Instituciones de la sociedad civil presentan medida cautelar ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos por el abuso policial y militar en el contexto de las protestas
El 5 de enero del presente año, el Instituto de Defensa Legal, Derechos Humanos Sin Fronteras y la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Enseñanza en Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa presentaron, ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, una solicitud de medidas cautelares de protección, debido a los constantes abusos, arbitrariedades y desproporción de la actuación de la fuerza policial y de las fuerzas armadas, las cuales afectan el ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica en el Perú. .
La solicitud de medidas cautelares se realiza a partir de las protestas sociales que iniciaron en el mes de diciembre, ocasionado por el golpe de Estado de Pedro Castillo, seguido por su destitución por parte del Congreso. Esta crisis política originó una serie de protestas en todo el país, las cuales siguen hasta hoy.
Esta situación de crisis, junto con la respuesta de la fuerza pública, repercute en la vida de las personas que salen a protestar en las diferentes regiones como Apurímac, Cusco, La Libertad, Junín, Ica, Ayacucho, Lima, Puno entre otras. La violencia y el abuso en el uso de la fuerza ha sido documentada por diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, llevando a que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya realizado una visita técnica de trabajo en el mes de diciembre y que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos haya anunciado una visita similar para enero de este año. De acuerdo con informes de la Defensoría del Pueblo y organismos de la sociedad civil, la violencia en las protestas ha dejado al menos 28 fallecidos y más de 650 heridos de población civil a nivel nacional, así como varias detenciones al margen de la ley.
Es en ese contexto, es necesario que las instituciones del Estado como es el Congreso de la República y al Gobierno peruano adopten las siguientes medidas:
a) Cese de la represión policial y militar, y se proteja el derecho a la vida e integridad personal de quienes manifiestan su disconformidad con el actuar de las Autoridades.
b) Se implemente acciones de investigación de los hechos vinculados a la presente solicitud de medida cautelar y evitar así su repetición.