La aprobación de la delegación de facultades al Ejecutivo es inconstitucional

La aprobación de la delegación de facultades al Ejecutivo es inconstitucional

 

Juan Carlos Ruiz Molleda[1]

El 21 de octubre de 2026, el Senado aprobó el pedido de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo con 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones. Aunque la Cámara de Diputados había enviado inicialmente una propuesta de 20 puntos en materia de seguridad ciudadana y el fenómeno de El Niño, la Comisión de Constitución del Senado le sumó 7 puntos adicionales. Sin embargo, consideramos que esta decisión no se ajusta a derecho.

 

1. Problema constitucional de fondo

El problema constitucional de fondo es cómo interpretar el artículo 102-A de la Constitución. Una opción es interpretarlo de espaldas al Reglamento de la Cámara del Senado. La otra opción es interpretarlo en consonancia con el Reglamento del Senado.

Esto dice la Constitución:

“Artículo 102-A. [Atribuciones del Senado]*

Son atribuciones del Senado:

1.- Aprobar, modificar o rechazar las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados. […]” (resaltado nuestro).

Esto dice el Reglamento de la Cámara de Senadores:

Artículo 25. Derechos funcionales

De conformidad con la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Congreso de la República, enunciativamente, los senadores gozan de los siguientes derechos:

a) A participar con voz y voto en las sesiones del Pleno del Senado y del Congreso, y, cuando sean miembros, en las sesiones de las comisiones, de la Junta de Portavoces y de la Mesa Directiva, de acuerdo con las normas reglamentarias. A revisar las propuestas legislativas aprobadas por la Cámara de Diputados, probándolas, rechazándolas o modificándolas de manera complementaria y de conformidad con sus fines. A través de dichas modificaciones no se pueden incorporar materias distintas a la propuesta legislativa enviada por la Cámara de Diputados. Podrán participar con voz, pero sin voto, en las sesiones de cualquier otra comisión de la que no sean miembros o, siendo integrantes de una de ellas, cuando tengan la calidad de suplentes y el titular se encuentre presente. En las sesiones secretas pueden participar los senadores que no conforman dicha comisión, siempre que exista acuerdo mayoritario de sus miembros permanentes y deben guardar secreto de la información clasificada de la que tomen conocimiento, aun después del término de sus funciones […] (resaltado nuestro)

Artículo 142. Pronunciamiento en los dictámenes. Los dictámenes pueden concluir en cualquiera de las siguientes recomendaciones:

a) Tratándose de las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados:

1.- La aprobación en sus términos.
2.- La aprobación con modificaciones. Las modificaciones no pueden desnaturalizar la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados.
3.- El rechazo de la propuesta legislativa […] (resaltado nuestro).

El artículo 102-A.1° de la Constitución establece que el Senado aprueba, rechaza o modifica las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados. El problema es qué entender por la palabra “modificar” contenida en la Constitución. Los supuestos de aprobar o rechazar las propuestas legislativas previamente aprobadas por la Cámara de Diputados son meridianamente claros. Entonces, ¿cómo interpretar “modificar” las propuestas legislativas que remita la Cámara de Diputados?

Para el Senado es posible una interpretación de la Constitución literal y al margen y de espaldas a su reglamento.

El artículo 25.a) del Reglamento del Senado establece como uno de los derechos de los senadores “revisar las propuestas legislativas aprobadas por la Cámara de Diputados, aprobándolas, rechazándolas o modificándolas de manera complementaria y de conformidad con sus fines. A través de dichas modificaciones no se pueden incorporar materias distintas a la propuesta legislativa enviada por la Cámara de Diputados”.

De otro lado, el artículo 142.a) del referido Reglamento del Senado, establece que en el caso de dictámenes que concluyan en la recomendación de aprobar —con modificaciones— las propuestas legislativas remitidas por la Cámara de Diputados, tales modificaciones “no pueden desnaturalizar la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados.”

Es evidente que una interpretación consistente con el principio de corrección funcional, que establece la obligación de respetar el reparto de competencias del Constituyente, exige realizar una interpretación armónica de la Constitución con los reglamentos de las Cámaras de Senadores y diputados, teniendo en cuenta que ambos reglamentos, materialmente, son normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad.

Sin embargo, esa no parece ser la interpretación del Senado, que ha optado por una interpretación literal del artículo 102.A.1 la Constitución en cuanto a la palabra “modificar”. ¿Tiene fundamento jurídico ese tipo de interpretaciones de las normas?

 

2. Crítica a la interpretación del Senado

2.1. El problema jurídico: La interpretación “literal” del artículo 102.A.2 de la Constitución

Es evidente que existe un conflicto entre el artículo 102.A.2 de la Constitución y los artículos 25.A y 142.A del Reglamento de la Cámara de Senadores, pues mientras la primera establece la posibilidad de “modificar” las propuestas de la Cámara de Diputados, las segundas establecen que la Cámara de Senadores no pueden agregar nuevos temas a la propuesta de la Cámara de Diputados.  La Cámara de Senadores hace una interpretación literal y aislada, por fuera del Reglamento de la Cámara de Senadores, es decir, por fuera de contexto de las disposiciones constitucionales.

Adviértase cómo una interpretación literal y aislada del artículo 102.A.1 de la Constitución desconoce que el Reglamento de la Cámara de Senadores es una norma parte del bloque de Constitucionalidad, de conformidad con el artículo 78 del Nuevo Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley 31307.

El problema con la interpretación del Senado es que desconoce que el ordenamiento jurídico y las normas que conforman el bloque de constitucionalidad no son una suma de disposiciones que se pueden interpretar de manera aislada y de espaldas a las demás, sino un conjunto de derechos, valores y principios, es decir un todo, cuyos sentidos interpretativos deben ser armonizados y concordados en atención a su especial naturaleza.

 

2.2. Crítica a una interpretación “literal” del 1 de la Constitución

El gran cuestionamiento a la interpretación literal, legalista y totalmente descontextualizada del artículo 102.A.1 de la Constitución es que, lejos de optimizar la fuerza normativa del ordenamiento jurídico, desconoce que el Tribunal Constitucional ha señalado hace algún tiempo lo siguiente: “la particular estructura normativa de sus disposiciones que, a diferencia de la gran mayoría de las leyes, no responden en su aplicación a la lógica subjuntiva (supuesto normativo-subsunción del hecho consecuencia), exige que los métodos de interpretación constitucional no se agoten en aquellos criterios clásicos de interpretación normativa (literal, teleológico, sistemático e histórico), sino que abarquen, entre otros elementos, una serie de principios que informan la labor  hermenéutica del juez constitucional”[2].

Y es que “de la lectura aislada de alguna de estas disposiciones, se llegará a resultados inconsecuentes con el postulado unitario o sistemático de la Constitución. De ahí que nunca será válido interpretar las disposiciones constitucionales de manera aislada”[3]. A lo que agrega: “es indiscutible que esta es una lectura más sencilla; sí, tan sencilla como ilegítima”[4].

La interpretación literal desconoce los principios de unidad de la Constitución y concordancia práctica pues, en su pretensión de defender la literalidad del artículo 102.A.1 de la Constitución, “sacrifica” la eficacia de las normas del Reglamento del Senado. Además, lejos de optimizar el modelo de Estado Constitucional de Derecho, la interpretación literal lo recorta y disminuye. Según el primero, la interpretación de la Constitución de las normas del boque de constitucionalidad donde está el Reglamento del Senado, debe estar orientada a considerarla como un: “todo armónico y sistemático, a partir del cual se organiza el sistema jurídico en su conjunto”[5]. Por su parte, el segundo principio exige que toda aparente tensión entre las propias disposiciones constitucionales deba ser resuelta “optimizando su interpretación”[6].

De la misma manera, la interpretación literal del artículo 102.A.1 de la Constitución es incompatible con el “criterio apagógico”[7], que exige atender las consecuencias de la interpretación. Ello supone que: “no puede darse un significado a una norma que provoque consecuencias absurdas”[8]. Esto exige, en términos concretos, que: “debe seleccionarse siempre aquella norma o grupo de normas que hagan eficaz la finalidad que la norma persigue y desecharse aquella que conduzca a un resultado absurdo”[9]. Se trata, en definitiva, de dotarla de un significado que no sea absurdo en relación con el mismo ordenamiento. Este principio se deja de lado cuando, por una parte, el artículo 102.A.1 de la Constitución reconoce que el Senado puede modificar las propuestas de la Cámara de Diputados y, por otra, el artículo 25.A expresamente prohíbe al Senado agregar nuevos temas a las propuestas legislativas de la Cámara de Diputados.

La consecuencia práctica de una interpretación literal sería el reconocimiento de que lo establecido en el Reglamento del Senado no tiene fuerza normativa. Esta interpretación es incompatible con el principio de fuerza normativa de la Constitución. Según él, dado que la Constitución y las normas del bloque de constitucionalidad pretende verse actualizada, y en virtud de que las posibilidades y condicionamientos históricos de tal actualización van cambiando, en la solución de los problemas jurídicos constitucionales, será preciso dar preferencia a aquellos puntos de vista que ayuden a las normas de la Constitución y a las normas del bloque de constitucionalidad a obtener la máxima eficacia, bajo las circunstancias de cada caso[10].

Por otro lado, la interpretación literal afecta el principio de supremacía de la Constitución y de las normas del bloque de constitucionalidad. Estas normas de rango constitucional, en tanto normas fundamentales positivas, vinculan a todos los poderes públicos y, por tanto, una interpretación constitucional no puede ser contraria a los preceptos constitucionales de la Constitución y de las normas del bloque de constitucionalidad, a los principios que de estos se arrancan o que se infieren de ellos, y a los valores a cuya realización aspira.

Así, al interpretar diferentes extremos del artículo 102.A.1 de la Constitución de manera aislada, desconociendo las normas del Reglamento del Senado, como si fuera la única norma del Bloque de Constitucionalidad, se viola el criterio de la interpretación sistemática. Ello ocurre cuando no se entiende que los enunciados normativos “deben ser interpretados de forma coherente con el ordenamiento. Éste es precisamente el significado general del criterio sistemático”[11].

 

2.3. Necesidad de manejar una adecuada concepción de “orden jurídico constitucional”.

Para la Cámara de Senadores solo habría que leer el artículo 102.A.1 de la Constitución y no las demás normas del ordenamiento jurídico, especialmente del bloque de constitucionalidad. Ante esto, debemos decir que no podemos interpretar literalmente las normas de la Constitución de espaldas a las normas del bloque de Constitucionalidad, pues la interpretación literal, en definitiva, desconoce que el ordenamiento jurídico tiene una entidad propia distinta de las normas que lo integran. Este tipo de interpretaciones olvida que el ordenamiento jurídico es un sistema, es decir, una estructura dotada de un orden interno en el que sus elementos se relacionan entre sí armónicamente conjugados.

Como consecuencia de esta condición sistemática, se atribuyen al ordenamiento jurídico una serie de características tales como la unidad, la coherencia y la plenitud[12]. Según De Asís “las normas cobran sentido en relación con el texto legal que las contiene o con el ordenamiento”; el denominado argumento sistemático es aquel en el que: “a un enunciado normativo o a un conjunto de enunciados normativos debe atribuirse el significado establecido por el sistema jurídico”[13]. Asimismo, el criterio de coherencia establece que: “las normas deben ser interpretadas de modo tal que se evite su contradicción con otras”[14].

Una condición necesaria para una correcta interpretación de las normas legales y reglamentarias, en concordancia con la Constitución, es una adecuada concepción de orden jurídico y de sistema normativo. En otras palabras, no debe entenderse por él una suma y un agregado de disposiciones aisladas o un conjunto de normas con una coherencia interna y una unidad desde la Constitución.

Señala el TC que el orden jurídico es un “sistema orgánico, coherente e integrado jerárquicamente por normas de distinto nivel que se encuentran interconectadas por su origen, es decir, que unas normas se fundan en otras o son consecuencia de ellas”[15]. No es un archipiélago cuyas piezas carecen de relación entre sí. El ordenamiento jurídico se conceptualiza como una pluralidad de normas aplicables en un espacio y tiempo determinados, y se caracteriza por constituir una normatividad sistémica, y por su plenitud hermética[16]. Agrega el TC que, en sentido estricto, “una norma jurídica sólo adquiere valor de tal, por su adscripción a un orden. Por tal consideración, cada norma está condicionada sistemáticamente por otras”[17].

En tal sentido, hablar de orden jurídico es hacer referencia a una totalidad normativa unitaria, coherente y organizadora de la vida coexistencia[18], “esta normatividad sistémica se rige bajo el criterio de la unidad, dado que se encuentra constituida sobre la base de un escalonamiento jerárquico, tanto en la producción como en la aplicación de sus determinaciones regulatorias”[19]. Hans Kelsen precisa que un orden normativo sistémico es unitario “porque todas sus normas convergen en una norma fundamental, de la cual derivan directa o indirectamente, en sucesión, grado o escalera, hasta llegar a las normas más concretas”[20].

En esa línea, uno de los principales efectos articuladores de este sistema de normas tiene que ver con los criterios de validez material —no formal— de las normas de mayor jerarquía respecto de las de menor jerarquía. En esa lógica, serán la Constitución Política y las normas del bloque de constitucionalidad el principal criterio y factor de unidad del sistema jurídico en su vértice. En opinión del TC, “toda norma encuentra su fundamento de validez en otra superior, y así sucesivamente, hasta llegar a la norma fundamental. Tal concepto de validez no sólo alude a la necesidad de que una norma se adecue formalmente a otra superior, sino también a su compatibilidad material” [21].

Una consecuencia de ello es la necesidad de compatibilizar y darle coherencia y consistencia al sistema jurídico, expulsando o neutralizando las normas y disposiciones disonantes según los criterios de validez material antes referidos y que viene en última instancia de la Constitución Política y de las normas del Bloque de Constitucionalidad. Ello llevará al TC a sostener que este conjunto aparentemente disperso —para el lector lego en derecho— de disposiciones está sujeto al criterio de coherencia, pues el sistema jurídico es una totalidad armónicamente ordenada, en la que las normas que la conforman guardan una relación de compatibilidad entre sí, lo que excluye cualquier posibilidad de contradicción permanente [22].

Esto no significa que no existan normas contradictorias, las habrá y constantemente. Sin embargo, esta situación, como bien dice el TC, no debe ser en forma permanentemente, pues en aquellas situaciones será la judicatura y sobre todo la justicia constitucional la encargada de detectar estas patologías para ajustar o eventualmente expulsarlas del ordenamiento jurídico. Precisa el TC que “esta vocación por la coherencia exige la exclusión de cualquier situación en que dos normas que se contradicen en sus consecuencias jurídicas pertenezcan o sigan perteneciendo a un mismo ordenamiento legal”[23]. Todo ello llevará al TC a sostener de manera categórica que el orden jurídico descansa en dos principios: la coherencia normativa y el principio de jerarquía de las normas[24].

 

3. Conclusión

Por todo lo expuesto, podemos concluir que una interpretación literal, tal como la que pretende la Cámara de Senadores del artículo 102.A.1, desconociendo el artículo 25.a y 142.A del Reglamento del Senado, no tiene cobertura constitucional, no por ser inadecuada, sino por ser insuficiente al desconocer la especial naturaleza de las normas constitucionales y las funciones que cumplen al interior del ordenamiento jurídico.

 

Referencias:

[1] Juan Carlos Ruiz Molleda es abogado y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Actualmente, coordina el área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), en la que lidera estrategias jurídicas en defensa de derechos fundamentales y colectivos. Ha trabajado extensamente en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, con énfasis en procesos constitucionales de temas de interés público, como grupos vulnerables y medio ambiente.

[2] Sentencia del TC recaída en el expediente 5854-2005-PA/TC.

[3] Ibídem.

[4] Ibídem.

[5] Ibídem.

[6] Ibidem.

[7] Rafael De Asís Roig, Jueces y normas: La decisión judicial desde el ordenamiento. Madrid: Marcial Pons, 1995, pág. 192.

[8] Ibidem.

[9] Villar Palasí citado por De Asís Roig, op. cit., 1995, p. 192.

[10] Hesse, Konrad: “La interpretación de la Constitución”, en Escritos de Derecho Constitucional. Madrid: CEC,

1992, pág. 48.

[11] De Asís Roig, op. cit., 1995, pág. 206.

[12] José Luis Del Hierro, Introducción al Derecho. Madrid: Editorial Síntesis, 1997, pág. 96.

[13] De Asís Roig, op. cit., 1995, pág. 188.

[14] Ibidem.

[15] STC Exp. Nº. 0005-2003-AA/TC, f. j. 3.

[16] Ibidem.

[17] Ibidem.

[18] Ibidem.

[19] Ibidem.

[20] Ibidem.

[21] Ibidem.

[22] Hans Kelsen, Teoría Pura del Derecho. Buenos Aires: Eudeba, 1987.

[23] STC Exp. N.º 0005-2003-AA/TC, f. j. 3.

[24] Ibidem.

 

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