La democracia degradada: la ley anti-ONG es muestra de abuso del poder
La ley anti-ONG que acaban de aprobar las bancadas de Fuerza Popular, APP, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Perú Libre, Bloque Magisterial, Honor y Democracia, Avanza País y Somos Perú en el Congreso es mucho más lesiva que el dictamen que se propuso el año pasado. Pretende eliminar a las ONG con sanciones y multas millonarias por actos como “realizar actividades que afecten el orden público”. El que determinará qué es “afectar el orden público” será un funcionario de la APCI. La nueva ley estipula que este organismo tiene la potestad de rechazar los proyectos que no le parezcan, utilizando criterios ambiguos y vagos. Además, debe dar su visto bueno para que se ejecuten los proyectos financiados por la cooperación internacional, por lo que, en la práctica, las ONG pasan a estar controladas por el Estado, siendo organismos privados.
Y la estocada final va dirigida a las ONG de derechos humanos a las que se les impide defender casos en los que se demanda al Estado. Por ejemplo, los padres de los niños que consumieron alimentos de Qali Warma, los familiares de los dirigentes ambientalistas asesinados, los familiares de las víctimas de las protestas de 2022 y 2023 se quedaron sin defensa gratuita. Como se aprecia, es una ley absolutamente inconstitucional porque afecta el derecho de libre asociación, el derecho a la defensa, el acceso a la justicia y viola muchos tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Perú.
¿Por qué el ensañamiento contra estas organizaciones de la sociedad civil? No se trata de transparencia ni fiscalización, sino de una represalia. Es parte de un paquete de medidas autoritarias impulsadas por sectores que buscan debilitar la democracia y el Estado de derecho. Esta coalición en el poder sabe que un sector de ONG -de derechos humanos, ambientalistas, de defensa de mujer – son el último elemento de contención de la democracia. En el caso de la presidenta Boluarte, ella tiene especial interés en desaparecer a las ONG porque es consciente de que lo que más la va a complicar judicialmente, luego de que deje el poder, son los casos de DDHH en los que está implicada.
Actualmente, esta coalición, que se ha formado debido a la alianza entre un sector del Congreso y el Ejecutivo, ha logrado imponer una agenda anti derechos humanos. Recogemos una serie de opiniones de líderes de opinión relacionadas a la aprobación de la Ley anti- ONG y al contexto político profundamente antidemocrático y autoritario en el que vivimos en estos momentos.
1.Ana Neyra (exministra de Justicia- año 2020).
“En el caso de la aprobación de leyes como la ley anti-ONG, lo que está pasando excede a lo jurídico. La falta de límites del Congreso ha sido convalidada por el actual Tribunal C,onstitucional, por medio de una sentencia que le dio gran poder. Ahora el Congreso controla todo, pero no quiere ser controlado. En varios momentos, el contrapeso ha sido el Poder Judicial; por eso el siguiente paso es reformarlo a su medida. Por ejemplo, en el caso de la inhabilitación de altos funcionarios, la Constitución permite inhabilitarlos, pero no lo puede hacer de cualquier manera. Hay parámetros que responden al debido proceso y que no se respetan”.
2.Ruth Luque (Congresista Cambio Democrático-Juntos por el Perú)
“En el Congreso hay un abuso y arbitrariedad del ejercicio del control político o mediante la utilización de mecanismos vía la subcomisión de acusaciones constitucionales. Se van en contra de los actores que han tenido un cargo político: en la lista tenemos a la fiscal de la Nación, hemos tenido a miembros de la Junta Nacional de Justicia, al expresidente del Jurado Nacional de Elecciones. Se trata de una lógica de aplastamiento a cualquiera que se oponga a la línea que ordena el Congreso. No estamos en una democracia. No interesa el debido proceso. La mayoría autoritaria del Congreso quiere quedarse en el poder para seguir manejando el Estado y controlando a los otros poderes. No veo cómo en el 2026 un presidente pueda ejercer sin mayoría, en un parlamento bicameral con un Senado todopoderoso. Estamos ante la destrucción masiva de la democracia. Fuerza Popular, Perú Libre, Renovación Popular han puesto en marcha una campaña muy fuerte en redes contra lo caviar (antes era contra el terrorismo). El autoritarimo está arrastrando a todos. El régimen autoritario ha generado persecusión e instalación del miedo: así se hace fuerte. En el centro del debate están la democracia y los derechos humanos”.
3.Marisol Pérez Tello ( precandidata del partido Primero la Gente)
“La institucionalidad estaba frágil, pero ahora la destruyeron: ha habido seis presidentes en seis años, y 13 ministros del Interior. El control del poder que ya tienen apunta a cargarse los límites y contrapesos. Es un Estado fallido porque no logra que se cumpla la ley. Aquí el Congreso hace la ley para hacer lo que le da la gana. Quieren dar la apariencia de un Estado democrático, pero son las nuevas formas de la dictadura. El año 2026, el poder en el Perú va a cambiar de títeres, pero el titiritero será el mismo. A estos congresistas los digitan. A nivel local, ¿quién se beneficia de lo que hace este Congreso? El crimen organizado. En 2018 el crimen organizado tenía 2 mil personas entre procesados y sentenciados. En 2022, cuando comienzan las modificaciones legislativas, había 200 sentenciados y venían otras sentencias. Y de repente, qué raro: cambian toda la legislación anticrimen para tener impunidad. Se quieren cargar el sistema de justicia. Atrás de esto está la trata de personas, las mafias internacionales, el narcotráfico, el tráfico de armas. Se viene el control de territorios por estos delincuentes. La extorsión es una manifestación de eso. Viene mucha más sangre. Se están cargando a todas las instituciones que trataban de representar a una sociedad civil organizada”.
4.Carlos Rivera (director del IDL)
“El proceso acelerado de degradación de la democracia empezó a fines de 2022. Actualmente, el modelo político no tiene reglas, se ha producido una ruptura del régimen democrático. Hay un acuchillamiento por parte del Congreso. El balance de poderes ha desaparecido. Hay una coalición que cogobierna con la presidenta, y no hay contrapeso que balancee el poder. A esto se suma que está en curso una campaña para demoler el sistema de justicia a través de una reforma del mismo, que se plasma en el proyecto de ley presentado por la congresista Echaíz. Quieren cooptarlo, coparlo, y descabezarlo porque para gobernar sin reglas no deben tener el contrapeso de algunos jueces y de algunos fiscales que son el último elemento de contención. El gobierno de Boluarte se inició con una crisis de derechos humanos que no habíamos visto desde los años 90. Los 50 muertos son una muestra de ello. Existe una estrategia para desmontar las investigaciones, que está relacionada al afán de Boluarte y la coalición que la sostiene de golpear a Fiscalía. Los hechos relacionados a la agenda antiderechos en marcha son: el indulto a Fujimori, el desacato a las sentencias de la Corte, la ley de prescripción de los crímenes de lesa humanidad o Ley Rospigliosi (que no les sirvió porque los pedidos de los policías y militares han sido desestimados). Esto ultimo ha generado esta reacción: quieren retirarnos de la defensa de las víctimas de derechos humanos para que estas personas se queden sin defensa gratuita, cuando el año pasado el Congreso determinó que los jefes de los partidos que tienen bancada sean defendidos con plata del Estado por cualquier delito, no importa cuán grave sea. Y mientras tanto, el MINDEF y el MININTER pagan las defensas de los militares y policías acusados de violaciones de derechos humanos. Tenemos ante nosotros una democracia casi destruida; las reglas elementales de un régimen democrático están pegadas con un hilo. La coalición es una banda sin ningún control. Las instituciones de control político han sido desnaturalizadas. En el caso de los funcionarios acusados (Sagasti, del Solar, etcétera), vemos que cualquier circunstancia puede ser considerada una infracción constitucional. Ya no importa que las imputaciones no se basen en evidencias; lo que importa es hacer un documento formal y el funcionario tiene asegurada una acusación constitucional. La consecuencia de esto es que el ejercicio de la defensa se vuelve una formalidad que termina justificando la acción represiva del Congreso.