La Junta Nacional de Justicia en medio de la pandemia: Avances, retrasos y un balance a medio año de su existencia

Luis Purizaga, Justicia Viva

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) inició sus labores en enero de este año. Con un gran trabajo pendiente, una de sus primeras decisiones fue elaborar un plan de trabajo a 180 días, bajo la consigna de “consolidarse como una institución firme que aplica con la más plena independencia procesos justos, transparentes y eficaces en la incorporación y separación de jueces y fiscales…”[1].

Las expectativas que tenían –y aún tenemos– los ciudadanos y ciudadanas respecto al trabajo de la JNJ son altas. Tiene que reconstruir una institucionalidad dejada por los suelos debido al accionar de los últimos consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), revisar los procesos llevados a cabo por estos, investigar y sancionar a jueces y fiscales incluyendo de nivel supremo que estén involucrados en la red de corrupción de “Los Cuellos Blancos del Puerto”, elegir a las personas titulares de la RENIEC y la ONPE (cuyo último jefe estuvo involucrado también en casos de corrupción y que terminó renunciando debido a las investigaciones); todo esto con una elección congresal y presidencial a puertas y ahora, en medio de una pandemia que persiste luego de la declaración del estado de emergencia nacional.

¿Qué tanto de ese plan de trabajo inicial a 180 se ha podido avanzar?[2] O mejor aún, ¿qué tanto de ese plan es posible avanzar ahora en medio de este contexto de pandemia, en donde todo pareciese ir cuesta arriba? ¿Qué pasará, por ejemplo, con los jueces y fiscales supremos investigados en diversas instancias por ser parte de la red de “Los Cuellos Blancos del Puerto”?

En julio, la JNJ ha dictado las medidas provisionales de suspensión en el cargo por seis meses, a tres magistrados supremos involucrados (el fiscal Tomás Gálvez, el fiscal Pedro Chávarry y el juez Martín Hurtado), luego de meses en que por diversas razones parecía que no se avanzaba (por ejemplo la pandemia, el presupuesto, las demora de contrataciones necesarias, entre otros); lo que no significa que todo está resuelto y que está asegurada la no impunidad, pero sí que existen también las condiciones para que se puedan dar estos importantísimos pasos.

Dicho ello, es necesario señalar los retos que continúan. Por ejemplo: por un lado, seguir abriendo investigaciones de todos los hechos centrales de la corrupción judicial y fiscal, lo que es clave no solo para la no impunidad de una red que aún sigue en el sistema, sino también para la memoria anticorrupción y el efecto pedagógico; y por otro lado, la investigación de otros actores que participaron en dicha red y que aún no está siendo investigados.

Siendo así las cosas, vamos a hacer un recuento de lo planificado, lo realizado y lo que con centralidad falta realizar. Finalmente haremos un breve balance para vislumbrar qué problemas podrían surgir en medio del contexto en que nos encontramos.

Medidas tomadas por la JNJ desde que entró en funcionamiento

Como ya habíamos señalado, una de las primeras decisiones importantes de la JNJ fue elaborar su plan de trabajo a 180 días. Este plan tenía como objetivo principal sentar las bases institucionales. Creemos que esto fue un acierto, ya que si lo que se quería era marcar distancia del extinto CNM era preciso establecer un antes y un después, y –al menos en el papel– poner los cimientos de la nueva institución, lo que implicaba crear todo un nuevo cuerpo normativo (reglamentos, directivas, etc.) que a la larga deberían ayudar a alcanzar una nueva cultura institucional. De acuerdo a lo indicado en el plan, la base de ésta sería la transparencia, la independencia, la publicidad de las decisiones que se tomen y la eficiencia y eficacia en los procesos que se lleven a cabo.

Por esta razón el plan se dividió en tres tipos de medidas: político institucionales, para el desarrollo de sus funciones constitucionales, y administrativo organizacionales. Si bien muchas de estas tienen un plazo de implementación máximo de 180 días, hay otras que están pensadas para ser implementadas en menor tiempo (5, 15, 30, 45 y 60 días).

Medidas en lo político institucional

Algunas de las medidas son la creación de la Comisión Consultiva de la Junta Nacional de Justicia (15 días), que estaría integrada por expertos nacionales e internacionales, académicos y líderes sociales, para que acompañen la gestión de la JNJ. Esta Comisión ya fue creada y sus miembros son: Diego García-Sayán, Jaime Luis de Althaus, Javier de Belaunde, Gonzalo García Núñez y Víctor García Toma, Gorki Gonzales Mantilla, Beatriz Merino, Violeta Bermúdez Valdivia y Gladys Echaíz Ramos. Si bien esta Comisión no está definida en la Ley Orgánica de la JNJ, fue una decisión del Pleno, siendo el objetivo de ésta el deliberar, analizar y proponer medidas y recomendaciones para coadyuvar en el proceso de institucionalidad de la JNJ a fin de garantizar su autonomía, imparcialidad y el cumplimiento de sus funciones.[3] Sobre esta Comisión Consultiva, es importante que se puedan elaborar criterios concretos de elección para el perfil de miembro de ésta, señalar la duración en el cargo, las reglas a tener en cuenta en caso se presente algún conflicto de interés, así como la separación en caso se presentase algún acto o conducta que afecte la labor de los miembros de la JNJ. Todo esto con el fin de identificar el procedimiento a seguir para evaluar la idoneidad y la permanencia de los miembros de esta Comisión.

Otra medida programada era la designación de un oficial anticorrupción y de integridad en la JNJ (45 días), que tendría como funciones establecer y monitorear una cultura de cumplimiento, elaborando una matriz de riesgos y canales de denuncia al Ministerio Público y a la Policía Anticorrupción; y aprobar la exigencia de presentación de una carta de levantamiento del secreto bancario para todos los candidatos seleccionados para ocupar plazas de jueces y fiscales (15 días), a fin de impulsar una cultura de transparencia en relación al patrimonio económico de éstos. Asimismo, en un plazo de 60 días, se había planeado presentar una propuesta de iniciativa legislativa sobre la obligación de los miembros de la JNJ de informar ante el Parlamento o ante la Fiscalía de la Nación sobre hechos, situaciones o conductas que configuren influencia, presión o perturbación sobre algún proceso llevado por la JNJ. Esto buscaba afianzar la independencia y la autonomía de los miembros de la JNJ, y al parecer de ser aprobado modificaría la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Esta medida no se ha logrado concretar aún.

Por último, se planeaba la aprobación de un plan de cursos de reforzamiento, capacitación y evaluación preliminar para jueces y fiscales a 180 días, de la mano de las facultades de derecho y la Academia de la Magistratura (AMAG).

Medidas en el desarrollo de sus funciones constitucionales

Como sabemos, las principales funciones de la JNJ son nombrar, ratificar y sancionar a jueces y fiscales. Sin embargo, hay dos funciones adicionales que esta Junta debe realizar: revisar los nombramientos, ratificaciones y procesos sancionadores llevados a cabo por el CNM, entre los años 2015 a 2018; y también abocarse a la nueva tarea de elegir a los jefes de las autoridades nacionales de control del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Como es obvio, para llevar a cabo estas labores, era necesario primero contar con los reglamentos que regularán los procesos de revisión y de selección de dichas autoridades. Como ya hemos indicado líneas arriba, los reglamentos ya han sido emitidos y en el caso del proceso de elección del jefe de la ONPE y de la RENIEC, ya se encuentran en curso (el martes 16 de junio venció el plazo para que se presenten las postulaciones, el 25 de junio se publicó la lista de postulantes, y en la actualidad ya se encuentra en curso la última etapa del proceso: las entrevistas personales).

Respecto al número de casos llevados a cabo por el CNM que se tendría que revisar, la JNJ identificó el número de casos: i) sobre selección y nombramiento, 1411 casos; ii) sobre evaluación y ratificación, 746 casos; y iii) sobre procesos disciplinarios, 142 casos. De acuerdo al Plan, estos casos serán revisados en 180 días, de acuerdo a criterios de priorización. Asimismo, en el plazo de 180 días, la JNJ había planeado elaborar los perfiles, las bases del concurso y hacer las convocatorias para la designación de los jefes de la ONPE, el RENIEC, y las Autoridades Nacionales de Control del Poder Judicial y el Ministerio Público. Cuatro convocatorias para cuatro puestos que serán elegidos dentro de seis meses aproximadamente, que como hemos visto, dos de ellas ya están en curso (el proceso para seleccionar a los jefes de la ONPE y el RENIEC) y en el caso de los otros dos (la elección de los jefes de las autoridades de control del Poder Judicial y el Ministerio Público), ya se publicó el reglamento para llevar a cabo los concursos, mediante Resolución N° 046-2020-JNJ del 16 de junio de 2020[4].

En 180 días la JNJ también indicó que abriría investigación preliminar de oficio o a pedido de parte a jueces y fiscales involucrados en delitos o irregularidades, así como atendería y resolvería los pedidos de destitución formulados por la Corte Suprema o la Junta de Fiscales Supremos. En este grupo, por ejemplo, la JNJ tenía como parte de su labor la investigación a todos aquellos magistrados supremos involucrados en la red “Cuellos blancos del puerto”, conforme lo indicado en diversos informes fiscales: Pedro Chávarry, Víctor Rodríguez Monteza, Tomás Gálvez Villegas, y un largo etcétera. Como hemos mencionado, los magistrados Gálvez, Chávarry y Hurtado ya han sido suspendidos provisionalmente en el mes de julio, mientras se define si son destituidos o no (aunque, no vienen siendo procesados por la totalidad de los hechos que se han presentado como cuestionables).

Como se recuerda, en relación a estas investigaciones, en febrero la JNJ inició proceso disciplinario inmediato contra Pedro Chávarry Vallejos y Tomás Gálvez Villegas; y contra los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro y Martín Hurtado Reyes. También ordenó abrir investigación preliminar al exjuez supremo Vicente Walde Jáuregui (expresidente de la Oficina de Control de la Magistratura), y contra los jueces supremos César San Martín Castro y Ángel Romero Díaz. Asimismo, en el mes de julio, el fiscal supremo Luis Arce Córdova fue sometido a investigaciones por parte de la JNJ, ya que habría inobservado sus deberes de magistrado, al cometer presuntos actos de corrupción[5].

En febrero, la JNJ también decidió que llevaría a cabo evaluaciones disciplinarias abreviadas contra 109 jueces y fiscales: “El inicio de estos procedimientos ha sido solicitado por los órganos de control del Poder Judicial (Oficina de Control de la Magistratura) y del Ministerio Público”, se detalló en un comunicado.[6]

En cuanto a la evaluación parcial de desempeño a magistrados –novedad de la ley orgánica de la JNJ– el diseño del proceso de selección se llevaría de la mano con la Academia de la Magistratura en el lapso de 60 días. Esta medida aún no se concreta.

Medidas en lo administrativo organizacional

Se planeó iniciar los procesos disciplinarios a funcionarios de la JNJ que habrían incurrido en graves responsabilidades en su desempeño. Esto de acuerdo a los informes de la Contraloría General de la República. Recordemos que en enero, el Contralor Nelson Shack presentó a los miembros de la JNJ, 28 informes de control simultáneo en donde se detectó un perjuicio económico de S/ 664, 548.00 por pagos irregulares y por diversos servicios que no se efectuaron, y que además contaron con la conformidad de los funcionarios del ex CNM.[7]

Los ex consejeros del CNM no habrían actuado solos. Es posible que algunos trabajadores hubiesen cometido también faltas e inclusos delitos (esto se sabrá en las investigaciones), por lo que sería imposible que de ser así estos trabajadores sigan laborando en la nueva JNJ. Es necesario entonces, tener pronto los resultados de estas investigaciones.

Otra medida de este tipo es el desarrollo del Cuadro Nacional de plazas de jueces y fiscales que se elaborarían de la mano con el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y la Junta de Fiscales Supremos, en un plazo de 180 días. El Cuadro se llevaría a cabo usando las recomendaciones del Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030[8], con el objetivo de garantizar la titularidad de jueces y fiscales. Parece que la JNJ busca resolver un problema ya conocido: el alto número de provisionalidad de jueces y fiscales, así como de jueces supernumerarios.

La JNJ también buscaba reestructurarse institucionalmente, revisando su organización, funciones, mecanismos e instrumentos de gestión como el Reglamento de Organización y Funciones, el Cuadro Analítico de Personal y el Presupuesto Analítico de Personal; todo esto con la asesoría de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM y de SERVIR. Señalaban en su plan que esta revisión le tomaría unos 45 días.

Por último, se planeó mejorar la transparencia en la gestión de la institución, con la implementación del proceso de certificación en materia antisoborno, gestión de calidad y gestión de riesgos, así como establecer mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía con indicadores de gestión; todo eso es un plazo de 180 días. Sobre esto, va a ser muy importante que se pueda tener en cuenta las diversas propuestas de la sociedad civil que se puedan plantear y que sumen a las medidas ya planificadas.

Como vemos, la JNJ inició su trabajo en enero poniéndose plazos y estableciendo prioridades. Su plazo máximo: 6 meses. Sus prioridades: reconstruir una institución deslegitimada en todos los sentidos y que necesita a gritos cambios profundos que iban mucho más allá de solamente cambiar un nombre. Si con algo podía contar la novísima JNJ era que tendría todas las miradas puestas sobre su desempeño y sus decisiones. Todo aparentemente estaba planificado e iría sobre ruedas, hasta que llegó la pandemia de COVID-19, se implementó un estado de emergencia, que sumado a temas de presupuesto y personal, y eso trajo un cúmulo de consecuencias.

Medidas tomadas por la Junta Nacional de Justicia durante el periodo del estado de emergencia

El 10 de junio, Aldo Vásquez presidente de la JNJ, se presentó ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso para dar a conocer qué medidas se habían tomado hasta entonces durante el estado de emergencia, producto de la pandemia.[9] La Comisión también quería saber qué avances en el trabajo de la JNJ se habían llevado a cabo en los casi noventa días de duración de este periodo a esa fecha.

En la presentación, Vásquez indicó que el trabajo de la JNJ había continuado durante este tiempo, ya que el Pleno había sesionado todos los días hábiles desde que comenzó el estado de emergencia, debido a que el objetivo principal de su gestión es reconstruir la credibilidad de la institución.

Vásquez refirió muchas de las cosas que ya señalado dicho en enero: que cuando asumieron el cargo los nuevos miembros de la JNJ, ésta contaba con 103 trabajadores. De ellos, tres cuartos laboraban bajo el régimen 728, de la actividad privada, lo que les da estabilidad laboral. Así mismo, señaló que encontraron 25 trabajadores CAS y que actualmente son pocos los cargos de confianza que continúan en la JNJ. La Contraloría detectó irregularidades en relación con algunos trabajadores y es por eso que se iniciaron procedimientos administrativos. Vásquez señaló que a inicios de junio la JNJ contaba con un número limitado de trabajadores. Indicó que se busca aumentar el personal para cubrir las necesidades de las tres áreas con las que cuenta la JNJ: i) Selección y nombramiento, ii) Evaluación integral y parcial de ratificación, y iii) Procesos disciplinarios.

Vásquez recordó el plan de trabajo a inicios de la gestión, a 180 días. Indicó que este plan ha continuado su avance a pesar de la pandemia, aunque obviamente no a la misma velocidad. Señaló que a inicios de la nueva gestión todos los consejeros suscribieron un compromiso ético con el propósito de marcar un antes y un después en relación a las conductas ilícitas de los antiguos consejeros del CNM. Al respecto, sobre este compromiso ético, va a ser importante las nuevas medidas que se puedan sumar para la promoción y garantía de la integridad entre los integrantes de la Junta, toda vez que en el pasado la firma de estos importantes documentos no han tenido el efecto deseado.

Así mismo, señaló en que los dos primeros meses de funcionamiento la JNJ se abocó a conocer los procesos disciplinarios que habían quedado suspendidos por la paralización de funciones del CNM. Lo primero que se hizo al retomar estos procesos disciplinarios fue llevar a cabo audiencias para escuchar a los magistrados investigados.

Vásquez indicó también que uno de sus primeros trabajos fue construir todo el aparato normativo interno de la JNJ, publicando los reglamentos de funcionamiento de áreas de trabajo: el Reglamento del Pleno de la JNJ del 10 de enero[10], el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios del 22 de enero[11], el Reglamento para revisar las decisiones que llevó a cabo el CNM entre el 2015 al 2018 del 11 de febrero[12], el Reglamento de los concursos para elegir a los nuevos jefes de la ONPE y RENIEC del 19 de marzo[13]. A ello, se suma el Reglamento de Expedición y Cancelación de títulos de Jueces y Fiscales del 04 de marzo[14], el Reglamento de Organización y Funciones de la JNJ del 06 de marzo[15] y el Reglamento de Concursos para la Selección y Nombramiento de los/las Jefes(as) de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial y del Ministerio Público del 16 de junio[16].

Señaló que se encontraban en curso los procesos de elección de los jefes de la ONPE y la RENIEC, que la etapa de presentación de postulaciones estaba abierta hasta el 16 junio, y que todo el proceso debería estar concluyendo en el mes de agosto; tal como parece que será, ya que se han programado las entrevistas personales para la Jefatura de ONPE (2 postulantes)[17] para el 25 de agosto; y para la Jefatura de RENIEC (10 postulantes) para el 22, 24 y 25 de agosto[18]. Igualmente en relación a los procesos de selección y nombramiento, Vásquez indicó que esperaban trabajar una suerte de cuadro nacional de plazas a nivel de la judicatura para junio, y que para esta tarea era necesario el apoyo del Poder Judicial y el Ministerio Público. Señaló que esperaba retomar todos los procesos pendientes en la segunda mitad del año.

Asimismo, indicó que luego de la disolución del CNM quedó pendiente la revisión de más de 2,400 procesos, sobre los que durante el estado de emergencia la JNJ ha continuado recopilando información. Indicó que el reglamento les otorgaba 90 días para que las distintas Comisiones pudieran hacer sus informes. Son 2,400 decisiones que se tomaron en el periodo de funcionamiento del CNM que debe revisar la JNJ, y que por lo tanto los informes de estas Comisiones serán evaluados con el celo que corresponde, tanto por la Comisión Especial como por el pleno de la JNJ.

En relación a estos procesos de revisión de expedientes del disuelto CNM, Vásquez indicó que hay una Comisión Especial encargada de este trabajo de revisión. Como se sabe, esta Comisión es presidida por la ex jueza Inés Tello, e integrada además por María Zavala y Henry Ávila. Cabe mencionar, que la composición de las Comisiones Permanentes de la Junta Nacional de Justicia para el año 2020, definida en la resolución 009-2020 del mes de enero, es la siguiente:

Indicó también que cada procedimiento tiene sus complejidades, que se evaluarían todos los recursos presentados, y que consideraba que la pandemia no afectaría la culminación de los procesos, a pesar de los retrasos.

Señaló que los procesos disciplinarios contra fiscales, jueces y otros funcionarios públicos se iniciaron en febrero, y que la pandemia ocasionaría un retraso en su culminación. Indicó que pensaba que podrían culminar entre julio y agosto, pero luego consideró que estarían resueltos en setiembre, aunque precisó que era arriesgado dar una fecha exacta.

En relación a los procesos disciplinarios, Vásquez indicó que actualmente existen 160 procesos en curso, de los cuales se ha abierto investigación en 113. Indicó que han retomado 51 procesos que habían quedado suspendidos por la disolución del CNM y la instalación de la JNJ. Señaló también que en febrero iniciaron tres investigaciones preliminares contra magistrados supremos.

Indicó que la JNJ se encontraba coordinando con la AMAG para elaborar un nuevo perfil de jueces y fiscales, que debería servir para elaborar las bases de los concursos de nombramiento de nuevos magistrados. Vásquez indicó también que se estaba coordinando con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Economía y Finanzas para establecer un cuadro nacional de plazas para jueces y fiscales, a fin de evitar la provisionalidad y la existencia de un alto número de jueces supernumerarios.

Señaló que aprobaron las directivas para llevar a cabo audiencias virtuales y que gracias al decreto supremo del Ejecutivo que reactivó el trabajo jurídico, ahora sí se podrá contar con la presencia de los investigados y de sus abogados. La directiva es la N° 001-2020-JNJ, “Directiva para el uso de audiencias virtuales en el desarrollo de las diligencias de los procedimientos disciplinarios y de revisión especial de actos del consejo nacional de la magistratura seguidos ante la junta nacional de justicia, a través de aplicativos tecnológicos de comunicación – redes sociales”[19], y la resolución que la aprueba es la 047-2020-JNJ del 16 de junio.

En relación al retorno de actividades, señaló que el 8 de junio se realizaron pruebas de descarte de COVID-19 y que el 9 de junio se aprobó la resolución para retomar las actividades presenciales. Recién tras la publicación de los decretos supremos que establecen medidas para el retorno gradual al trabajo, indicó que habían podido aplicar lineamientos para volver a operar. Señaló que próximamente se levantaría la suspensión de los plazos procesales, y que en la semana del 15 al 19 de junio, se estarían retomando los procesos disciplinarios que quedaron pendientes antes del estado de emergencia. Al respecto, mediante la Resolución Nº 49-2020-JNJ del 18 de junio, se dispuso que a partir del 22 de junio se levantaba la suspensión “de las audiencias previstas y de todos los plazos relativos a los procedimientos constitucionales y legales a cargo de la Junta Nacional de Justicia, dejando así sin efecto la suspensión de audiencias y de plazos decretada por las Resoluciones N° 035 y N° 037- 2020-JNJ, de fechas 16 y 30 de marzo de 2020, respectivamente”; señalándose fecha “para la realización de las audiencias que estaban previstas para llevarse a cabo durante el periodo declarado como Estado de Emergencia, y para aquellas en que, de acuerdo a la programación de las Direcciones pertinentes, corresponde fijarlas para la actuación de cualquier acto del procedimiento, incluso para la vista.”, encargándose a la Secretaría General y a la Dirección General “el control y vigilancia del cumplimiento de las disposiciones dadas por las autoridades competentes, para salvaguardar y proteger la integridad de los trabajadores, usuarios y público que accede a los servicios de la Junta Nacional de Justicia, particularmente en el marco de los procedimientos constitucionales y legales a su cargo.”[20].

Vásquez también señaló que cuando se dictó el decreto supremo con las medidas para el retorno al trabajo, inmediatamente se regularizó la situación de la JNJ e iniciaron las labores, siendo necesario cumplir antes una serie de medidas sanitarias del MINSA; medidas que ya habían sido cumplidas.

En relación a los recursos económicos, Vásquez señaló que la JNJ cuenta con unos 23 millones de soles de presupuesto otorgados por el MEF. El 85% de este monto se utiliza en los pagos a los trabajadores y pensionistas.

Indicó además que la JNJ cuenta actualmente con 110 trabajadores (103 trabajadores más 7 miembros del Pleno); y considera que para ejercer adecuadamente sus funciones, la JNJ debería tener aproximadamente 250 trabajadores.

Asimismo, Vásquez señaló que no hubo una real suspensión de funciones durante el estado de emergencia, sino una suspensión de plazos. Precisó que lo que se suspendió fue el trabajo presencial en las oficinas de la JNJ, pero que se estableció un plan de trabajo a distancia a fin de continuar con las actividades.

Siguiendo con los recursos y gastos, Vásquez indicó que de acuerdo a ley, los 7 miembros del pleno de la JNJ, tenían derechos y beneficios equivalentes a los de un juez supremo. Indicó que su sueldo mensual es de 21 mil soles, y que luego del decreto de urgencia emitido en el marco de la pandemia, su sueldo sería de 18 mil soles aproximadamente. Precisó que ningún funcionario utiliza vehículos de la institución y que los miembros del pleno de la JNJ disponen de vehículos solo para eventos oficiales y de lunes a viernes. Señaló también que el rango de sueldos para los altos cargos administrativos en la JNJ, son de los más bajos en la administración pública.

Un balance: lo que ya se ha hecho y lo que se necesita hacer con urgencia

Decir que a la fecha la JNJ no ha hecho nada sería injusto. Se han elaborado reglamentos, en febrero se dio inicio a los procesos disciplinarios inmediatos de los fiscales supremos Pedro Chávarry y Tomás Aladino Gálvez, así como a los jueces supremos Aldo Figueroa Navarro y Martín Hurtado Reyes; y se dio inicio a la investigación preliminar contra el expresidente de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) Vicente Walde Jáuregui, y los jueces supremos César San Martín Castro y Ángel Romero Díaz, las audiencias y decisiones de suspensión provisional por seis meses en el cargo de los magistrados Gálvez, Chávarry y Hurtado, así como el inicio del proceso disciplinario abreviado a 109 jueces y fiscales, entre otras gestiones aun no culminadas. Ahora mismo, están en curso y en etapa de entrevistas personales, los procesos de selección de los jefes de la ONPE y el RENIEC que finalizarán en el mes de agosto.

Sin embargo, es claro que durante el estado de emergencia dispuesto desde el 16 de marzo – en medio de condiciones presupuestales adversas, el ritmo lento de los procesos de contratación y el reducido número de personal con el que cuenta – la JNJ paralizó los procesos sancionadores en curso.[21] Esto trajo como consecuencia un retraso y, al parecer, la posibilidad de “reorganización y adecuación” de las personas que eran investigadas. Así se percibió, por ejemplo, la denuncia constitucional presentada a mediados de junio por el fiscal supremo Tomás Gálvez contra su homólogo Pablo Sánchez, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, por hechos que acontecieron ya hace mucho tiempo y en base a una justificación cuestionable.[22]

En la presentación de Aldo Vásquez ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, a inicios de junio, se recordó muchas de las cosas que ya habían sido señaladas en enero y febrero de este año, acerca de en qué condiciones se encontró la institución, cuál fue su diagnóstico inicial, cuáles sus principales objetivos de trabajo y qué medidas se tomarían de forma prioritaria. En medio de la pandemia, será importante que se pueda visibilizar a detalle, la estrategia que tuvo y tiene la JNJ para llevar a cabo su trabajo y en pandemia, a fin de transparentar su actuar y sus avances frente a la ciudadanía y frente a otras instituciones del sistema de justicia, lo que en pandemia es un reto doble a nivel nacional y regional.

Si bien decidir respecto a los procesos disciplinarios abiertos contra fiscales y jueces supremos es urgente, existe también urgencia en el trabajo de revisión de los procesos llevados a cabo por el ex CNM. Deberíamos tener los primeros resultados de esta revisión antes de fin de año. Asimismo, hay un pedido del presidente Aldo Vásquez de modificar algunos artículos de la ley orgánica de la JNJ, para lo cual necesitaría la ayuda del Congreso. Queda pendiente conocer cuáles serían estas modificaciones a la ley orgánica y su fundamentación.

Finalmente, luego de haber levantado su suspensión de plazos en junio, la JNJ ha suspendido temporalmente a tres magistrados supremos investigados por el caso CNMaudios. Creemos que en los siguientes meses, su agenda también ha de centrarse en los siguientes aspectos, a fin de reforzar su institucionalidad: i) la continuidad de las investigaciones sobre hechos y personas que aún no son investigadas por su participación en la red de corrupción de los CNMaudios; ii) la investigación y decisión sobre los procesos que involucran a funcionarios de la actual JNJ; iii) la identificación de los casos más importantes a investigar de la gestión del ex CNM; iv) la consolidación de la transparencia interna, sobre todo en sus espacios de decisión como el Pleno y las Comisiones Permanentes; v) la identificación y consolidación de vías de participación ciudadana; y, vi) mapear las necesidades y urgencias en materia de selección, evaluación y ratificación de magistrados a nivel nacional, con medidas claras sobre perfil, prevención con conflictos de interés, criterios para la garantía de independencia e imparcialidad e idoneidad para el cargo y la zona donde se encuentra la plaza convocada o evaluada.

[1] Ver el Plan de Trabajo de la JNJ en: https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/files/webcnm/archivos/pdf/2020/comunicados/Plan_180_definitivo.pdf

[2] Para la elaboración de este segundo balance sobre la actuación de la Junta Nacional de Justicia, se toma como referencia el artículo “Una cuestión de plazos y urgencias” del 21 de enero del 2020, que puede verse en: https://idl.org.pe/jnj-una-cuestion-de-plazos-y-urgencias/

[3] Ver en: https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/2020/01/RESOLUCI%C3%93N-CONSEJO-CONSULTIVO-JNJ.pdf

[4] Ver: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-de-concursos-para-la-seleccion-y-nomb-resolucion-n-046-2020-jnj-1868199-1/

[5] Ver: https://lpderecho.pe/junta-nacional-justicia-abrio-proceso-disciplinario-al-fiscal-supremo-luis-arce-cordova/

[6] Ver: https://laley.pe/art/9235/jnj-inicia-proceso-disciplinario-a-fiscales-supremos-pedro-chavarry-y-tomas-galvez

[7] Ver: http://www.contraloria.gob.pe/wps/wcm/connect/cgrnew/as_contraloria/prensa/notas_de_prensa/2020/lima/np_024-2020-cg-gcoc

[8] Ver: https://www.mef.gob.pe/concdecompetitividad/Plan_Nacional_de_Competitividad_y_Productividad_PNCP.pdf

[9] Ver: https://andina.pe/agencia/noticia-congreso-presidente-de-jnj-se-presenta-hoy-ante-comision-justicia-800997.aspx

[10] Ver: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-del-pleno-de-la-junta-nacional-de-jus-resolucion-no-005-2020-jnj-1845248-1/

[11] Ver: https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/aprueban-el-reglamento-de-procedimientos-disciplinarios-de-l-resolucion-no-008-2020-jnj-1848572-1/

[12] Ver: https://lpderecho.pe/jnj-aprueba-reglamento-revision-nombramientos-ratificaciones-realizaron-exmiembros-cnm/

[13] Ver: https://extranet.jnj.gob.pe/upload/archivosBoletinOficial/3632_Res.%20036-2020-JNJ%20Reglamento%20Seleccion%20ONPE%20y%20RENIEC%20para%20BOM.pdf

[14] Ver: https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/2020/02/PROYECTO-DE-REGLAMENTO-DE-EXPEDICION-DE-T%C3%8DTULOS-DE-JUECES-Y-FISCALES.pdf