La inconstitucionalidad del “seguimiento” de la APCI contra las ONG
Juan Carlos Ruiz Molleda[1]
La Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) está pasando de la fiscalización de las organizaciones no gubernamentales (ONG) a la “injerencia” arbitraria y desproporcionada en el funcionamiento interno de aquellas. En efecto, la APCI está enviando cartas a las ONG para realizar “seguimiento” a proyectos que acaba de fiscalizar hace poco, el cual busca evaluar el cumplimento de los objetivos, de las metas y de las estrategias de los proyectos ejecutados por las ONG; todo ello sin tener facultades legales ni constitucionales para hacerlo. El problema es que el “seguimiento”, a diferencia de la “fiscalización”, es más intrusivo, más invasivo en el funcionamiento y en la dirección de las ONG. En efecto, constituye una injerencia injustificada en el trabajo interno de las ONG.
El objetivo de este artículo es analizar si esa injerencia, que se concreta en el “seguimiento”, tiene cobertura legal y constitucional, o estamos ante el ejercicio de actos arbitrarios de competencias y facultades legales que no tiene. En concreto lo que vamos a demostrar es que APCI no tiene facultad para realizar “seguimiento” a las ONG.
Comenzamos por diferenciar las funciones de “fiscalización” y de “seguimiento”. La diferencia entre fiscalizar y hacer seguimiento a una ONG radica principalmente en la intensidad del control, su finalidad y las facultades de la autoridad. Fiscalizar es una potestad pública, mediante la cual el Estado verifica si una organización cumple con las obligaciones que le impone la ley. Tiene una base legal expresa y puede dar lugar a sanciones. El seguimiento, en cambio, consiste en observar, monitorear o recopilar información sobre el desarrollo de las actividades de una organización para verificar su evolución o el cumplimiento de determinados objetivos. No necesariamente implica una investigación de infracciones ni el ejercicio de potestad sancionadora.
1. No existe ninguna norma de rango legal que, de manera clara y expresa, le otorgue a APCI facultades de seguimiento a las ONG
En primer lugar, debemos afirmar que no existe ninguna norma de rango legal que le otorgue a APCI facultades de seguimiento a ONG de manera clara y expresa. En efecto, el “Programa Anual de Seguimiento de Programas y Proyectos de CTI 2026”, aprobado por Resolución Directoral Ejecutiva 041-2026/APCI-DE[2], cita el artículo 8 del Decreto Legislativo N.º 719[3] como fundamento de rango legal para sustentar el seguimiento.
“Artículo 8.-
[…]
El seguimiento, es la etapa en la cual los organismos del Sector Público, encargados de la cooperación técnica internacional, supervisan el cumplimiento normal de los objetivos y metas del proyecto, así como su estrategia de operación” (resaltado nuestro).
No obstante, el propio artículo 1 del Decreto Legislativo N.º 719 establece que solo se aplica este cuerpo normativo a la cooperación técnica internacional que gestionan “organismos del Estado”, es decir, no se aplica a la cooperación que gestionan organismos no estatales.
Artículo 1.- La presente Ley establece las normas generales a que se sujeta la cooperación técnica internacional que se gestiona a través de los organismos del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado (resaltado nuestro).
El “Programa Anual de seguimiento” también cita como fundamento de la facultad de seguimiento el artículo 3.1 de la Ley 27692, Ley de Creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional – APCI, modificado por la Ley 28925[4]. Sin embargo, el mencionado artículo solo regula la facultad de “supervisión”, mas no de “seguimiento”.
3.1 La APCI es el ente rector de la cooperación técnica internacional y tiene la responsabilidad de conducir, programar, organizar, priorizar y supervisar la cooperación internacional no reembolsable, que se gestiona a través del Estado y que proviene de fuentes del exterior de carácter público y/o privado, en función de la política nacional de desarrollo, y por consiguiente gozan de los beneficios tributarios que la ley establece.
Se encuentran excluidas del ámbito normativo de la presente Ley, las entidades que gestionan cooperación internacional sin la participación de los organismos del Estado; salvo que hagan uso de algún privilegio, beneficio tributario, exoneración, utilicen de alguna forma recursos estatales o que la entidad cooperante originaria sea un organismo bilateral o multilateral del que el Estado es parte (resaltado nuestro).
En el mismo “Programa Anual de Seguimiento”, también se cita el artículo 4 de la Ley 27692[5] como fundamento de la facultad de seguimiento. Sin embargo, la función de seguimiento que se reconoce solo es para los fondos de contravalor generados por la Cooperación Técnica Internacional. Las ONG que no utilizan fondos contravalor, en consecuencia, no deben ser objeto de seguimiento.
Artículo 4.- Funciones
La APCI tiene las siguientes funciones:
[…]
h) Participar en el seguimiento, administración y evaluación de la utilización de los fondos de contravalor generados por la Cooperación Técnica Internacional; (resaltado nuestro)
Así, podemos concluir que la facultad de seguimiento que APCI pretende ejercer sobre las ONG carece de reconocimiento de norma de rango legal si es que no utilizan fondos contra valor.
Ahora bien, en un Estado Constitucional como el nuestro, el poder del Estado “solo” puede ser ejercido en el marco de sus competencias y facultades establecidas en la Ley y en la Constitución. Es decir, solo el Congreso, en su condición de titular de la representación nacional, puede establecer las facultades y competencias. Como precisa el artículo 45 de la Constitución en relación con el poder el Estado,
“Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen” (resaltado nuestro).
Dicha norma es desarrollada por el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Ley 27444[6], el cual precisa de manera clara:
“Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas” (resaltado nuestro).
Incluso el artículo 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos[7], norma de rango constitucional, establece que las restricciones que se establezcan a derechos fundamentales solo pueden hacerse a través de leyes. En este caso, el seguimiento constituye una restricción a la autonomía de la voluntad y al derecho a la asociación de las ONG.
Artículo 30. Alcance de las Restricciones
Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas (resaltado nuestro).
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH en adelante) en su Opinión Consultiva 06[8], del año 1986, en relación con lo que debe entenderse por leyes, precisa en su parte resolutiva:
“que la palabra leyes en el artículo 30 de la Convención significa norma jurídica de carácter general, ceñida al bien común, emanada de los órganos legislativos constitucionalmente previstos y democráticamente elegidos, y elaborada según el procedimiento establecido por las constituciones de los Estados Partes para la formación de las leyes” (resaltado nuestro).
Con ello, la conclusión es evidente. La APCI está ejerciendo una facultad que no le ha sido reconocida en ninguna norma de rango legal.
2. Mediante un reglamento, no se puede crear una potestad de la APCI que no fue reconocida en la ley previamente
Ahora bien, las comunicaciones que la APCI está enviando a las ONG invocan que la facultad de seguimiento tiene cobertura en normas reglamentarias, es decir, de rango infra legal, como el artículo 47 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la APCI (Resolución Directoral Ejecutiva 006-2026-APCI-DE)[9].
Artículo 47.- Funciones de la Dirección de Seguimiento y Fiscalización
Son funciones de la Dirección de Seguimiento y Fiscalización, las siguientes:
[…]
c) Realizar el seguimiento y evaluación de los proyectos que forman parte de la cooperación oficial; (Resaltado nuestro)
También cita el Programa Anual de Seguimiento de APCI, el artículo 3.1 del Decreto Supremo 032-2025-RE[10], como fundamento de la facultad de seguimiento:
Artículo 3.- Finalidad y competencias
3.1 La APCI tiene como finalidad planificar, programar, suscribir, administrar, coordinar, canalizar, registrar, dar seguimiento, evaluar y fiscalizar los recursos de CTI en el Perú, con el propósito de asegurar que los recursos provenientes del exterior se orienten al interés público, a las prioridades del desarrollo nacional, la política exterior y cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado (resaltado nuestro).
No obstante, al carecerse de una norma legal (rango legal) que haya reconocido de manera clara y expresa la facultad de “seguimiento” a APCI, las normas reglamentarias (rango infra legal) que han “creado” esta facultad son inconstitucionales en ese extremo, pues han violado el artículo 118.8 de la Constitución, que establece que no se puede desnaturalizar una ley al momento de reglamentarla, es decir, que la autoridad gubernativa no puede ir más allá de lo que la ley ha establecido, como ocurre en este caso.
Artículo 118°.- Corresponde al Presidente de la República:
[…]
8. Ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni desnaturalizarlas; y, dentro de tales límites, dictar decretos y resoluciones (resaltado nuestro).
Estamos ante un claro ejemplo de inconstitucionalidad por la forma, pues se ha aprobado normas por un procedimiento diferente al establecido en la Constitución. En otras palabras, al momento de reglamentarse la ley, el gobierno no ha respetado los límites impuestos por ella.
3. Una norma que es “manifiestamente inconstitucional” no debe ser aplicada por la APCI
Asimismo, si bien se presume la constitucionalidad de las normas jurídicas legales o reglamentarias, el principio de legalidad no puede estar por encima del principio de constitucionalidad. En efecto, en virtud del principio de presunción de la constitucionalidad, se puede presumir que las normas reglamentarias que reconocen la facultad de seguimiento a la APCI se encuentran de conformidad con la Constitución, hasta que el Tribunal Constitucional (TC) o algún juez en ejercicio de la jurisdicción constitucional o de control difuso se pronuncie, declarándola inconstitucional o declarándola inaplicable el reglamento en cuestión. Para el TC, este principio
“se presume que está y las demás normas dictadas por el Estado se toman por constitucionales, salvo prueba en contrario” (STC Exp. N.º 03556-2003-HC/TC, f. j. 3)[11].
De conformidad con el principio democrático y por un criterio de seguridad jurídica, se deberá presumir que las normas legales y reglamentarias, son constitucionales y son válidas. No obstante, el TC ha establecido una excepción, que a continuación entraremos a explicar.
El principio de constitucionalidad está por encima del principio de legalidad. Como señala el TC:
“el principio de legalidad en el Estado constitucional no significa simple y llanamente la ejecución y el cumplimiento de lo que establece una ley, sino también, y principalmente, su compatibilidad con el orden objetivo de principios y valores constitucionales” (STC Exp. N.º 3741-2004-AA, f. j. 15).
El artículo III del Título Preliminar de la Ley 27444 precisa:
“La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general” (resaltado nuestro).
El TC ha precisado que:
“en los supuestos de manifiesta inconstitucionalidad de normas legales o reglamentarias, la Administración no sólo tiene la facultad, sino el deber de desconocer la supuesta obligatoriedad de la norma infraconstitucional viciada, dando lugar a la aplicación directa de la Constitución” (STC Exp. N.º 04053-2007-HC/TC, f. j. 13)[12].
El TC ha precisado:
«Por ello es intolerable que, arguyendo el cumplimiento del principio de legalidad, la administración pública aplique, a pesar de su manifiesta inconstitucionalidad, una ley que vulnera la Constitución o un derecho fundamental concreto. En definitiva, esta forma de proceder subvierte el principio de supremacía jurídica y de fuerza normativa de la Constitución y la posición central que ocupan los derechos fundamentales en el ordenamiento constitucional, en el cual «la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado (artículo 1º)” (STC Exp. N.º 3741-2004-AA, f. j. 12).
El propio TC ha señalado:
“que la situación que es manifiestamente inconstitucional no permanezca en el tiempo, a pesar de la declaratoria de inconstitucional de las ordenanzas antes mencionadas” (STC Exp. N.º 00001-2013-AI, f. j. 38).
Para el profesor Luis Castillo Córdova, una “interpretación o una decisión manifiestamente inconstitucional, ha de ser tenida como derecho inválido al punto que estará justificado no requerir la declaración de inconstitucionalidad por ningún otro órgano, para conseguir que todos los operadores jurídicos le desconozcan eficacia jurídica”[13].
En otra oportunidad, este autor ha sostenido que cuando la violación a la Constitución es manifiesta, no es necesario un pronunciamiento judicial.
“Una decisión puede ser inconstitucional de modo manifiesto o no. Será del primer tipo cuando no pueda ser sostenida ninguna razón a favor de su constitucionalidad, y si alguna es mostrada es tan extremadamente débil que se convierte en razón aparente. Las del segundo tipo son decisiones que contravienen la Constitución, pero que permiten a su favor alguna razón, que aunque débil y derrotada por una razón distinta y más fuerte, no deja de ser razón. Así definidas, las decisiones manifiestamente inconstitucionales significan un abierto e innegable desprecio por los principios jurídicos y políticos que, recogidos en la Constitución, conforman el fundamento de nuestra convivencia. Es precisamente la ausencia de toda razón así como la deslealtad para con estos fundamentos, que de lo manifiestamente inconstitucional puede ser dicho que no ha nacido al derecho”[14].
Como señala Luis Castillo Córdova, a propósito de una sentencia inconstitucional, “en ese caso, que la sentencia favorable al recurrente en el proceso de cumplimiento fue tan manifiestamente irrazonable que no podía reconocérsele valor jurídico alguno”[15]. Añade: “que es manifiestamente inconstitucional por ser manifiestamente irrazonable”[16].
Esto significa que el principio de legalidad, que se puede invocar para exigir el cumplimiento de una facultad de seguimiento de APCI, reconocida solo a través de normas reglamentarias, pero no de normas legales como exige la Constitución, solo será válido cuando estas normas reglamentarias sean compatibles con la Constitución, es decir, cuando el procedimiento para su elaboración ha respetado la Constitución, lo cual no ocurre en el presente caso
Es decir, cuando estemos ante normas reglamentarias como las aquí invocadas, que violan la Constitución y sobre las cuales no se tenga alguna razón para sustentarla, estaremos ante una inconstitucionalidad manifiesta, y en tal sentido, estas no deberán ser cumplidas. En otras palabras, cuando estemos ante una norma reglamentaria “manifiestamente inconstitucional” o “manifiestamente inconvencional” (se ha violado el artículo 30 de la CADH), es decir contrarias a la Constitución, deberá inaplicarse las mismas, de conformidad con la jurisprudencia vinculante del Tribunal Constitucional antes mencionada[17].
En consecuencia, consideramos que la APCI no tiene facultad para iniciar procedimientos de “seguimiento” a ninguna ONG en general. En otras palabras, la facultad de seguimiento de la APCI a las ONG resulta reñida e incompatible con el ordenamiento constitucional.
Como precisa el artículo III del Título Preliminar de la Ley 27444, que vincula a la APCI:
“La presente Ley tiene por finalidad establecer el régimen jurídico aplicable para que la actuación de la Administración Pública sirva a la protección del interés general, garantizando los derechos e intereses de los administrados y con sujeción al ordenamiento constitucional y jurídico en general”.
4. Conclusión
En conclusión, considerando que la APCI no tiene un mandato expreso e inequívoco sobre la capacidad de hacer seguimiento a los proyectos financiados por la cooperación internacional, y que pretende, en el curso del llamado seguimiento, dar orientaciones sobre la conducción de los mismos, en los hechos estamos ante un procedimiento en que la APCI pretende inmiscuirse de manera indebida e ilegal en las ONG que fiscalizan y cuestionan al Gobierno, para condicionar los proyectos, planes, programas o actividades, como si se tratara de acciones ilícitas que merezcan la corrección del Estado. Esto vacía el contenido esencial del derecho a la asociación, el cual se sustenta en la autonomía organizativa.
Referencias:
[1] Juan Carlos Ruiz Molleda es abogado y magíster en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Actualmente, coordina el área de Justicia Constitucional y Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), en la que lidera estrategias jurídicas en defensa de derechos fundamentales y colectivos. Ha trabajado extensamente en la promoción y defensa de los derechos de los pueblos indígenas, con énfasis en procesos constitucionales de temas de interés público, como grupos vulnerables y medio ambiente.
[2] Ver: https://www.gob.pe/institucion/apci/normas-legales/8081375-041-2026-apci-de
[3] Ver: https://www.gob.pe/institucion/minjus/normas-legales/1934183-719
[4] Ver: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/279288/250656_Ley28925.pdf20190110-18386-evew9h.pdf?v=1547170895
[5] Ver: https://faolex.fao.org/docs/pdf/per33271.pdf
[6] Ver: https://www.presidencia.gob.pe/integridad-institucional/docs/LEY-N-27444-d.pdf
[7] Ver: https://www.oas.org/es/cidh/mandato/documentos-basicos/convencion-americana-derechos-humanos.pdf
[8] Ver: https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_06_esp.pdf
[9] Ver: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/9306550/7633504-rde-n-006-2026-apci-de-aprobar-el-texto-integrado-del-reglamento-de-organizacion-y-funciones-rof-de-la-agencia-peruana-de-cooperacion-internacional-apci.pdf
[10] Ver: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8686506/7190683-reglamento-de-la-ley-n-27692.pdf?v=1758305013
[11] Ver también: 0009‐2007‐PI/TC y 0010‐2007‐PI/TC (acumulados), f. j. 17; exp. Nº 00030‐2005‐AI/TC, f. j. 53; exp. Nº 00030‐2005‐AI/TC, f. j. 53; 0004‐2006‐PI/TC, f. j. 135.
[12] Ver también STC Exp. N.º 0050-2004-AI/TC, 0051-2004-AI/TC, 0004-2005-PI/TC, 007-2005-PI/TC, 009-2005-PI/TC.
[13] Castillo, L. (2015), La validez jurídica de las interpretaciones y decisiones del Tribunal Constitucional, en Castillo, L. (coordinador), ¿Son anulables las sentencias del Tribunal Constitucional? Análisis de la sentencia N° 4617-2012-PA en el caso Panamericana Televisión, Cuadernos sobre jurisprudencia constitucional número 10, Lima julio, pág. 175.
[14] Luis Castillo Córdova, Prohibido equivocarse: la inconstitucionalidad del informe que acusa a los magistrados del TC, lunes, 18 de Diciembre del 2017. Disponible en: https://laley.pe/art/4486/prohibido-equivocarse-la-inconstitucionalidad-del-informe-que-acusa-a-los-magistrados-del-tc.
[15] Luis Castillo-Córdova, Análisis de algunas recientes normas procesales constitucionales creadas por el Tribunal Constitucional, Perú, enero de 2011, pág. 17. Disponible en: https://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handle/11042/2088/Analisis_algunas_recientes_normas_procesales_constitucionales_creadas_tribunal_constitucional.pdf?sequence=1.
[16] Ibídem, pág. 21.
[17] Esta jurisprudencia es doctrina constitucional y es vinculante de acuerdo con el tercer párrafo del artículo VII del Título Preliminar del Nuevo Código Procesal Constitucional, aprobado por Ley 31307. Según dicha norma “Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional”.
