que miembros de la Comisión Especial deban reunirse con postulantes a la JNJ. Demostrar la motivación de la reunión llevaría a discusiones interminables en donde no podría demostrarse realmente la motivación de la reunión.

  1. La Secretaría Técnica Especializada (STE) y sus requisitos

Para el primer concurso de selección de la JNJ, el literal h. del artículo 77 de la ley orgánica de la JNJ señalaba por ejemplo que podía ser secretario técnico aquel que pertenezca a una organización política pero que haya obtenido licencia al momento de postular. Dada la importancia de la función del secretario, ese requisito era insuficiente. No necesariamente se evitan así las redes de interés ni mucho menos se garantiza la independencia.

La décimo primera disposición complementaria transitoria indicaba que por única vez, ésta será mediante acuerdo adoptado por unanimidad por los miembros de la Comisión Especial. Este detalle no debe de eximir de los requerimientos que se exigen para el cargo y que están contenidos en el artículo 77 de la ley orgánica. La transparencia, suficiencia y selección de los mejores méritos entre quienes postulen a este cargo es esencial, por ello mismo se planteó la excepcionalidad de, por única vez, la elección por consenso de la Comisión Especial.

  1. No existe algún tipo de impugnación de los miembros de la Comisión Especial

Hay un vacío en la ley orgánica de la JNJ sobre la posibilidad de reemplazar al representante del Poder Judicial y del Ministerio Público como miembros de la Comisión Especial, en el caso hipotético de verse vinculados a faltas muy graves o delitos. Esto toma mayor importancia ya que en el proceso de selección del 2019, la amenaza de que Pedro Chávarry formase parte de la Comisión Especial al ser fiscal de la Nación, se repetía cuando Patricia Benavides aún desempeñaba dicho cargo.

Es importante incorporar una fórmula que permita la impugnación de los integrantes de la Comisión Especial en casos claros y extremos, como la existencia de graves acusaciones de inconductas funcionales y/o actos ilícitos contra uno de sus miembros.

  1. Acerca de los requisitos para ser miembro de la JNJ

El art. 10.2 de la ley orgánica de la JNJ indica que las personas elegidas para el cargo de miembro de la JNJ autorizan por escrito el levantamiento de su secreto bancario, pero precisando que dicha información solo podrá ser usada por la Comisión Especial. Si los miembros de la JNJ ya fueron elegidos, ¿no se entiende que la Comisión Especial ya estaría desactivada? Es necesario precisar en las bases del concurso público, el momento en que se llevará a cabo esta autorización para el levantamiento del secreto bancario.

El art. 10.4 de la ley orgánica de la JNJ hace mención a evaluar la solvencia e idoneidad moral en base al comportamiento laboral y familiar. Con el fin de evitar juicios de valor subjetivos, toda evaluación de ese tipo se debe llevar a cabo con criterios establecidos previamente en las bases del concurso.

El 21 de marzo de 2024 se eligió a los rectores de universidades públicas y privadas que serán parte de la Comisión Especial. Los dos miembros titulares son Jerí Ramón (UNMSM) y Segundo Romero (URP). Los dos suplentes son José Antonio Chang (USMP) y Javier Lozano Barreros (UJBG). Foto: Infobae.

 

  1. Los impedimentos para ser elegido miembro de la JNJ

El literal b del art. 11 de la ley orgánica de la JNJ indica que están impedidos de ser miembros aquellos que pertenezcan a una organización política y no hayan obtenido licencia de la organización a la que pertenecen, al momento de postular al cargo de miembro de la JNJ.

¿Eso significa que, si logran obtener licencia, por ejemplo, una semana antes de postular, sí podrían ser elegidos? ¿Dónde queda la prevención de las posibles redes de interés en la JNJ?, ¿el solo pedir licencia garantiza que las redes partidarias ya no existan? Creemos que no se debe pedir licencia sino, exigir estar desafiliado de la organización política como mínimo dos años.

En el caso de los funcionarios que ejercen autoridad política, el plazo de renuncia de 6 meses antes de postular es muy corto para evitar posibles redes de interés y posibles beneficios en procesos en los cuales puedan verse involucrados. Esto es importante en el caso de jueces y fiscales que renuncien a sus cargos para postular a ser miembros de la JNJ, ya que se podrían generar claros conflictos de interés.

Asimismo, debe excluirse de la posibilidad de postular a la JNJ no solo a los condenados mediante sentencia firme por determinado tipo de delitos (dolosos, violencia contra la mujer, etc.), como indica el literal d. del art 11 de la ley orgánica de la JNJ, sino también a los procesados, por lo menos a aquellos que tengan acusación fiscal.

Finalmente, compartimos diez puntos que creemos deben tener presente la Comisión Especial al momento de llevar a cabo el proceso de selección de nuevos miembros de la JNJ a la luz de lo ocurrido en el primero proceso de selección del 2019:

  1. Difusión, en tiempo razonable, de las plataformas virtuales de información y canales de consulta de las actividades de la CE y de las etapas del proceso de selección.
  2. Establecer cuál es el perfil del miembro de la JNJ que está buscando. Se debería enfatizar en: solvencia e idoneidad moral, una trayectoria laboral y/o académica intachable, y una apariencia de independencia y autonomía a lo largo de todo su desempeño profesional, teniendo en cuenta presuntos conflictos de interés para dejar de lado alguna candidatura. Además, es importante que la CE identifique los criterios para definir cada uno de los aspectos de este perfil.
  3. Es necesario que los miembros de la JNJ cuenten con una trayectoria democrática, intachable y honorable, libre de supuestos que pongan en duda su independencia e imparcialidad (y la apariencia del mismo) para desempeñar el cargo. Los mismos requisitos se exigen de los y las integrantes de la CE, por lo que es importante prever o en todo caso formular salidas legales para el reemplazo de la CE que no puedan continuar.
  4. Las hojas de vida de los postulantes deben ser públicas, así como los antecedentes judiciales y policiales. Que sea deber de los postulantes dar a conocer el íntegro de los procesos judiciales o administrativos en los que estuviesen inmersos, bajo responsabilidad y sanción de quedar descalificados del concurso.
  5. Los plazos para la presentación de tachas y denuncias podrían ampliarse y durar lo que dure el proceso de selección, ante la posible aparición de una causal que inhabilite al postulante. Incluso, la juramentación del cargo, ante un cuestionamiento no conocido y que hubiera motivado la no selección, debiera ser reevaluada.
  6. Es importante que los méritos presentados en las postulaciones a la JNJ sean constatados y verificados por el CE, a fin de corroborar la existencia de los mismos (postgrados, tesis, libros publicados, resoluciones, récord disciplinarios, etc.). Las declaraciones juradas a la luz de lo que se ha conocido, no son suficientes por lo que es importante que la CE haga el cotejo de los méritos presentados.
  7. Los miembros de la Comisión Especial deben cumplir con las disposiciones que establecen que, cada vez que emitan su voto, éste debe de ser público y motivado, conforme a los principios de transparencia y publicidad de la ley orgánica de la JNJ.
  8. La etapa de la entrevista personal no puede ser ajena a los principios de transparencia y publicidad. Cada miembro de la Comisión Especial debe emitir su voto público y motivarlo. El mecanismo de formulación de preguntas a los postulantes debe uniformizarse, a fin de evitar un trato desigual entre postulantes.
  9. La entrevista personal debe servir para aclarar aspectos de la trayectoria personal, laboral o académica del postulante, saber su conocimiento de la problemática del sistema de justicia, conocer aspectos que destaquen en su trayectoria, lo que ha escrito, publicado o sus aportes.
  10. La publicidad de los debidos criterios meritocráticos de selección, incluso para el cargo en la Secretaría Técnica de la Comisión Especial, son esenciales.

Lea en versión pdf aquí

[1] El Peruano, Resolución de la Presidencia de la Comisión Especial a cargo del concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, N° 001-2024-C-PJ.

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