Juez penal de Cusco absuelve a ronderos de comunidad campesina criminalizados por ejercer la justicia comunal

Juez penal de Cusco absuelve a ronderos de comunidad campesina criminalizados por ejercer la justicia comunal

Antonio Eliseo Huañahui Sillocca, abogado de Chumbivilcas

Juan Carlos Ruiz Molleda, IDL

Una importante sentencia fue expedida por el Juez Penal Unipersonal de San Tomás, en el distrito de Santo Tomás, en la provincia de Chumbivilcas, en la región de Cusco, en el marco de un proceso penal que tenía por objetivo criminalizar el ejercicio de la justicia comunal, competencia reconocida en el artículo 149 de la Constitución. Este caso ha sido litigado por el destacado abogado cusqueño Antonio Eliseo Huañahui Sillocca, coautor de este artículo.

Link a la sentencia

1. ¿Cuáles son los hechos?

Se trata de un proceso penal contra 13 campesinos de una comunidad campesina de Chumbivilcas, por incautar ganado vacuno y auquénido, acusados del delito de abigeato, el subtipo de robo de ganado. La fiscalía solicita se le imponga además la pena de 5 años de pena privativa de la libertad efectiva y paguen además 30,000 soles de reparación civil.

En efecto, los propietarios de la Familia Ninaquispe venían dañando los cultivos de papa en el Layme denominado “Sachasanta – Pachapaqui”y de propiedad comunal de los comuneros de la Comunidad Campesina de Allhuacchuyo, haciendo caso omiso a las notificaciones, por lo que en fecha 6 de abril de 2011 se desarrolla la asamblea comunal con la finalidad de tratar sobre los daños, llegando al acuerdo de hacer batida a los semovientes dañinos.

Así, con fecha 13 de abril de 2011 a las 11.00 de la mañana, los ronderos de la Comunidad Campesina de Allhuacchuyo, cumpliendo el acuerdo de asamblea comunal, procedieron con incautar y trasladar los ganados vacunos del propietario no comunero Benigo Ninaquispe Huamani, en circunstancias que dichos semovientes venían causando daños en los cultivos de papa de los comuneros en el Layme del sector denominado “Sachasanta – Pachapaqui”, depositando en la Plaza de Toros de la Comunidad, dando cuenta en forma inmediata a la autoridad policial del distrito y notificando a los dueños de los ganados para que recojan previo pago de los daños ocasionados.

Posteriormente, el 19 de abril de 2011, devuelven a su propietario los animales, mientras que dos de los animales han muerto. El propietario de los ganados formula denuncia penal contra 15 dirigentes comunales y de rondas campesinas, por el delito de Abigeato (Robo de ganado agravado). El Ministerio Público de la Provincia de Chumbivilcas formaliza la investigación preparatoria contra los 15 dirigentes comunales y de rondas campesinas por el delito de Abigeato (Robo de ganado agravado) y luego formula acusación penal. Posteriormente, el Juzgado de Investigación Preparatoria emitió auto de enjuiciamiento contra los 15 dirigentes comunales y de rondas campesinas por el delito de Abigeato (Robo de ganado agravado) con Pena Privativa de Libertad Efectiva de 5 años y al pago de reparación Civil en forma solidaria de S/. 30,000.00.

Esta es la imputación fiscal según la sentencia:

“Se les imputa que en fecha 13 de abril de 2011, pasados las 11:00 de la mañana cuando Marcelina Huamani Almirón se encontraba pastando animales vacunos y auquénidos ( ovinos y llamas), de propiedad de su hijo Guillermo Ninaquispe en el fundo Asanta y Chaccopucro, se hicieron presentes los acusados Vicente Chahuayo Ninaquispe, Valentín Choqque Apfata, Sixto Challa Choqque, Anselmo Choque Salhua, Hilario Vargas Ccahuana, Nicanor Challa Vera, Bonifacio Huamani ^Montañez, Benito Challa Choqque, Abelino Vargas Gutiérrez, Roberto Huamani Huamani, Marcos Apfata Chaco, Mariano Visitación Apfata Anccasi, Adrián Apfata Cjuro, Eulogio Apfata Chaco, Jacinto Janampa Vargas, acompañados de un aproximado de 120 comuneros, quienes previo acuerdo que tuvieron en la comunidad, procedieron con trasladar animales de propiedad de Benigno Ninaquispe Huamani consistentes en doce ganados vacunos: un (01) toro azulejo de seis años, un(01) toro castaño moro de cuatro años, un(01) toro ahumado de cuatro años, un(01) toro negro con corbata de tres años, un(01) de color helado con corbata de tres años, un(01) cruzado brownn de cuatro años, un(01) toro ahumado pintada de tres años, un(01) toro jabonero de cuatro años, tres(03) vaquillanos de color negro con manchas en las espaldas y uno color entero negro, un(01) toro color helado de dos años, una(OI) vaca de color blanca con manchas azulejas de cuatro años que estaba fracturada su mano derecha con cría de color blanco con manchas azulejos: veinticuatro (24) llamas y un toro semental de color azulejo de propiedad de Guillermo Ninaquispe Huamani, todos los animales fueron conducidos a la comunidad de Allhuacchullo, Marcelina Huamani los seguía pero era amenazada por los acusados con un peligro para su vida, siendo que los acusados se hallaban provistos de palos, piedras y ondas”. 

2. ¿Qué dijo la sentencia?

El juzgado absuelve a todos los acusados

“FALLA:

1.- ABSOLVIENDO DE PENA, CULPA Y RESPONSABILIDAD CIVIL A LOS ACUSADOS: Vicente Chahuayo Ninaquispe, Abelino Vargas Gutierrez y Bonifacio Huamani Montañez, acusados como coautores de la comisión del delito contra el Patrimonio en su modalidad de Abigeato, sub tipo Robo de Ganado, Agravado, tipo específico  El que se apodera ilegítimamente  de Ganado vacuno, auquénido, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra amenazando con un peligro inminente para su vida y con el concurso de dos o más personas, figura prevista y sancionada por el segundo párrafo del artículo 189-C del Código Penal, en agravio de Benigno Ninaquispe Huamani, Guillermo Ninaquispe Huamani y Antonio Ninaquispe Huayhua.  MANDO que consentida o ejecutoriada  sea la presente sentencia, se proceda al ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO del proceso, previa anulación de los antecedentes policiales y judiciales de los procesados aludidos, generados a raíz de la presente causa con respecto al  delito imputado.(por considerar acreditado que no estuvieron en el lugar de los hechos los acusados)

2.- SE ABSUELVE DE PENA, CULPA A LOS ACUSADOS: Valentin Choque Apfata, Sixto Challa Choqque, Anselmo Choque Salhua, Hilario Vargas Cahuana, Nicanor Challa Vera, Roberto Huamani Huamani, Marcos Apfata Chaco, Mariano Visitación  Apafata Anccasi, Eulogio Apfata Chaco, y Jacinto Janampa Vargas acusados como coautores de la comisión del delito contra el Patrimonio en su modalidad de Abigeato, sub tipo Robo de Ganado, Agravado, tipo específico  El que se apodera ilegítimamente  de Ganado vacuno, auquénido, sustrayéndolo del lugar donde se encuentra amenazando con un peligro inminente para su vida y con el concurso de dos omas personas, figura prevista y sancionada por el segundo párrafo del artículo 189-C del Código Penal, en agravio de Benigno Ninaquispe Huamani, Guillermo Ninaquispe Huamani y Antonio Ninaquispe Huayhua.  MANDO que consentida o ejecutoriada  sea la presente sentencia, se proceda al ARCHIVAMIENTO DEFINITIVO del proceso, previa anulación de los antecedentes policiales y judiciales de los procesados aludidos, generados a raíz de la presente causa con respecto al  delito imputado.(Por atipicidad de la conducta  de robo agravado.)”

3. ¿Cuáles son los fundamentos de la sentencia?

El juzgado los absuelve fundamentalmente porque advierte que la intervención y la incautación del ganado fue en el marco y a propósito del ejercicio de la facultad de las comunidades campesinas de administrar justicia en su territorio, facultad reconocida en el artículo 149 de la Constitución.

“En el presente caso de las declaraciones de los acusados sobre lo ocurrido en fecha 13 de abril del 2011 mencionan que fue una actividad comunal realizada por decisión de la Asamblea Comunal de la Comunidad de Alhuacchullo realizada días antes del decomiso de los animales, todos los acusados en forma uniforme y coherente han mencionado que por acuerdo de Asamblea comunal salieron el día de los hechos a decomisar los ganados de la familia Ninaquispe para que paguen los daños ocasionados en sus cultivos del Layme de papa amarga en el predio Sachasanta, por ello la Ronda Campesina y sus integrantes junto a otros comuneros en número de 120 así como los acusados acudieron a dicho lugar para el decomiso de los ganados que fueron trasladados al ruedo de toros del centro poblado de San José de ALhuacchullo, declaración uniforme que han brindado los acusados salvo el caso de Vicente Chahuayo Ninaquispe quien a negado haber estado en el lugar de los hechos sobre dicho acusado ninguno de los coimputados menciono que se haya encontrado presente ni los testigos de cargo han podido sindicar que se hubiera encontrado en el lugar de los hechos, en el caso de Abelino Vargas Gutierrez quien a mencionado que radica en el departamento de Arequipa tampoco se a acreditado su participación en el fecha de ocurridos los hechos, así como Bonifacio Huamani Montañez quien habría desempeñado cargo de regidor quien a corroborado su declaración con la declaración de Jacinto Salhua Challa y la oralización de su credencial de regidor así también con la declaración de Catalino Huayhua Anccasi quienes manifestaron que tuvieron conocimiento que en la fecha de sucedidos los hechos el regidor Bonifacio Huamani Montañez junto a otros regidores fueron a Santo Tomas  a recibir sus credenciales”.

Posteriormente, lo que sostiene el juzgado es que los acusados, no han tenido una conducta ilegitima pues el Convenio 169 de la OIT y el artículo 149 los amparaban.

 “Así también se analiza la conducta descrita como hechos en el requerimiento acusatorio donde menciona que los acusados trasladaron los animales propiedad de la familia Ninaquispe, conducta atípica, conforme expresa la norma sustantiva que deben de apoderarse ilegítimamente de ganado vacuno, equino ovino (…), parcial o totalmente ajeno. Analizados los hechos los acusados no han tenido una conducta ilegitima por cuanto  el tratado internacional del convenio 169 les ampara así como la Constitución política del Estado y la Ley de Rondas Campesinas, que actuaron por acuerdo de la Asamblea comunal que se acredita con la oralización del acta de acuerdo de la comunidad de Alhuacchullo de fecha 13 de abril del año dos mil once, así mismo con dicha acta se acredita que el decomiso de los ganados vacunos sea de la propiedad de los agraviados o del Layme era una conducta legitima que tienen las rondas campesinas y las autoridades de la Comunidad Campesina, así también se advierte la conducta atípica por cuanto los animales fueron depositados en un ruedo siendo pastados seis días porque los agraviados quienes no iban a recogerlos, no dispusieron de los ganados vacunos ni de los ganados equinos, El testigo Benigno Ninaquispe Huamani menciono que denuncio los hechos porque le comunico su hermano Guillermo, y denunció a los acusados porque eran ellos menciono quienes más iban a ser, lo que hace deducir que denuncio a algunos acusados que no estuvieron presentes en la fecha de sucedidos los hechos, así también en cuanto la cantidad de animales decomisados o presuntamente sustraídos en la denuncia se menciona doce animales vacunos sin embargo concluye en 65 animales, Benigno Ninaquispe Huamani expresó que eran 65 animales y que de los vacunos le faltan dos y tres llamas, tanto en su declaraciones Savina Apfata Chaco menciono que se encontraba presente cuando se llevaron los animales no menciono agresión alguna solo que se llevaron los animales y que todos era vacunos, en cuanto  a la preexistencia de los animales ello evidentemente se encuentra acreditado con la declaración tanto de los acusados como de los testigos de cargo sin embargo se advierte que algunas circunstancias han quedado desvirtuados como es el hecho que Abelino Ccahuna Mayhua hubiera presenciado los hechos como se quiso acreditar con el documento de pre existencia de ganados de fecha 15 de abril del 2011, dicho testigo asevero en juicio que no vio la sustracción de ganados de sus clientes la familia Ninaquispe sin embargo en el documento oralizado mencionaba que los ganados habían sido sustraídos”.

Finalmente, el juzgado reconoce que la finalidad de los acusados no era obtener un pago, como requiere la comisión del delito de abigeato.

“así también se considera que el ánimo no era apoderarse de los animales dado que los acusados habrían realizado la batida con fines de obtener un pago por el daño que habrían ocasionado los agraviados a los sembríos de papa amarga del Layme de los comuneros de Alhuacchullo. Por lo tanto no a mediado Dolo ni la conducta se subsume en  lo prescrito por el segundo y tercer párrafo del Art 189-C, en cuanto a que también los animales habrían sido devueltos, aunque no es su totalidad para el despacho queda acreditado que únicamente faltan entregar dos ganados vacunos según la declaración de  Guillermo Ninaquispe quien menciono que son dos vacas las que faltan”.

Asimismo, resulta pertinente mencionar que la juez cita como norma aplicable al caso, los artículos 2, 8 y 9 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 149 de la Constitución. También se cita el artículo 2 de la Ley de Rondas Campesinas, aprobado por Ley 27908. Incluso cita una sentencia del TC referida a un caso sobre rondas campesinas de Marcapata en Urcos. Nos referimos a la sentencia STC NO 03158-2018-PA.

4. Las reglas que el fiscal desconoció

El fiscal provincial ha incurrido en la presunta comisión del delito de prevaricato contra el texto expreso y claro de la ley, que se encuentra establecido en el ordenamiento jurídico. En primer lugar, se viola el artículo 89 de la Constitución que reconoce la autonomía de las comunidades campesinas.

Artículo 89°.- Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo económico y administrativo, dentro del marco que la ley establece. La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas

Asimismo, se viola el artículo 149 de la Constitución que reconoce específicamente la facultad de las comunidades campesinas y nativas a administrar justicia en sus territorios:

Artículo 149°.- Las autoridades de las Comunidades Campesinas y Nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer las funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona. La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial.

De igual manera se viola el artículo 15 de la Ley 24656, Ley General de las Comunidades Campesinas que autoriza a las comunidades a declarar la extinción de la posesión familiar, en el marco de la justicia comunal:

Artículo 14.- La extinción de la posesión familiar será declarada con el voto favorable de los dos tercios de los miembros calificados de la Asamblea General de la Comunidad, la que tomará posesión de la parcela. La Comunidad recupera la posesión de las parcelas abandonadas o no explotadas en forma directa por los comuneros, así como las que exceden a la extensión fijada por la Asamblea General previo pago de las mejoras necesarias hechas en ellas.

Finalmente, los jueces y fiscales investigados han incurrido en la comisión del delito de prevaricato, pues desconocen que el artículo 149 y el artículo 18.3 del Nuevo Código Procesal Penal establecen que la prelación la tiene las comunidades, y que si estas declinan recién, recién puede asumir competencia la justicia estatal:

Art. 18 del código Procesal Penal, que dice “La jurisdicción penal ordinaria no es competente para conocer: inciso 3). De los hechos punibles en los casos previstos en el artículo 149° de la Constitución”,

5. ¿Otras críticas a la sentencia?

Varias son las críticas que podemos hacer a esta sentencia:

a. No comete delito quien actúa en ejercicio de un derecho. El artículo 20.8 del Código Penal establece como causal de exclusión de responsabilidad penal cuando se actúa en ejercicio de un derecho fundamental. Esto se aplica a este caso, si tenemos en cuenta que la justicia comunal reconocida en el artículo 149 de la Constitución, concreta los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva (artículo 139.3 de la Constitución), el derecho a la identidad cultural (artículo 2.19 de la Constitución) y del derecho a la autodeterminación (artículo 3 de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas). Es más, el Acuerdo Plenario de la Corte Suprema sobre rondas campesinas precisó:

“De otro lado, la Carta Política afirma dos derechos fundamentales colectivos: (i) el derecho a la identidad cultural de las Comunidades Campesinas y Nativas, y a su existencia legal, personería jurídica y autonomía dentro de la ley (artículo 89°); y (ii) el derecho de una jurisdicción especial comunal respecto de los hechos ocurridos dentro del ámbito territorial de las Comunidades Campesinas y Nativas de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona (artículo 149°). El reconocimiento de la referida jurisdicción es, en buena cuenta, un desarrollo del principio de pluralidad étnica y cultural sancionado por el artículo 2°.19 de la Ley Fundamental”.

b. Es nulo todo acto que restringe derechos fundamentales. De acuerdo con el último parte del artículo 31 de la Constitución es nulo y punible todo acto que restrinja el ejercicio de los derechos fundamentales. Según esta norma, “Es nulo y punible todo acto que prohíba o limite al ciudadano el ejercicio de sus Derechos”. En este caso al desconocer la justicia comunal se desconoce los derechos a la tutela judicial, la identidad cultural y la autodeterminación todos derechos que se concretan en la justicia comunal. Esto acarrea la nulidad de cualquier decisión que afecta derechos.

c.  La comunidad campesina de Allhuachuyo es un pueblo indígena. La comunidad campesina de Allhuachuyo, está en la base de datos de pueblos indígenas (https://bdpi.cultura.gob.pe/buscador-de-localidades-de-pueblos-indigenas). Esto implica que se aplica el convenio 169 de la OIT. Incluso, sino estuviera en esta base de datos, también sería un pueblo indígena, pues se cumplen los requisitos contenidos en el artículo 1.1.b del Convenio 169 de la OIT, esto es, descender de un pueblo originario, conservar todas o parte de las costumbres y auto percibirse como un pueblo diferente de las demás.

d. No puede pedirse pena de cárcel cuando estamos ante pueblos indígenas. El artículo 10.2 del Convenio 169 de la OIT establece que deberá establecerse penas alternativas a la pena privativa de la libertad en caso de pueblos indígenas. En este caso, si el fiscal pensaba no aplicar esta regla, debió explicar las razones de esa decisión.

e. Incurre fiscal en comisión de prevaricato. La acusación del fiscal incurre en delito de prevaricato cuando desconoce el artículo 149 de la Constitución, cuya infracción penal está tipificada y sancionada por el Art. 418º del Código Penal, la misma que estipula “El Juez o el Fiscal que dicta resolución o emite dictamen, manifiestamente contrarios al texto expreso y claro de la ley, o cita pruebas inexistentes o hechos falsos o se apoya en leyes supuestas o derogadas (…)”.

 

6. Otras reglas que tampoco cumplieron

De igual manera, desconoce e incumple con lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la República en el V Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente Y Transitorias, denominado Acuerdo Plenario N° 1-2009/CJ-116, titulado “Rondas Campesinas y Derecho Penal”.

 

Asimismo, los jueces inaplican las reglas establecidas por el Poder Judicial en los Acuerdos Plenarios Regionales de Cusco y Ucayali, para este tipo de casos. Tenemos primer el Acuerdo Plenario de Cusco.

Luego tenemos el Acuerdo Plenario de Ucayali:

Además, los jueces mismos se comprometieron a aplicar estas normas como lo reconoce el propio Acuerdo Plenario de Ucayali, tal como se desprende de esta captura de pantalla:

 7. A manera de conclusión:

En un contexto de sistemático desconocimiento por parte de los jueces y fiscales en general, en especial en el sur andino, incluso del propio Tribunal Constitucional, del cumplir con el Convenio 169 de la OIT y de las normas que reconocen la justicia comunal, esta decisión del juez de Chumbivilcas es muy importante y oportuna. El problema como podemos apreciar es que las comunidades campesinas no pueden ejercer una competencia constitucional, porque jueces, fiscales y hasta policías, se resisten a respetar esta competencia, y buscan mil pretextos para no dar cumplimiento a estas normas.

 

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