Iquitos: vecinos de Punchana esperan desde hace un año cumplimiento de sentencia del TC, rodeados de basura y desagües abiertos

A los vecinos de dos asentamientos humanos del distrito de Punchana, en Iquitos, se les acaba la paciencia. Hace más de un año, el Tribunal Constitucional (TC) ordenó que se cierre un desagüe a cielo abierto que desemboca a pocos metros de sus viviendas, y que se les brinde acceso a agua potable, entre otras medidas. Hasta ahora, sin embargo, poco o nada se ha cumplido.

“Desde que salió la sentencia del TC, hemos visto un sistema de agua que no es suficiente, el recojo de basura no es permanente. La Municipalidad de Punchana nos está dando agua mediante una cisterna. El Municipio de Maynas no ha hecho nada por cumplir con la sentencia. De parte del Gobierno Regional (de Loreto), tampoco tenemos otras cosas”, relata Eneida López, vecina y delegada del asentamiento humano 21 de Setiembre.

“Es una pena que, hasta ahora, todo está en papeles. Este pueblo siente que se están burlando de la sentencia, y al burlarse de la sentencia se están burlando del pueblo. Estamos llegando a un límite”, lamenta.

Más de 1800 familias sufren la contaminación

Los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21 de Setiembre están atravesados por un desagüe. Allí son vertidos residuos orgánicos que desembocan en un canal de agua estancada, que recorre distintas zonas y divide los bloques de casas en pasajes. Del canal, en que se acumulan desechos de un puesto de EsSalud y del camal municipal, emana un hedor intenso, y en el agua se puede notar restos de excretas y otros elementos sumamente peligrosos para la salud. Todo ello no impide que niños jueguen allí, quizá sin tomar consciencia del riesgo que corren.

En época de lluvias, el nivel del agua sube y, frente a la inoperancia de las autoridades, los vecinos han construido pequeños muros con costales de tierra para que sus casas no se inunden. Pero las laderas del canal están repletas de basura. Residuos sólidos se acumulan o navegan en el agua. Y ninguna entidad se hace cargo.

Caño abierto llena de residuos tóxicos las calles en estas zonas.

“El desagüe viene del seguro social. Supuestamente, ya no botan las jeringas, pero botan las aguas residuales. El líquido lo sueltan por ahí. Nosotros ya tenemos ocho años en este plan. Y de las instituciones demandadas, hasta la fecha, no tenemos nada”, declara William Navarro, del asentamiento humano Iván Vásquez.

“Cualquier morador de la zona puede decir que no se está haciendo nada por cumplir con la sentencia. Las pocas mejorías han sido por gestión de los dirigentes, entre los vecinos se colabora. Se hacen parrilladas para recolectar dinero y hacer compras de costales, de tierra. También, ahora que es época de elecciones, los candidatos vienen y nos ayudan. Pero del Gobierno Regional y del Seguro Social no se sabe nada”, remarca el dirigente.

A pocos metros de allí, funciona un establecimiento de EsSalud que atiende a cientos de personas cada día. Parte de los residuos tóxicos que desecha el hospital va hacia un caño abierto, un desagüe que contamina las calles y el aire que respiran las 803 familias que habitan en el asentamiento Iván Vásquez y las otras 1000, aproximadamente, de 21 de Setiembre.

Estado de cosas inconstitucional

En agosto de 2023, es decir, hace más de 12 meses, el TC declaró un estado de cosas inconstitucional en la región de Loreto, a raíz de la demanda presentada por los asentamientos humanos Iván Vásquez y 21 de Setiembre por la contaminación en sus zonas.

Entre las principales medidas que dictó en su sentencia, el TC dispuso detener el vertimiento de desechos orgánicos al sistema de alcantarillado municipal que desemboca en el desagüe a cielo abierto ubicado en dichos asentamientos.

Además, ordenó el recojo de residuos sólidos mediante un sistema que evite la acumulación de residuos en las calles, el cubrimiento del alcantarillado, el cierre del caño que viene de EsSalud, la construcción de rasantes que eviten el rebalse de las aguas residuales hacia las casas y un sistema de agua potable.

La situación actual en ambos asentamientos humanos es muy distante a todo ello. Los vecinos no dan su pie a torcer en una batalla legal que inició en 2016, con una demanda de amparo que presentaron las juntas vecinales de los asentamientos y contó con el patrocinio del Instituto de Defensa Legal (IDL) y del Vicariato de Iquitos. Ocho años después, la indignación y la desesperación aumentan.

Agua estancada en medio de pasajes que dividen las casas en los AA. HH.

“Personas mayores y niños están expuestos a todo tipo de enfermedad por la contaminación que viene del caño (desagüe). Lo que queremos es que cierren este caño a como dé lugar, como dice en la sentencia. Eso es lo que pedimos nosotros. Eso ya está ganado, lo que queremos es que cumplan las autoridades”, dice otro vecino, quien es presidente de junta del asentamiento humano Iván Vásquez.

Pese a todo, la mayoría de entidades demandadas solo ha avanzado en el papel sus planes para cumplir la sentencia. En los hechos, la situación para las familias de Punchana sigue siendo insufrible. A la contaminación se suma un profundo problema de acceso a agua potable.

“Las autoridades dicen que están haciendo mucho, pero la verdad es que no es así. Los avances de nuestro asentamiento humano son gracias a la voluntad y el esfuerzo de nuestros vecinos. Aún estamos padeciendo la carencia del agua potable”, narra Eneida.

En 21 de Setiembre, los vecinos solo obtienen agua mediante la visita de cisternas que se acercan a sus viviendas. El problema es que el agua no alcanza. Algunos llenan baldes, pero muchos otros no llegan a hacerlo y quedan desprovistos de agua potable.

Con una larga fila de baldes, vecinos esperan la llegada de cisterna para recolectar agua. Foto: cortesía.

Vecinos alzarán su voz en nueva audiencia

Frente a todo ello, la lucha de estos vecinos sigue en pie. Este miércoles, 25 de setiembre, participarán en una audiencia judicial en la Corte Superior de Justicia de Loreto, para hacer oír su voz ante el juzgado. El objetivo es evaluar cómo se ha cumplido, hasta ahora, la sentencia del TC. Un proceso que, a la luz de los hechos, todavía será largo.

“En estos casos, estamos hablando de obligaciones donde hay que disponer de presupuesto. Y eso no es tan sencillo porque hay un principio de legalidad presupuestal. Corresponde ordenar al ente demandado, al que ha perdido, que en la partida presupuestal del próximo año considere solventar la ejecución de la sentencia. Eso ocurre en este caso. Es una sentencia compleja, que implica varios mandatos”, explica Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del IDL.

En ambos AA. HH. habitan más de 1800 familias, aproximadamente.

Sin embargo, el caso Punchana se agrava por la falta de voluntad política. Como bien relatan los vecinos, hay mucho que las autoridades no parecen querer hacer hasta ahora. Y su defensa legal ya prepara medidas contra eso.

“Muchas veces te encuentras con gobiernos regionales, con municipios que no tienen voluntad política ni de colaboración, y ahí se complejiza todo. ¿Qué se puede hacer contra un funcionario que se resiste a cumplir con una sentencia? Hay varias medidas. En el marco de la justicia constitucional, los jueces tienen la posibilidad de poner multas acumulativas. Un juez sí puede destituir a un funcionario que no cumple una sentencia. Se llaman medidas coercitivas”, detalla Ruiz Molleda.

Con todo, en las próximas semanas y después de la audiencia del miércoles, el Primer Juzgado Civil de la Corte de Loreto deberá decidir qué medidas tomar para que se cumpla la sentencia del TC. Y mientras tanto, hasta que su energía no se agote, los vecinos de estas zonas de Punchana seguirán alzando la voz. Ya es hora de que obtengan justicia.