La declaratoria del río Marañón como titular de derechos. Una sentencia sin precedentes

La declaratoria del río Marañón como titular de derechos. Una sentencia sin precedentes

Área de litigio constitucional y pueblos indígenas del IDL

El pasado 15 de marzo, el Juzgado Mixto de Nauta emitió una sentencia muy importante para el Perú, se trata de la primera en la que se reconoce expresamente derechos fundamentales a la naturaleza, en este caso, el río Marañón, uno de los más largos de la Amazonía. Esta decisión fue el resultado de una demanda presentada por la Federación de mujeres Huaynakana Kamatahuara Kana, representada por Mariluz Canaquiri, miembro del pueblo indígena Kukama, y con apoyo de la iglesia. Las demandantes iniciaron este proceso preocupadas por los constantes derrames de petróleo en el río Marañón, que para la cosmovisión kukama representa un ser vivo¹, y su desvalorización.

El presente análisis se dividirá en dos partes. En la primera, haremos una breve reseña del caso y de la sentencia. En la segunda parte, resaltaremos la importancia y las fortalezas de la sentencia.

 

1. Reseña del caso

La demanda fue presentada el 15 de setiembre de 2021 por la lideresa indígena del pueblo Kukama Mariluz Canaquiri, presidenta de la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, contra Petroperú, el Ministerio del Ambiente, el Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana, la Autoridad Nacional del Agua, el Ministerio de Energía y Minas, la Dirección Ejecutiva de Gestión Ambiental del Gobierno Regional de Loreto y la Gerencia General de Asuntos Indígenas del Gobierno Regional de Loreto.

La federación demandante busca cinco pretensiones: (i) el reconocimiento del río Marañón y sus afluentes como sujeto de derecho, así como el reconocimiento de sus derechos a fluir, a ejercer sus funciones esenciales con el ecosistema, a estar libre de toda contaminación a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, entre otros; (ii) requerir a la Autoridad Nacional del Agua la constitución del Consejo de Cuenca Interregional del Río Marañón, con participación de las organizaciones indígenas de Loreto con capacidad de decisión y la creación de comités de subcuenca o microc|uenca por cada río tributario del bajo Marañón en la región de Loreto; (iii) el reconocimiento y nombramiento del Estado y de las organizaciones indígenas como guardianes, defensoras y representantes del río Marañón y sus afluentes; (iv) el mantenimiento del Oleoducto Norperuano por parte de Petroperú; y (v) actualizar el instrumento de Gestión Ambiental del Oleoducto Norperuano, el cual deberá ser consultado por las comunidades afectadas.

Posteriormente, el juzgado declaró fundada en parte la demanda con base en la siguiente argumentación. Sobre la primera pretensión, la jueza sostiene que, a pesar de que la constitución y el marco jurídico peruano no se adhiere al paradigma de los derechos de la naturaleza ni ha reconocido explícitamente a los ríos como sujeto de derecho, existen instrumentos internacionales ratificados por el Estado peruano y jurisprudencia del Tribunal Constitucional que permiten reconocer una dimensión ecocéntrica. Entre dicha normativa, cita el Caso Punchana (STC Exp. N.° 03383-2021-PA/TC)², en el que reconoce el alcance ecocéntrico de la protección a la naturaleza, así como la fundamentación con base en la identidad y pluralidad cultural. De la misma manera, haciendo control de convencionalidad, cita la Opinión Consultiva N.º 23/17³, en la que señala que el derecho al ambiente sano protege a los componentes del ambiente no solo por la conexión con intereses humanos, sino por la importancia para los demás organismos vivos también merecedores de protección en sí mismos. De igual manera, refiere al Convenio sobre Diversidad Biológica⁴, en el nuevo Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, entre cuyos objetivos están integrar los múltiples valores de la biodiversidad e integrar los derechos de la madre tierra o de la naturaleza como vocabulario innovador. Asimismo, realiza un desarrollo del principio precautorio. Pasando a lo concreto, resalta la importancia del río Marañón para el ecosistema y los daños que ha sufrido en los últimos años a causa de los constantes derrames de petróleo y la minería ilegal. Asimismo, destaca la importancia del río para la subsistencia del pueblo Kukama, y agrega que este tiene especial relevancia para las generaciones futuras.

Por todo ello, ampara la primera pretensión y reconoce que el río Marañón es titular de derechos. Le reconoce varios derechos, como el derecho a fluir, a la biodiversidad nativa, a que se le restaure, a la regeneración de sus ciclos naturales, a la protección. Sin embargo, al mismo tiempo, el juzgado alega que no le corresponde determinar que es sujeto de derecho.

Respecto a la segunda y tercera pretensión, el juzgado constata que no existe un Consejo de Cuencas de Recursos Hídricos en el río Marañón y sus afluentes, por lo que ordena al Gobierno Regional de Loreto realizar las gestiones y establecer los lineamientos para la creación de dicho consejo, el cual debe contar con la participación de las organizaciones indígenas de Loreto. Asimismo, enfatizando en el derecho a la identidad cultural y la normativa internacional sobre defensores del ambiente, el juzgado reconoce al Estado y las organizaciones indígenas como guardianas, defensoras y representantes del río Marañón y sus afluentes.

En cuanto a la cuarta pretensión, la jueza consideró que Petroperú viene ejecutando el trabajo de mantenimiento, supervisión y monitoreo, y señala que los demandantes no presentaron medio probatorio que acredite la falta de mantenimiento, por lo que declara infundada la demanda en este extremo.

Respecto a la quinta pretensión, el juzgado corrobora que desde 2016 se está actualizando el Instrumento de Gestión Ambiental y hasta la fecha no se cuenta con el Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA). Por esta razón, ordena a Petroperú que en seis meses cumpla con los trámites para contar con el PAMA.

Por estas razones, el juzgado declaró fundada en parte la demanda.

 

2. Aspectos positivos

La sentencia es emblemática por muchas razones, entre ellas, encontramos:

a) Primera sentencia en Perú que aplica los derechos de la Naturaleza

Se trata de la primera sentencia en Perú que sigue la línea de los “derechos de la Naturaleza”. Esta corriente lleva décadas de discusión en la doctrina y en la aplicación tiene como país pionero a Colombia, cuando su emblemática Corte Constitucional reconoció que el río Atrato era sujeto de derechos⁵.

Esta contribución del constitucionalismo latinoamericano responde a dos cuestiones: (1) la necesidad de una protección urgente y del más alto nivel ante la ausencia del Estado propia de la realidad latinoamericana y (2) el vivir en países multiculturales con una diversidad de cosmovisiones que reclamaban ser tomadas en cuenta en Estados unitarios y coloniales. Los fundamentos teóricos estrechamente vinculados son dos líneas argumentativas: (i) la perspectiva ecocéntrica, por la cual se reconoce el valor intrínseco de la naturaleza, o en palabras de la Corte Constitucional colombiana:

(…) [P]arte de una premisa básica según la cual la tierra no pertenece al hombre y, por el contrario, asume que el hombre es quien pertenece a la tierra, como cualquier otra especie. De acuerdo con esta interpretación, la especie humana es solo un evento más dentro de una larga cadena evolutiva que ha perdurado por miles de millones de años y por tanto de ninguna manera es la dueña de las demás especies, de la biodiversidad ni de los recursos naturales como tampoco del destino del planeta. En consecuencia, esta teoría concibe a la naturaleza como un auténtico sujeto de derechos que deben ser reconocidos por los Estados y ejercidos bajo la tutela de sus representantes legales, verbigracia, por las comunidades que la habitan o que tienen una especial relación con ella (Sentencia T-622/16, f.j.5.9).

Y (ii) el reconocimiento oficial de los ríos como sujeto de derecho, como parte del derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas, cuyas bases descansan en el pluralismo jurídico. Este reconoce la existencia de un Estado Plural de Derecho, el cual es definido como:

La coexistencia e interacción de diferentes ordenamientos normativos sobre las mismas situaciones sociales en un espacio geopolítico determinado (e. g. Estado-nación, imperio, confederación). (…) Sostienen, en oposición a las teorías monistas que afirman la vigencia de un solo sistema legal en un espacio y tiempo determinado, que diversos «derechos» tienen vigencia social en forma simultánea y conflictiva. En rigor, esta pluralidad es una cualidad estructural de cualquier sociedad porque ninguna está completamente subordinada a una sola fuente productora de derecho (Guevara, 2001, p.327)⁶.

En ese camino, las nuevas constituciones latinoamericanas han integrado expresamente los derechos de la naturaleza, como los casos de Ecuador y de Bolivia, y con ello, jurisprudencia dictada por sus Altos Tribunales desarrollando a profundidad su contenido. En Perú, previamente, no existía un pronunciamiento judicial que reconociera derechos a la naturaleza. En una reciente sentencia, Caso Punchana (STC Exp. N.º 03383-2021-PA/TC), se hace por primera vez un reconocimiento a esta corriente al señalar que “no debe ser excluido ningún enfoque y ninguna fundamentación” en contra del debate sobre la posibilidad del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos, aunque el caso no se enfocó sobre los derechos de la naturaleza. Asimismo, se discutió en el Congreso un proyecto de ley que reconocía “los derechos de la madre naturaleza, los ecosistemas y las especies”. Sin embargo, a nivel de gobiernos locales ya se había reconocido con éxito a algunas cuencas de ríos como sujeto de derecho. Estos avances han sido un cimiento para conseguir la primera sentencia que aplica los derechos de la naturaleza a un río, en este caso, el Marañón. Asimismo, es un precedente que será de mucha importancia para futura jurisprudencia.

b) Reconoce derechos específicos al río Marañón como titular de derechos

Un segundo aspecto positivo es que no solamente se reconoció que el río Marañón es titular de derechos, sino que se especifica cuáles son. De acuerdo a la sentencia, el río Marañón tiene diez derechos: (i) derecho a fluir, (ii) derecho a brindar un ecosistema sano, (iii) derecho a fluir libremente de toda contaminación, (iv) derecho a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, (v) derecho a la biodiversidad nativa, (vi) derecho a la restauración, (vii) derecho a la regeneración de sus ciclos naturales, (viii) derecho a la conservación de su estructura y funciones ecológicas, (ix) derecho a la protección, preservación y recuperación, y (x) derecho a que se encuentre representada.

De una primera lectura, se puede destacar aspectos esenciales para la protección del río Marañón y sus afluentes. Si bien hubiera sido mejor desarrollar brevemente el contenido de estos derechos y aplicarlos al caso concreto, aun así, se puede tener una interpretación clara de lo que implica cada uno.

c) Reconoce que las organizaciones indígenas son representantes, guardianes y defensores del río Marañón

En tercer lugar, resulta muy positivo el reconocimiento de las organizaciones indígenas como representantes, guardianes y defensores del río Marañón. Históricamente, han sido los pueblos indígenas quienes han defendido mejor el ambiente. De acuerdo al informe Los Pueblos Indígenas y Tribales y la Gobernanza de los Bosques, publicado por la FAO en 2021:

Muchos territorios indígenas incluso evitan la deforestación igual o mejor que las áreas protegidas sin población indígena (Porter-Bolland et al., 2012). Por ejemplo, entre 2006 y 2011, los territorios indígenas de la Amazonía de Perú lograron reducir la deforestación más de dos veces más que las áreas protegidas que estaban en lugares con condiciones ecológicas y de acceso parecidas (Schleicher et al., 2017). En la Amazonía de Brasil sucedió algo similar entre 2001 y 2009 (Nolte et al., 2013; Jusys, 2018). Hubo mucho menor deforestación en los territorios indígenas dentro de la Reserva de Biosfera de Bosawás, en Nicaragua, que en otras partes de la biosfera (Stocks, McMahan y Taber, 2007); y las áreas de manejo forestal indígena de la Selva Maya de la Península de Yucatán, en México, sufrieron menos deforestación que las áreas nacionales protegidas (ANP) (Bray et al., 2008).

En otros casos, las áreas protegidas sin población indígena fueron más eficaces en evitar la deforestación que los territorios indígenas, incluyendo a Brasil, entre 2009 y 2014 (Jusys, 2018), Colombia (Armenteras, Rodríguez y Retana, 2009; Bonilla-Mejía e Higuera-Mendieta, 2019), Ecuador (Holland et al., 2014) y Panamá (Vergara-Asenjo y Potvin, 2014). Sin embargo, aún en estos casos, tanto los territorios indígenas como las áreas protegidas sin población indígenas tenían menos deforestación que los otros bosques. (FAO, 2021, pp. 29 y 30)⁷.

Si bien el estudio versa sobre la deforestación, se puede inferir que de igual manera es el caso de los ríos. Es importante resaltar que la eficacia va de la mano con mejor capacidad para hacer frente ya sea a economías legales e ilegales. Los pueblos indígenas no poseen la maquinaria ni el presupuesto que tiene el Estado. Aun así, a pesar de la condición de vulnerabilidad de los pueblos indígenas y los limitados recursos, han logrado una mejor protección de sus territorios. Esto se debe, en gran parte, a los conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas y sus cosmovisiones, que los vinculan íntimamente con su territorio. No obstante, la defensa de sus territorios en un país que los abandona y criminaliza ha producido que los defensores indígenas de derechos humanos y ambientales sean los más susceptibles a situaciones de riesgo y asesinato. En los últimos diez años fueron asesinados 33 indígenas defensores de derechos humanos.

Considerando el rol que han tenido los pueblos indígenas en la protección de su territorio y la necesidad de mejorar la efectividad en proteger a sus defensores, resulta valiosa la decisión de reconocerles como guardianes, defensores y representantes. Cabe resaltar que este rol es compartido con el Estado.

d) Ordena la creación de los Consejos de Cuenca de Recursos Hídricos en el río Marañón

Otra cuestión a destacar fue la constitución del Consejo de Cuencas de Recursos Hídricos en el río Marañón. Estos son espacios institucionales de diálogo, en los que los actores relacionados a la gestión del agua en las cuencas discuten sus problemas a fin de llegar a consensos, toman acuerdos y se comprometen con la implementación de las acciones en sus respectivas cuencas. Su finalidad es lograr la participación activa y permanente de los gobiernos regionales, gobiernos locales, sociedad civil, organizaciones de usuarios de agua, comunidades campesinas, comunidades nativas y demás integrantes del Sistema Nacional de Gestión de los Recursos Hídricos que intervienen en la cuenca, con el objeto de participar en la planificación, coordinación y concertación para el aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos en sus respectivos ámbitos, mediante el Plan de Gestión de Recursos Hídricos en la Cuenca⁸.

En la sentencia, se ordena al Gobierno Regional de Loreto realizar las gestiones para establecer los lineamientos para la creación de los Consejos de Cuencas de Recursos Hídricos en el río Marañón y sus afluencias siendo de su competencia. Asimismo, la promoción del compromiso y participación de las instituciones, incluyendo la participación de las organizaciones indígenas de Loreto, con capacidad de decisión. Esto de acuerdo al Informe Técnico N.° 0011-2023-AAA-AAA.AALAIQ/CPC emitido el 22 de junio de 2023, el cual señala que en los lineamientos para la creación de los Consejos de Cuencas de Recursos Hídricos se establece la norma de que el gobierno regional tiene el rol activo, liderando el proceso de creación y promoviendo el compromiso y la participación de las instituciones de la cuenca para conformar un grupo impulsor que desarrolle sus funciones y competencias.

Este aspecto es muy importante, al igual que el reconocimiento de la categoría de representantes, guardianes y defensores del río Marañón, los consejos de cuencas traerán mayor legitimidad a las comisiones y pueblos que la componen, puesto que, al ser residentes en la ribera del río Marañón, quién mejor que ellos para compartir el estado o situación del río. Cabe resaltar que este rol es compartido con el Estado.

e) Recoge jurisprudencia del Tribunal Constitucional y realiza control de convencionalidad en favor de reconocer el valor intrínseco de la Naturaleza y reconocimiento de organizaciones indígenas como defensores, guardianes y representantes

Un último aspecto importante de la sentencia es que se continúa la línea jurisprudencial iniciada por el Tribunal Constitucional en el mencionado caso Punchana, en el que reconoció el enfoque ecocéntrico, que dice que la protección del ambiente no es exclusivamente dependiendo de los intereses o necesidades humanas y que no existe una única fundamentación de la raigambre constitucional de la protección de la naturaleza, resaltando la importancia de la identidad cultural:

    1. Lo anterior, podría dar pie a un debate doctrinal sobre la concepción que subyace a nuestra denominada “Constitución ecológica” y, por ejemplo, dilucidar si ella alude a una concepción eminentemente antropocéntrica (el valor de la naturaleza sería funcional a las necesidades ser humano); a una raigambre ecocéntrica (el ser humano forma parte de un ecosistema valioso, en el que debe existir equilibrio y armonía); o si, por el contrario, cabe leerla en clave biocéntrica (todos los seres vivos tienen importancia per se, y sus vidas deben ser respetadas, y los seres humanos son uno más entre el universo de seres vivientes).
    2. Al respecto, si bien la Constitución en diversos momentos parece proponer una mirada decididamente antropocéntrica (empezando por el artículo 1 de la Carta fundamental), una lectura desde la propia Constitución ecológica permite entender que el medio ambiente contiene muchos elementos diferentes entre sí que tienen sus propias particularidades (por ejemplo: recursos naturales explotables, biodiversidad, áreas naturales protegidas como “santuarios”) que merecen protección por diversas razones, no todas ellas exclusivamente dependientes de los intereses o las necesidades humanas.
    3. Asimismo, con base en lo establecido en nuestra Constitución, que garantiza la identidad y pluralidad cultural (cfr. artículos 2, inciso 17,19, y artículo 89 de la Constitución), no corresponde establecer de modo excluyente un único motivo ni una exclusiva fundamentación en torno a la raigambre constitucional de la naturaleza y a la importancia de su protección. (STC Exp. N.° 03383-2021-PA/TC).

La sentencia no se queda en el ámbito nacional, sino que realiza control de convencionalidad recogiendo instrumentos internacionales como la Opinión Consultiva N.º 23/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Convenio de Diversidad Biológica con el fin de reconocer el valor intrínseco de la Naturaleza y los derechos de la madre tierra como vocabulario innovador y un valor que los Estados deben integrar para una mejor protección. De igual manera, aplicó el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de Río, para reconocer a las organizaciones indígenas como defensoras, guardianas y representantes del río Marañón.

 

3. Conclusiones  

i) Estamos ante la primera sentencia peruana en la que se reconoce a la naturaleza como titular de derechos. Considera la importancia que tiene el río Marañón para el pueblo Kukama y comunidades ribereñas.

ii) A través del control de convencionalidad, adopta la OC 23/17 de la Corte IDH, el Convenio 169 de la OIT, el Convenio sobre la Biodiversidad y que la naturaleza tiene derechos, así como los derechos de la madre tierra. También se recoge la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Punchana.

iii) Reconoce a las organizaciones indígenas como guardianes, defensores y representantes del río Marañón.

iv) Se ordena al Gobierno Regional de Loreto la gestión de establecer los lineamientos para la creación de Consejos de Cuenca de Recursos Hídricos del río Marañón.

v) Si bien estamos ante una sentencia de primera instancia, consideramos que es el primer paso de un largo camino para proteger el río Marañón de las sistemáticas violaciones a su ecosistema, debido a las actividades extractivas. Reconocer a un río como titular de derecho o sujeto de derecho significa mucho más que otorgarle derechos a un ser vivo, significa respetar las fuentes de agua, respetar la cosmovisión del pueblo Kukama, y otros pueblos que viven a orillas del río Marañón, y quienes lo ven como su única fuente de pervivencia.

 

Referencias:

[1] Ver: https://www.idl.org.pe/mujeres-kukama-dicen-que-su-rio-maranon-es-un-ser-vivo-demanda-pionera-presentada-en-peru/

[2] Ver: https://www.idl.org.pe/el-tribunal-constitucional-ordena-que-se-instale-agua-potable-y-desague-en-asentamientos-humanos-de-punchana-loreto/

[3] Ver: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_23_esp.pdf

[4] Ver: https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf

[5] Ver: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-622-16.htm

[6] Guevara, A. (2001). Las causas estructurales de la pluralidad legal en el Perú. Derecho & sociedad, (16), 325-340.

[7] FAO (2021). Los pueblos indígenas y tribales y la gobernanza de los bosques. Una oportunidad para la acción climática  en América Latina y el Caribe. Santiago. pp.29 y 30.

[8] Ver: https://www.ana.gob.pe/nosotros/planificacion-hidrica/plan-gestion-cuencas#:~:text=Son%20espacios%20institucionales%20de%20di%C3%A1logo,acciones%20en%20sus%20respectivas%20cuencas.

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