Justicia en días de emergencia

¿Cómo ha sido la adaptación de los administradores de justicia en estos días de pandemia?

Por Miguel Loayza

El lunes por la tarde, el despacho del juez supremo Hugo Núñez Julca recibió el pedido del Ministerio Público para prolongar la prisión preventiva contra Julio Gutiérrez Pebe, exconsejero del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el marco del caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Aquel mismo día, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria inició las coordinaciones para que la audiencia se lleve a cabo dentro de los tres días siguientes, tal como estipula el artículo 274 del Código Procesal Penal.

El estado de emergencia nacional decretado el 15 de marzo por el Gobierno ha llevado a afinar algunos procedimientos en el Poder Judicial (PJ). En audiencias de este tipo, además de asegurar los recursos técnicos que hagan posible la videoconferencia con el procesado, el juez informa al fiscal y al abogado defensor que el ingreso a la sala deberá seguir los estándares de protección contra el COVID-19 (uso de guantes y mascarillas). Además, solo podrá ingresar un representante de cada una de las partes.

Estas y otras disposiciones están ceñidas al “Plan de prevención del Coronavirus (COVID-19) en el Poder Judicial”, uno de los tantos documentos y acuerdos que en estos días rigen las labores en la institución.

Foto: Poder Judicial.

Medidas de prevención

El 16 de marzo, los miembros del Consejo Ejecutivo (CE) del PJ se reunieron en sesión extraordinaria a fin de establecer los lineamientos para la administración de justicia mientras dure la emergencia. Como resultado del Acuerdo N° 479-2020, se suspendió las labores en el PJ y los plazos procesales y administrativos. Además, se determinó las salas y áreas que continuarían en funcionamiento.

En la Corte Suprema, además de Investigación Preparatoria, se mantendrían en funciones las salas Penal Transitoria y Penal Especial. Cada una de ellas está a cargo solo de asuntos urgentes relacionados a requisitorias, extradiciones o detenciones. Los presidentes de cada sala cuentan con un número mínimo de personal de apoyo.

En las cortes superiores, los presidentes estuvieron encargados de designar los órganos jurisdiccionales y administrativos indispensables. El CE dispuso que en cada corte permanezca activo por lo menos un juez penal -para casos de detenidos, libertades, requisitorias, habeas corpus- y uno no penal -para temas de violencia familiar, consignación y endoso de alimentos, entre otros-.

La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), a cargo de la jueza Mariem de la Rosa, continuaría igualmente en funciones, también con el personal mínimo indispensable.

Otra de las disposiciones del CE fue suspender la elección de jueces supernumerarios y de personal hasta nuevo aviso. Además, se encargó a la Oficina de Administración proveer al personal que continúe laborando los equipos de protección necesarios.

El método de trabajo de los juzgados, además, debían adaptarse al “Plan de prevención del Coronavirus (COVID-19) en el Poder Judicial”, elaborado por la doctora Katia López Makino y aprobado por el CE la semana anterior. En el documento se establece que, para el desarrollo de sus actividades, las cortes debían “promover las prácticas saludables difundidas por el Ministerio de Salud”.

Adaptaciones en marcha

La obligada apuesta por las audiencias virtuales implicó someter a los juzgados a capacitaciones exprés, a cargo de la Gerencia de Informática. Una persona por cada oficina fue instruida en el manejo de la plataforma Hangouts Meet de Google, una de las más conocidas para hacer videoconferencias en línea. En algunos casos se elaboraron tutoriales para que el personal de los juzgados se familiarice con las nuevas herramientas.

Antes de cada audiencia, el personal de cada sala se contacta con el representante del Ministerio Público y los abogados de las partes para probar el sistema. “A veces se complica, porque depende también del tipo de celular que estén manejando los otros participantes, o inclusive de que el justiciable tenga acceso a un teléfono. Pero se entiende que estamos en un estado de emergencia y en el camino se van solucionando los problemas”, señaló un activo juez para Justicia Viva.

De acuerdo a un comunicado publicado el 27 de marzo por el PJ, el uso de estos nuevos recursos tecnológicos están siendo promovidos en todos los distritos judiciales del país. Sin embargo, y como podría ser evidente, en algunas regiones el proceso no ha sido tan fluido.

En Loreto, que posee una de las señales de Internet más deficientes del país, las audiencias virtuales están lejos de convertirse en una práctica habitual. En su lugar, se ha optado por limitar las audiencias presenciales solo a casos de suma urgencia, como los pedidos de prisión preventiva. “Y se trata de hacer todo de la manera más rápida posible”, comentó un juez local para esta nota.

Además de los juzgados de paz, que se encargan de conocer temas urgentes relacionados a alimentos, se ha implementado una reducida cantidad de juzgados de investigación preparatoria de turno, que reciben denuncias cuando hay detenidos.

En otras regiones, las disposiciones de las cortes han provocado preocupación entre los magistrados que continúan en labores. Por ejemplo, la Sala Plena de la Corte de Amazonas determinó que cada juez debía resolver 40 de los expedientes pendientes durante el período de emergencia. “Hay jueces que no tienen procesos pendientes, como los de investigación preparatoria. No se ha comunicado cómo se medirá la producción en esos casos”, comentó un juez para Justicia Viva. En esta corte tampoco se ha promovido las audiencias virtuales.

El 11 de abril, a fin de evitar que se siga acumulando carga procesal, el CE autorizó a los jueces que no integran los órganos jurisdiccionales de emergencia ir a sus despachos, retirar sus expedientes y avanzar el trabajo desde sus domicilios. Para ello, el presidente de cada corte elaboró una lista de jueces, día y hora señaladas, para evitar aglomeraciones en las sedes.

Jueza suprema Elvia Barrios, presidenta de la Sala Penal Especial. Foto: Poder Judicial.

La parte del Ministerio Público

El 21 de marzo, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos Rivera, comunicó a los presidentes de la Junta de Fiscales Superiores los lineamientos para las labores del Ministerio Público (MP) durante el período de emergencia. Entre lo más relevante, se dispuso que las fiscalías provinciales penales, de familia y penales especializadas en delitos de violencia contra las mujeres debían limitarse a casos graves y urgentes. Además, se estableció que cada presidencia debía conservar el personal administrativo mínimo indispensable.

Asimismo, se indicó que para las audiencias programadas por el Poder Judicial, los fiscales podían acudir de manera directa a la sede judicial, sin necesidad de asistir a la sede fiscal, a fin de “proteger su salud y seguridad”. Se prohibió también el acceso a las sedes fiscales del personal que no realice las labores señaladas como indispensables.

Las presidencias de las Juntas de Fiscales Superiores quedaron a cargo de coordinar la entrega de equipos de protección para los magistrados que cumplan sus funciones. Por último, tanto los presidentes de las Juntas como los fiscales coordinadores deben emitir un reporte diario con las incidencias más relevantes de cada jornada.

*Fotos de portada: Poder Judicial.