La emergencia sanitaria alarga más los interminables procesos por violaciones de derechos humanos
El juicio oral por la desparición de Guadalupe Ccallocunto Olano se había iniciado en marzo de este año. Cuando se produjo el hecho, las investigaciones del Ministerio Público llegaron a un punto muerto. Había evidencias de que personal militar la había secuestrado, pero el Comando Político Militar negó el hecho.
En el año 2000 se reabrió este caso, por medio de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Ministerio Público realizó una nueva investigación que duró años, el juicio oral recién empezó en marzo de este año, y ahora está nuevamente paralizado hace tres meses por el estado de emergencia.
El esposo de Guadalupe Ccallocunto – Eladio Quispe- desapareció en 1983, y ella fue una de las fundadoras y activista de la Asociación de Familiares de Desaparecidos en Ayacucho. En 1990, ella desaparece.
“De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público se ha determinado a los presuntos responsables. Ese año el Comando Militar de Huamanga, comandado por el general Petronio Fernández Dávila, toma la decisión de eliminar a los defensores de derechos humanos. Desaparece Ángel Escobar Jurado en el mes de febrero, Eladio Mancilla Calle en junio, y en el mismo mes Guadalupe Ccallocunto, que estaba en Huamanga ayudando a la esposa de Mancilla”, sostiene Carlos Rivera, abogado del Área de Defensa del IDL.
Para Carlos Rivera los casos de derechos humanos tienen la característica particular de ser procesos muy largos, con el agregado de que esta paralización por la Covid-19 afecta doblemente a los casos de violaciones a los derechos humanos. “Después de treinta años de haberse producido los hechos, cada día que pasa complejiza mucho más la expectativa de alcanzar justicia”, añade.