La inseguridad ciudadana y la creciente percepción del miedo: ¿Cuál es la respuesta del estado?
Celinda Pérez, George Matienzo
IDL-Seguridad Ciudadana
El día 5 de mayo del presente año, se realizó la mesa de diálogo “La inseguridad ciudadana y la creciente percepción del miedo: ¿Cuál es la respuesta del Estado?”. Se contó con la presencia de destacados especialistas en materia de seguridad ciudadana.
Para dar inicio al diálogo, el equipo de IDL-Seguridad Ciudadana planteó la problemática de inseguridad de la situación actual. Se establecieron tres puntos importantes. El primero de ellos fue el contexto, tanto social y político de la postpandemia: una situación de crisis política permanente y muy aguda durante los últimos meses. Este contexto conlleva a que el Estado tenga otras prioridades en su agenda y el torrente de criminalidad continúe en proceso, lo que a su vez genera desconfianza en la ciudadanía sobre la capacidad de las autoridades y sus instituciones para dar soluciones efectivas. Esto guarda relación directa con el segundo punto, los índices de victimización prácticamente han retomado a niveles de prepandemia y las denuncias policiales se encuentran entre las estadísticas más altas del último quinquenio. En el caso de Lima Metropolitana, los indicadores se concentran en los distritos populares y de mayor cantidad poblacional. En el tercer punto se planteó que la percepción de inseguridad es alimentada por discursos de miedo que tienen alta difusión en los medios de comunicación masivos; se advierte del uso político de la inseguridad para virar la atención de temas como la corrupción o la crisis política.
Los especialistas invitados participaron del diálogo brindando aportes sustanciales al respecto. Gloria Montenegro, excongresista y exministra de la Mujer, resaltó la complejidad del problema de la inseguridad y compartió su experiencia como funcionaria pública frente a esa situación. Ella enfatizó que la inseguridad está relacionada con la desorganización, la corrupción e, indefectiblemente, la política. Además, resaltó la necesidad de la participación de la comunidad, una mejora sustancial en la gestión de estadísticas con respecto a la criminalidad desde las instituciones del Estado y la acción microterritorial para mejorar el trabajo articulado de todas las instancias.
El coronel PNP Guillermo Bonilla enfatizó en la prevención del delito como parte fundamental de la seguridad ciudadana y en la especialización de los agentes policiales. Además, resaltó la importancia de la seguridad nacional y las amenazas de los remanentes terroristas en el VRAEM, los delitos ambientales y los delitos informáticos.
Por su parte, Luis Francia, experto en derecho penal y sistema penitenciario se refirió a la realidad penitenciaria del país postpandemia, enfatizando un uso racional de las cárceles. También hizo hincapié en que hay una población vulnerable en donde se encuentran las víctimas mujeres de trata, violencia sexual y explotación laboral, por tanto, debería enfatizarse en esos delitos que afectan al proyecto de vida de mujeres jóvenes. Además, en cuanto al rostro actual de la criminalidad, propone que se ha reconfigurado al dársele un carácter extranjero –específicamente venezolano–, al crimen. Sin embargo, advirtió que del total de población penitenciaria solo hay un 2.7% de venezolanos; si se compara con la tasa de población peruana en cárceles extranjeras, esta última es más alta. Por ello, le parece importante evitar el discurso xenofóbico y criminalizante por ser errado; además advirtió el uso político de la seguridad ciudadana que puede culminar en graves recortes de derechos.
Juan Huambachano, exgerente del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, puso el foco en lo inexactas y desactualizadas que están algunas cifras que se consideran para tomar las decisiones sobre la materia de seguridad. Además, advierte una ausencia de liderazgo de las autoridades, una débil gestión de los Gobiernos regionales y locales, y dificultades técnicas para acreditar el cumplimiento de las políticas. Como consecuencia, esto trae una débil participación de la ciudadanía en el proceso de elaboración de planes de seguridad ciudadana. Recomienda apuntar a intervenciones focalizadas y transitar de indicadores de cumplimiento a indicadores de eficiencia.
Por su parte, Percy Castillo Torres, adjunto de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, planteó la evaluación y modernización del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana. Asimismo, cumplir los planes de modernización de la Policía, aumentar los recursos y una mejor capacitación del personal.
En el caso de Tulio Salazar, especialista en seguridad ciudadana y seguridad integral, hace hincapié en la necesidad de que las autoridades conozcan y cumplan su función con respecto a la seguridad ciudadana. Además, pone énfasis en las funciones persuasivas, disuasivas y comunitarias del Serenazgo, limitando así el discurso populista que quiere verlos combatir el delito sin una preparación ni herramientas adecuadas para las cuales no están preparados.
Clarita Vargas, presidenta de Coaliciones-Seguridad Ciudadana, planteó la necesidad de actualización de los planes y que las autoridades competentes deban involucrar a la comunidad en la elaboración y ejecución del plan de seguridad ciudadana. Es importante que la seguridad ciudadana sea una acción planificada y en consenso con todos los actores.
Y, por último, Eduardo López, experto en seguridad ciudadana, destacó la importancia de las políticas de Estado para poder construir soluciones. También recomendó evaluar las trabas burocráticas que dificultan el acceso a seguridad ciudadana. Sin una administración dispuesta a combatir seriamente el delito, sería imposible hacerlo retroceder.
El evento cerró con reflexiones finales por parte de los asistentes y un balance sobre todos los temas abordados. Se puso espacial énfasis en las diversas dimensiones de la seguridad ciudadana: entenderla como un derecho a la seguridad, la dignidad y la integridad; una política pública debidamente planificada; y una acción en consenso con todos los actores pertinentes, incluyendo la sociedad civil a quien le afecta.