Inician batalla legal contra proyecto que amenaza a capital de Perú (Prensa Latina)

Noticia publicada en Prensa Latina el 15/05/19

Dos legisladoras y un exviceministro iniciaron una batalla legal contra un proyecto minero que, según afirman, amenaza a la mayor fuente de agua potable de la capital peruana y, por tanto, a más de 10 millones de habitantes.

Las parlamentarias Marisa Glave y Katia Gilvonio y el exviceministro de gestión ambiental José de Echave presentaron una medida cautelar para detener el proyecto Ariana, cuyas operaciones subterráneas y sobre todo el depósito de desechos mineros, altamente tóxicos, plantean el riesgo de una gran catástrofe.

Según los denunciantes, que antes presentaron una acción judicial de amparo contra Ariana, el proyecto plantea un gran peligro, al estar ubicado en la región centroandina de Junín y en el curso de un túnel de trasvase de aguas del río Mantaro hacia el oeste, para abastecer de agua potable a la capital.

Un accidente o un sismo, podría causar, afirman, la contaminación de las aguas, que llegarían envenenadas a la ciudad, cuyos habitantes quedarían privados de un elemento vital para su supervivencia.

Las acciones judiciales están dirigidas contra del Ministerio de Energía y Minas y la empresa minera Ariana, el primero porque aprobó el estudio de impacto ambiental (EIA) del proyecto, ‘sin contemplar las preocupaciones razonables’ de las empresas que abastecen de agua potable y electricidad a Lima, dijo Glave.

‘La zona es altamente sísmica, puede haber filtración de aguas ácidas a un túnel transandino que trasvasa el agua de la cuenca del Mantaro a la cuenca de los ríos Rímac y Santa Eulalia, que dan agua a diez millones de peruanos’, apuntó la congresista Gilvonio.

La ausencia de un un estudio hidrogeológico y de un adecuado EIA, sobre la relación entre el agua subterránea y el agua superficial, fue señalada por la jurista Ana Leyva, directora del organismo no gubernamental CooperAcción, y añadió esa situación ‘pone en riesgo la disponibilidad el agua para Lima y Callao’.

Señaló que el proyecto Ariana evidencia la ausencia de políticas de ordenamiento territorial y la debilidad del sistema de evaluación ambiental. ‘Hay zonas de que no deben tener minería, este es uno de los ecosistemas que son proveedores de agua, como una cabecera de cuenca’, explicó.

El abogado Juan Carlos Ruiz, por su parte, destacó que ‘la demanda de amparo presentada prueba que hay afectación de derechos de rango constitucional, como el derecho fundamental al agua potable, en tres niveles: el derecho al acceso, a la suficiencia y la calidad del agua’.

Los cuestionamientos señalan, además, que es alta la probabilidad de contaminación del túnel trasandino que aporta 80 por ciento del agua que abastece a Lima, por la filtración de los relaves mineros hacia las lagunas que traen el agua a Lima.

El proyecto tiene como accionista principal a la transnacional Southern Peaks, que años atrás, al explotar la mina Quiruvilca, en la norteña región de La Libertad, dejó altos niveles de contaminación en las aguas, según los denunciantes.

Ariana procesará hasta tres mil toneladas de mineral diarias y producirá anualmente 70 mil toneladas de cobre, 300 mil onzas de plata y diez mil toneladas de zinc.