Jurista Diego García Sayán: “Es pecado mayor violar un tratado internacional de derechos humanos”
El reconocido jurista, exministro de Justicia y excomisionado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos participó como ponente en el conversatorio “La Ley de Amnistía: retos para la defensa de los derechos humanos y la democracia en el Perú”, organizado por el Instituto de Defensa Legal.
García Sayán empezó recordando que durante los años 2000 y 2001 se recuperó el sentido de justicia. El Perú salió del gobierno fujimorista afianzando los derechos humanos, y haciendo que quede sin efecto la ley de amnistía para el Grupo Colina. A partir de ese caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos promulgó sentencias que sirvieron de ejemplo para otros países de América Latina. Hoy día es impensable que en países como Chile y Argentina se reediten procesos de desaparición forzada o tortura.
En ese periodo, la Corte IDH implanta el concepto del control de convencionalidad. “Cuando hay diferentes maneras de entender cómo se resuelve jurídicamente un caso, se debe aplicar el control de convencionalidad. La decisión jurídica correcta siempre es compatible con la jurisprudencia de la Corte IDH y con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este concepto explica por qué un juez valiente como Richard Concepción Carhuancho ha dicho que la ley de amnistía no pueda tener vigencia, ya que la norma internacional sobre derechos humanos es la Convención Americana que es de cumplimiento obligatorio”, afirmó.
También fue categórico al señalar que no caben las amnistías ni los indultos frente a las graves violaciones de derechos humanos. Y precisa: “Tenemos acuerdos internacionales a los que se han llegado por decisión soberana de los Estados, entre ellos el peruano, y los operadores jurídicos (jueces y fiscales) son los que tienen que asegurar que eso se cumpla. No es el canciller. Por otro lado, es inaceptable que se nombre una comisión para estudiar cómo retirarse del sistema internacional de derechos humanos. Se trata de un compromiso oficial que el Estado ha asumido. Es pecado mayor violar un tratado internacional de derechos humanos porque afecta los derechos de las personas que habitan este país. Cuando un país firma un tratado internacional de derechos humanos no solamente se obliga a respetarlo, sino que los actores internos están obligados a hacer cumplir ese tratado”.
Frente a la ley de amnistía aprobada por el Congreso y ratificada por el Ejecutivo, la decisión está en manos de los operadores judiciales. En 1995 Antonia Saquicuray inaplicó la ley de amnistía para militares y policías. Ahora ha sido el juez Carhuancho quien se ha resistido.
Al respecto, dijo: “En esos jueces independientes se apoya la democracia peruana.
Esta batalla por derogar la ley de amnistía no busca castigar a como dé lugar a quienes estuvieron comprometidos en violaciones que ocurrieron hace décadas. Hay que investigar, respetar el debido proceso y, de ser el caso, castigar. Ahora lo que se busca es afianzar la democracia con derechos. Las personas que fueron victimizadas durante los años de violencia fueron personas muy humildes del campo en situaciones que se conocen”.
García Sayán terminó señalando que lo que hagamos ahora por ellos no es misión solo de las ONG ni de los activistas de derechos humanos, sino una tarea nacional. “Ojalá que en esta nueva etapa electoral aparezcan buenas voces que salgan en defensa de estos valores y principios”.