Keiko Fujimori volvió a prisión (Diario Uno)
Noticia publicada en Diario Uno el 29/01/20
El juez Víctor Zúñiga dispuso prisión preventiva por un plazo de 15 meses en contra de Keiko Fujimori. Se estima que en cinco meses habría acusación formal y en dos meses más se iniciaría la etapa de juicio oral.
El Poder Judicial dictó 15 meses adicionales de prisión preventiva contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, quien es investigada por presuntamente haber lavado dinero ilícito de la empresa Odebrecht, además de otros delitos que habría cometido en su afán de ocultar el hecho ilícito.
El juez Zúñiga decidió aceptar el pedido de prisión preventiva formulado por el fiscal José Domingo Pérez; sin embargo, estableció un plazo de 15 meses y no de 18 meses y dos días, como había sido el requerimiento fiscal inicial. No obstante, el Ministerio Público manifestó estar conforme con esta medida.
Durante la lectura de la sentencia, el magistrado destacó que “la investigada paga un alquiler de 1600 dólares mensuales (5536 soles), suma con la que por sí misma podría haber generado una vivienda propia como lo hacen los ciudadanos peruanos”. A criterio del juez, ello probaría un limitado arraigo posesorio.
Además, Zúñiga advirtió respecto a la sospecha grave de peligro de fuga de Keiko Fujimori, y rechazó los argumentos de la defensa, la cual había intentado desvirtuar el peligro de fuga indicando que la investigada se presentó a las citaciones de la Fiscalía.
Por otro lado, el juez señaló que existe sospecha grave sobre que Keiko Fujimori coordinó los actos de obstrucción a la justicia, a través del Estudio Oré Guardia, coaccionando a los testigos para que mientan ante la Fiscalía haber aportado al partido Fuerza Popular.
Para el magistrado, resultaron fundamentales los testimonios de Jorge Yoshiyama Sasaki, sobrino del exsecretario de Fuerza Popular, Jaime Yoshiyama; del excongresista Daniel Salaverry y del empresario Antonio Camayo, quienes en diferentes circunstancias habrían sido testigos de los intentos de Keiko Fujimori por obstruir la acción de la justicia.
REACCIONES VISCERALES
En tanto, tras conocer la decisión judicial, la virtual congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, manifestó que se han cumplido “los vaticinios de la persecución política” contra Keiko Fujimori.
“Se cumplieron los peores vaticinios de la persecución política a Keiko Fujimori. El juez ‘canero’ traído a dedo desde Arequipa por el juez Lecaros perpetra nueva prisión preventiva contra ella. El fiscal Pérez ni siquiera tuvo la hombría de asistir a la audiencia. ¡Cobardes!”, escribió en su cuenta de Twitter.
Chávez alegó con euforia que la sentencia judicial tendría trasfondos políticos para evitar que Keiko Fujimori llegue a la presidencia de la República. “El juez canero perpetra prisión preventiva hasta el 21 de abril del 2021, justo después de las próximas elecciones generales. Ese es el propósito de la persecución política! ¡Miserables! La Vida se encargará de que los perseguidores paguen cada segundo de injusta prisión de Keiko!”, expresó.
Por su parte, la investigada Keiko Fujimori manifestó a través de redes sociales que no dejará de “dar la cara” ante las graves acusaciones en su contra. “Le he pedido a mi esposo que presente mi caso a gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Como comprenderán no puedo quedarme de brazos cruzados frente a esta segunda prisión preventiva. Pido que se me trate como cualquier ciudadano», indicó.
Fujimori Higuchi dirigió sus críticas al juez Zúñiga por la decisión adoptada, interpretando que el Tribunal Constitucional “descartó” los argumentos de la Fiscalía. “Me mandan a prisión a pesar de que el fiscal no pudo entregar ni un solo elemento nuevo y de que el Tribunal Constitucional ya descartó todos los argumentos del Ministerio Público”, señaló.
TESTIMONIOS DETERMINANTES
Sin embargo, para el analista político Glatzer Tuesta las argumentaciones de Keiko Fujimori carecen de sustento. “El TC no incorporó ni valoró los testimonios (de los testigos), por tanto no se puede decir que los desestimó, lo que hizo fue pronunciarse sobre lo que ya el Poder Judicial había revisado, y el Poder Judicial no había revisado las declaraciones de Yoshiyama ni los otros elementos”, explicó.
El director del Instituto de Defensa Legal (IDL) consideró que los testimonios presentados por el Ministerio Público han sido “determinantes”, y destacó el hecho de que estos no provengan de opositores ni críticos de Keiko Fujimori, sino de su entorno más cercano. “El razonamiento del juez pone las cosas en su lugar. De tal palo tal astilla: Alberto Fujimori fue indultado de manera ‘trucha’, Keiko Fujimori fue liberada con una sentencia cuestionada del TC y ambas resoluciones fueron revertidas por el Poder Judicial. Definitivamente, ya estamos en otros tiempos”, afirmó.
Tuesta también se refirió a los grupos económicos que financiaron irregularmente al fujimorismo: “Este proceso los deja en su real dimensión, como mercachifles que queriendo doblegar la voluntad popular introducen dinero para favorecer a quienes defiendan sus intereses. Quedan evidenciados en su insano interés de doblegar la voluntad de la gente”.
“Keiko Fujimori acaba de auto disolverse. Esto ha sido la cereza en la torta de la debacle fujimorista luego de estar activo en la política en los últimos 30 años; creo que este es el peor momento del fuijimorismo, Keiko Fujimori no tiene ninguna posibilidad política, y cuando llegue a juicio oral le puede ir peor todavía”, apuntó.
MÁS PRESUPUESTO PARA FISCALES
Por su parte, el fundador de Aprodeh, Francisco Soberón, destacó que el fujimorismo viene en picada, sancionado en los procesos electorales, y hoy con una representación congresal sumamente reducida en comparación a la obtenida en el 2016. “Todavía van a continuar con este proceso de desgaste, pese a que queda un sector que les da algún tipo de respaldo”, señaló.
Soberón saludó la decisión del Poder Judicial, y pidió que se acelere al máximo el trabajo de la Fiscalía para que se pueda cumplir con la acusación formal y pasar al juicio oral dentro del plazo dictado como prisión preventiva.
Por su parte, la virtual congresista Rocío Silva Santisteban, manifestó que desde el Frente Amplio se ha propuesto que no debería haber financiamiento privado de gran escala a los partidos políticos, en referencia a los millones de dólares recibidos irregularmente por Keiko Fujimori. “Todo debe ser financiamiento público, a fin de permitir que partidos en situaciones de campañas más austeras puedan realmente competir en condiciones igualitarias”, comentó.
Finalmente, consideró que será tarea del Congreso fiscalizar por que los equipos de fiscales que vienen luchando contra la corrupción cuenten con el presupuesto acorde a la importancia de sus funciones. “No nos olvidemos de las fiscales mujeres súper valientes que han denunciado a los Cuellos Blancos, ellas también deben tener presupuesto para hacer investigaciones eficientes y a la vez estar protegidas”, señaló.