La fuga de Hinostroza es la crisis de la justicia coronada con la impunidad: el Congreso y el Ministerio Público deben asumir su responsabilidad
Por: Justicia Viva
Los medios de comunicación han confirmado que el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi, ha huido del país y que se encuentra en Madrid desde las 1.43 p.m., hora peruana. Este es un gravísimo hecho, producto de una cadena de responsabilidades.
La huida de César Hinostroza es un golpe letal a la alicaída institucionalidad del sistema de justicia y del Estado. No es posible que un ex juez supremo, el principal actor de la mayor red de criminalidad organizada en la justicia, con impedimento de salida del país, haya logrado fugarse. Este hecho no hace sino confirmar la peligrosidad de esta red criminal, y la adopción de todas las medidas legales e ilegales para burlar a la justicia.
El Congreso de la República debe asumir política y legalmente su responsabilidad, por la demora del trámite correspondiente. La Mesa Directiva debe renunciar y dar paso a otra, conformada por congresistas que no integren los partidos políticos que están comprometidos con los audios que los involucran con el ahora prófugo Hinostroza. De lo contrario, no hay la más mínima condición de gobernabilidad en esta crisis que se agudiza.
El Ministerio Público debe también asumir su responsabilidad en esta huida. Debió estar al pendiente del trámite de ejecución de la decisión que puso a Hinostroza a su disposición para que sea investigado. Su mayor representante, el Fiscal de la Nación, debe dar un paso al costado no solo por esta grave falta de diligencia para asumir su rol constitucional de defensor de la legalidad, sino porque está involucrado en el caso. Se quebró toda garantía y credibilidad. El Ministerio del Interior, especialmente la oficina de Migraciones, le debe una explicación al país por el tipo de resguardo de las fronteras que ha permitido esta fuga.
Este hecho hace ver que la red de criminalidad organizada destapada por los CNMaudios y su influencia se encuentra aún en el Estado. URGE que los demás actores de la red sean denunciados debidamente (como los 4 ex consejeros del Consejo Nacional de la magistratura y el congresista Héctor Becerril que fueron blindados por el Congreso), y que haya cambios en la Fiscalía Suprema y el Poder Judicial que permita realmente investigar a toda la red y conseguir justicia.
Es el momento para que los jueces y fiscales que vienen cumpliendo a contracorriente su labor contra el crimen y las mafias sean más protegidos por el Estado y la ciudadanía, en lugar de ser objeto de campañas de desprestigio y amedrentamientos tanto dentro como fuera de sus instituciones.
El Instituto de Defensa Legal viene desde el 2009 alertando sobre los peligros que representaba el ex juez Hinostroza, en su afán de ser fiscal supremo. El grupo de jueces del cual procede en el Callao hoy han sido descubiertos con los CNMaudios, así como la complicidad con la que contó con los ex consejeros del CNM para alcanzar el cargo más alto de la judicatura, el de juez supremo en el 2015. Los derechos de participación ciudadana y libertad de prensa fueron ejercidos cabalmente, pero la irresponsabilidad y complicidad de diversos órganos de control del Estado dejaron finalmente que avanzara en sus propósitos. Hoy, descubierto y fugado, nos plantea la urgencia de una real reforma para el control y la prevención de las redes de poder en el sistema de justicia, de la mano siempre con la sociedad civil organizada.
Hinostroza Pariachi no puede quedar impune. Y tampoco la red de corrupción revelada.