Justicia para Orlando Abreu, víctima del crimen peruano

Stefano Corzo

Investigador IDL-SC

Durante los últimos años, muchos noticieros y portales informativos han hecho de destacar la nacionalidad de los perpetradores de diversos crímenes y delitos cometidos, una práctica común. Indiscutiblemente, este fenómeno se enmarca en el complejo proceso que significa la presencia de más de un millón de migrantes y refugiados venezolanos en nuestro país. Pero en la mayoría de casos mencionados la nacionalidad no se señala como un factor que podría ayudar a resolver el crimen, sino que es resaltada casi como una agravante del mismo.

Así vemos que en casos recientes como el atropello de una fiscalizadora de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), el asalto de una joyería en el Jirón de la Unión, y la extraña —además de xenofóbica— restricción que buscaba imponer el burgomaestre de San Juan de Lurigancho, Alex Gonzales, para prohibir que extranjeros puedan realizar servicio de mototaxi  en su distrito, siempre se termina haciendo énfasis sobre la nacionalidad de los supuestos perpetradores: “Chofer era venezolano”, “Venezolanos asaltan joyería”, “Extranjeros roban en mototaxis”. Como si ser venezolano o “extranjero” te hiciera peor conductor o más probable de cometer un delito. Incluso en el caso de la joyería, la Policía luego tuvo que confirmar que, pese a sus sospechas iniciales, ninguno de los asaltantes era venezolano. Absolutamente todos los responsables eran de nacionalidad peruana.

Evidentemente, estamos ante una falacia propagada por algunos sectores que buscan capitalizar sobre los justos reclamos de la sociedad peruana por mejoras en su calidad de vida en términos de seguridad y han encontrado en la población venezolana residente en Perú un chivo expiatorio ideal. No cabe duda que dentro de la gran masa de migrantes venezolanos han ingresado elementos delictivos. Pero toda la evidencia que existe hasta ahora indica que su presencia e impacto es mínima. El estudio más completo al respecto hasta la fecha, realizado por el prestigioso Brookings Institution (2020), da cuenta de ello. Solo tomando en consideración los datos de encarcelamiento de 2019, el 1.3 % de presos son extranjeros (de los cuales la cantidad de venezolanos es mucho menor aún).

Ahora bien, lo que resulta francamente contradictorio en todo este contexto es la poca cobertura, por no decir invisibilización total, de crímenes donde las víctimas son venezolanos y los perpetradores peruanos.

 

 

Ese es el caso del joven venezolano Orlando Antony Abreu Suarez de 27 años. Abreu —quien trabajaba en un puesto ambulante en la calle Sinchi Roca en la ciudad de Trujillo vendiendo ropa— fue asesinado en la tarde del día 24 de enero. Durante semanas, el hecho fue prácticamente desconocido. En las últimas horas ha vuelto a resurgir porque la grabación captada por una cámara de seguridad se comenzó a difundir anoche por redes.

En el video se puede apreciar como Abreu intenta razonar con un sujeto, identificado como Oscar Narro Correa alias “Cara Cortada”, quién luego de amenazarlo varias veces con un arma termina disparándole a quemarropa. Los acompañantes de Narro, presuntamente integrantes de una banda de extorsionadores, huyeron del sitio junto con él. Según las investigaciones policiales, estos delincuentes pertenecen a una banda que se dedicaba a cobrar cupos a las comerciantes del Mercado Zonal Palermo, a pocas cuadras del centro de la ciudad.

Abreu, abogado de profesión, era oriundo del estado de Aragua, ubicado al norte de Venezuela. Llegó al Perú en el 2019, dejando a sus padres y dos hermanos en su país natal. Todos los testimonios sobre Orlando —tanto de sus conocidos en Venezuela como en Trujillo— indican que era una persona trabajadora y tranquila. En el video difundido anoche se puede ver cómo, en todo momento, intenta mantener y llamar a la calma. Lamentablemente, su apuesta por nuestro país como una posibilidad de futuro personal se vio truncada por esa terrible realidad que es la delincuencia. Una realidad que la mayoría de peruanos conocemos muy bien.

El paradero de Narro aún es desconocido. Hace diez años, luego de varios ingresos al penal El Milagro de Trujillo, se presentaba en un noticiero local como presidente del Ministerio del Evangelismo Carcelero. En el 2010, esta organización compuesta por expresidiarios, se preparaba para brindar un evento evangelizador en la Plaza de Toros de la ciudad. En el reportaje, Narro aseguraba “haber cambiado por el poder de Dios”.

 

 

Lamentablemente, este hermano venezolano llegó al Perú con ansias de encontrar lo mejor que nuestro país le podía ofrecer, pero su recorrido acabó porque encontró lo peor de nosotros. En su muerte, el Estado y las autoridades correspondientes deben garantizar que este hecho no quede impune. Debemos también desterrar esa noción equivocada de que el crimen y la violencia tienen una nacionalidad, pues son problemas que nos aquejan a todos por igual.