La elección fallida: el discurso del caído premier Cateriano sobre la seguridad ciudadana

Área de Seguridad Ciudadana del IDL

Acabamos de asistir a la negación del voto de confianza de quien estuvo a la cabeza, por apenas diecinueve días, de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM): Pedro Cateriano. Durante cuatro horas de presentación ante el Congreso de la República, expuso la situación del país y el plan que tiene el Gobierno para afrontar el año previo al bicentenario. En el pleno, tras largas horas de debate, se decidió no aprobar el gabinete propuesto por Vizcarra. Las inacabables puyas políticas entre los dos poderes del Estado han obviado las actuales condiciones en las que nos encontramos actualmente: la pandemia de la COVID-19, una de las más feroces de la región. Por el lado del Congreso, una grave irresponsabilidad para frenar la crisis política en plena emergencia sanitaria. Y por el lado del caído premier Cateriano, una inquietante preocupación por la reactivación económica, dejando de lado los costos humanos. Y mucho de eso hubo en su discurso: “Como parte de estos esfuerzos a favor de la competencia y en beneficio del ciudadano, fortaleceremos la represión…”. Error, inconsciente o no, que intentó maquillar rápidamente: “…la reprensión de prácticas anticompetitivas”.

Más allá de la lectura política, como Área de Seguridad Ciudadana del IDL nos interesa conocer cuáles son las propuestas que presentó el expremier respecto al tema de la inseguridad ciudadana en su discurso ante el pleno del Congreso. A pesar de la caída del premier, las propuestas que anunció van a continuar en la cartera del Interior. Y esto es algo que podemos corroborar también con el discurso emitido por el presidente Vizcarra hace unos días, con motivo de las celebraciones de Fiestas Patrias. Un mensaje bastante sucinto, por cierto –como el del propio expremier Pedro Cateriano–, para un tema otrora considerado uno de los que tiene mayor importancia para la ciudadanía. Como sea, el Gobierno ha decidido poner todas sus fichas en materia de seguridad ciudadana apostando por el Plan Fortaleza 2020, que analizamos en un artículo anterior. En su discurso, el premier también pasó a hacer una lista de los resultados obtenidos por esta estrategia a la fecha: 40 mil operativos a nivel nacional, desarticulación de 400 bandas criminales, 15 mil personas detenidas por delitos. Un típico día de oficina.

En total, la lucha contra la delincuencia en el discurso de investidura abarcó tres componentes principales: mejoras a los servicios policiales (más comisarias, más efectivos, más centro de emergencia mujer (CEM); mejores mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas para evitar los escándalos de corrupción como aquellos suscitados en la institución policial con la adquisición de material de bioseguridad; y mejoras al sistema penitenciario en medio de la pandemia. ¿Tales promesas son suficientes para frenar la inseguridad?

No lo creemos. Una vez más, desde el Gobierno de turno intenta causar buena impresión en la ciudadanía en el ámbito de la seguridad ciudadana prometiendo acciones rápidas y efectistas que no tocan a fondo el problema de la inseguridad. Para el presidente Vizcarra y el saliente expremier, el control del delito se soluciona con cifras: un aumento “excepcional” de efectivos policiales sin experiencia ni preparación completa; un buen número de operativos policiales, bandas desarticuladas y personas detenidas, que impresiona tanto como el maquillaje de las cifras; nuevas tecnologías que mágicamente pueden luchar contra el crimen sin decir cómo ni si las ya existentes verdaderamente han tenido impacto. Estas son las fórmulas harto conocidas los 28 de julio, en los votos de confianza y en las declaraciones de cualquier ministro del Interior en las últimas décadas. Y probablemente así será con el siguiente premier. ¿Qué hemos cambiado?

Las políticas de prevención del delito, la participación comunitaria, las labores de disuasión –mucho menos espectaculares, pero harto más efectivas– no sirven para el aplauso popular. Y lo que es peor: tampoco para la acción estatal. Al parecer, quedan arrinconadas en discursos pomposos que sirven para rellenar documentos. ¿Esto pasará también con la Política Nacional de Seguridad Ciudadana 2021-2031 que se presentará, según dijo Cateriano, en enero próximo? ¿Lo mismo con la Política Nacional frente a la Trata de Personas y Otras Formas de Explotación? Probablemente sí: apenas queden en el discurso, y se vean postergadas sin tener acciones verdaderamente efectivas, como ha sido en el fracaso –por poner un ejemplo– de la lucha por disminuir la violencia contra la mujer. Por cierto, un problema prácticamente invisibilizado por el Gobierno de Vizcarra en sus discursos, tomando en cuenta la evidente cantidad de subregistros que han existido durante el confinamiento por la pandemia.

Por otro lado, es un hecho ineludible que pese a las pocas menciones explicitas sobre el tema de la seguridad, las inclusiones subrepticias del tema en otros asuntos “prioritarios” se encuentran mucho más presentes. Así, gran parte del discurso sirvió para señalar la reactivación económica por la cual el Estado y el gabinete Cateriano estarían apostando: “La minería es sin duda la columna vertebral de la economía del Perú.” Pero en ninguna parte del discurso encontramos mención acerca de los mecanismos que emplearía el Gobierno para garantizar que la inclusión cada vez más prolongada de las Fuerzas Armadas en el control de la seguridad se dé en el marco de la ley y la protección de los derechos humanos. Esto incluye zonas de conflicto social por actividades extractivas, donde abundan los enfrentamientos de militares y policías contra manifestantes, como sucedió en Espinar donde la protesta ciudadana nuevamente ha alzado voz, con muchos heridos y detenidos de por medio.

Así las cosas, no se presenta un panorama muy alentador. “Más de lo mismo” es la frase popular aquí presente. No hay duda de que el contexto de pandemia es a todas luces un escenario de desafíos para nuestra sociedad, y particularmente para el Estado. Pero también se convierte en un espacio de oportunidades para las políticas de acción conjunta, mejorar los planes de seguridad locales, abrir mejores canales de diálogo, e ir acabando con los discursos y las prácticas efectistas (y mal focalizadas) en torno a la seguridad ciudadana. Como van las cosas, no parece que este sea el caso de la conducción llevada por Vizcarra, su nuevo premier ni quien conduzca la cartera del Interior. Esperamos equivocarnos. La continuidad de la pandemia, y más aún con un nuevo pico a cuestas, no hace más que poner en evidencia los problemas más graves que como nación hemos ido acumulando. Y para la ciudadanía peruana, la inseguridad ciudadana sigue siendo uno de los principales por resolver.

Quizá entonces la mayor pregunta que podemos hacernos en función del discurso del Gobierno de Vizcarra, y de su extinto premier, es: ¿para quién se está pensando la seguridad en esta nueva fase?