INPE ha ejecutado solo el 10.8% del presupuesto para prevenir el COVID-19 en los penales, según Contraloría

Por Miguel Loayza

El 20 de marzo, a través del decreto de urgencia 029-2020, el Gobierno Central transfirió S/. 10 millones al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para implementar medidas que ayuden a prevenir y contener el brote del COVID-19 en las cárceles. Por aquellos días, el progresivo avance de la pandemia en el país alertaba de un posible desborde sanitario en los centros penitenciarios, situación que se ha hecho evidente en los últimos días.

Más de un mes después de haber recibido los recursos, la ejecución del monto asignado al INPE para mejorar las condiciones de salubridad en los penales ha estado lejos de ser eficiente, de acuerdo a un informe de la Contraloría entregado esta semana al presidente de la institución, Gerson Villar Sany.

La Contraloría revisó los reportes de ejecución presupuestal del INPE del 13, 22 y 26 de abril. Para considerar el porcentaje ejecutado, se comparó el presupuesto transferido con el monto cancelado por bienes y servicios ya recibidos (monto devengado). De acuerdo a ello, en cada una de las fechas señaladas el INPE había ejecutado de manera efectiva apenas el 2.95%, 7.63% y 10.81%.

Al 26 de abril, 37 días después de haber recibido la partida anunciada por el Gobierno para combatir la pandemia en los penales, el INPE solo disponía de un total de S/. 1 080 915 en bienes y servicios ya entregados por los proveedores, de acuerdo al informe. Quedaba entonces por devengar un monto aproximado de S/. 8 919 085. 

Según la Contraloría, “la situación expuesta puede afectar el oportuno reforzamiento del sistema de prevención y contención frente al COVID-19”.

Entre las unidades del INPE con menor ejecución presupuestal figuran la Sede de Administración Lima (0.34%), la Oficina Regional Centro Huancayo (4.69%) y la Oficina Regional Lima (16.09%). La Oficina Regional Sur Arequipa, que administra penales como Pucchún y Socabaya -cada uno con una sobrepoblación del 447% y 240%, de acuerdo a informes de la institución-, alcanzaba una ejecución del 43.37%. La Oficina Regional Altiplano Puno, a cargo del penal de máxima seguridad Challapalca, había devengado un monto equivalente al 20.66%.

El 12 de abril, en reunión con representantes de los sindicatos de trabajadores del INPE, el ministro de Justicia, Fernando Castañeda, explicó las medidas que se venían tomando para proteger la salud de los trabajadores e internos de las cárceles. Indicó que, del presupuesto recibido, 3.7 millones habían sido destinados a adquirir equipos de protección para los trabajadores. La diferencia, señaló, se invertía en la mejora de la infraestructura sanitaria y de los servicios básicos de los penales.

De acuerdo al informe revisado, la Oficina de Infraestructura Penitenciaria alcanzaba hasta hace cuatro días una ejecución del 0.00%. 

Como se recuerda, en los últimos días la crisis sanitaria se ha agudizado en diversas cárceles del país, lo que ha derivado en motines y protestas que se replican en varias regiones. El lunes 27, un motín en el penal Castro Castro dejó un saldo de 9 internos muertos y más de 60 agentes del INPE heridos. El miércoles, otro motín en el penal de Chiclayo provocó la muerte de dos internos. Aquel mismo día se desató una protesta en el pabellón 3 del penal Ancón II. 

Entre las principales demandas, tanto internos como trabajadores exigen a las autoridades mayores medidas de protección, así como asistencia médica. La cifra de internos y trabajadores infectados continúa aumentando con el transcurso de los días.

El 6 de abril, la Defensoría del Pueblo solicitó al INPE información sobre cómo se venía ejecutando los 10 millones de soles asignados para contener la expansión del COVID-19 en los penales. Esta semana, la Defensoría remarcó la necesidad de aumentar esfuerzos para proteger los derechos de los más de 97 mil internos a nivel nacional, y señaló que las medidas tomadas por el Ministerio de Justicia y el INPE han sido tardías e insuficientes.

De acuerdo a La República, hasta el 27 de abril, 27 internos y cinco trabajadores del INPE habían fallecido por COVID-19.

Justicia Viva buscó conversar con algún representante del INPE sobre las medidas tomadas en los centros penitenciarios. La respuesta continuaba pendiente al cierre de esta nota.

*Foto de portada: Andina.