La otra pandemia. Sobre la violencia de género en medio de la cuarentena
Artículo escrito por Stefano Corzo/ IDL-Seguridad Ciudadana
A inicios de abril —mientras gran parte de la población mundial se adaptaba a las medidas de confinamiento y cuarentena dispuestas en diversos países— el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, hizo un pedido a favor del cese de la violencia para fortalecer los esfuerzos conjuntos de los gobiernos en la lucha contra la pandemia del COVID-19.
En aquella ocasión, sin embargo, la violencia a la cuál Guterres aludía no iba referida a aquellas partes del mundo donde los estragos de la guerra y los conflictos armados son una realidad diaria. Sino que su discurso se dirigía específicamente a aquellos campos de batalla que habían surgido en medio de la crisis sanitaria.[1] Campos de batalla que se habían convertido en la terrible “nueva normalidad” de millones de mujeres y niñas alrededor del mundo.
Irónicamente, aquellos espacios que se supone debían ser un refugio frente al virus —sus hogares— habían terminado convirtiéndose en una mayor amenaza. Según Guterres, conforme han ido aumentando las presiones sociales y económicas ocasionadas por la crisis, se ha registrado un repunte en casos de violencia contra la mujer. Esto ha ocasionado que, en algunos países, la cantidad de mujeres que acuden a servicios de asistencia se haya hasta duplicado.
El rostro de la violencia contra la mujer en tiempos del COVID-19
En América Latina y el Perú, específicamente, la violencia de género no ha sido ajena a la crisis. En varios países de la región, las llamadas a teléfonos de emergencia han aumentado considerablemente durante la pandemia: Colombia (80 %), México (20 %) y Perú (43 %), para señalar algunos ejemplos.[2]
Desde que se dio inicio al estado de emergencia, se han producido 18 feminicidios. A su vez, la Línea 100 ha registrado más de 39 mil llamadas, 77 % (más de 30 mil) de las cuales tenían a una mujer como víctima.[3] Todas hechas durante la cuarentena. Y pese a lo alarmante de estas cifras, lo más probable es que se encuentre muy por debajo de la cantidad real de casos. Sobre todo, si tomamos en consideración que históricamente, el porcentaje de la población que realiza una denuncia es muy reducido.[4]
Anuncio del MIMP sobre la Línea 100
Fuente: MIMP (2020).
Katherine Soto, socióloga especializada en temas de género, sostiene que las razones históricas para explicar el gran subregistro de denuncias de violencia contra la mujer se pueden concentrar en dos puntos: 1) la desconfianza que existe a todo el sistema de protección a víctimas de violencia empezando por la atención hasta lo entendido por justicia y 2) el miedo y la minimización de los actos de violencia, entendidos como formas de relacionarnos.
Pero está trágica situación tiene otras ramificaciones. Las cifras de mujeres reportadas como desaparecidas durante la cuarentena también son alarmantes. Hasta la fecha, el principal registro oficial de ello son dos informes mensuales publicados por la Defensoría del Pueblo.[5] Estos documentos dan cuenta de que entre el 20 de marzo al 20 de abril se reportaron 228 denuncias de desapariciones de mujeres. Soto, quien también es fundadora del portal virtual “Mujeres Desaparecidas PERÚ”, señala que si se suman las denuncias de esta contabilidad oficial con aquellas que les llegan por el sitio web la cifras ascienden a más de 300 casos en el marco de esas dos fechas.
Evidentemente, estamos ante un problema estructural. No solo por la naturaleza de este fenómeno —las cifras oficiales de la Defensoría promedian cinco denuncias por desapariciones de mujeres por día durante el estado de emergencia—[6] sino también por las causas que yacen en el fondo del mismo: la cultura machista y la falta de un enfoque de género transversal a todas las capas de nuestra sociedad.
Las repuestas del Estado y sus limitaciones
Lo apremiante de este problema es que el aislamiento social obligatorio y la crisis sanitaria han creado nuevas limitaciones para que se puedan realizar las denuncias de estos casos y/o se les brinde un acompañamiento necesario. En principio, las restricciones de desplazamiento y la elevada tasa de contagios han hecho que el solo hecho de movilizarse a la comisaría más cercana para presentar una denuncia pueda convertirse en un posible escenario de contagio. Esto, naturalmente, ha generado un miedo que se traduce en un factor disuasivo para la presentación de denuncias.
Por otro lado, los esfuerzos de búsqueda para casos de desapariciones se han reducido en el actual contexto donde la policía tiene que destinar la mayoría de sus recursos a medidas para evitar la propagación del nuevo coronavirus. En referencia a esta situación, muchos organismos y especialistas han destacado el rol que debería cumplir la tecnología para facilitar el reporte de casos de violencia y/o desapariciones. Sin embargo, en el Perú todavía existen muchas limitaciones.
—No tenemos una certeza sobre cuántas mujeres han aparecido o cuantos de estos casos ya han sido cerrados porque no tenemos el registro ni el portal web de personas desaparecidas que es lo que nos podría dar una certeza —afirma—. El mismo portal “Te Estamos Buscando” que solamente funciona para niños y niñas desaparecidas no está actualizado. Tenemos una ley desde hace 16 años [en referencia a la Ley N.º 28022, que crea el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas] que, hasta el momento no se aplica, y que podría facilitar y agilizar los procesos de búsqueda en contextos como el actual, pero ese simplemente no es el caso. (K.Soto, comunicación personal, 21 de mayo de 2020).
En cuanto a las denuncias realizadas a la Línea 100 también surgen otros obstáculos. Tomemos en consideración solamente el siguiente dato: según el INEI, aproximadamente el 30 % de hogares urbanos tienen condiciones graves de hacinamiento. Es decir, hay un número excesivo de personas por habitación. En algunos casos, más de dos o tres. En esas condiciones, es virtualmente imposible que una potencial víctima de violencia tenga la suficiente privacidad como para realizar una denuncia a la Línea 100 sin alertar a su conviviente/agresor.
A ello debemos sumar también una cantidad considerable de quejas por parte de usuarios de la Línea 100 en redes sociales que afirman no haber recibido atención adecuada por parte de los efectivos policiales y, en algunos casos, siquiera haber sido atendidos. Probablemente, se esté suscitando un caso similar al de La Línea 113, aquella habilitada por el Ministerio de Salud (MINSA) para reportar posibles casos de personas contagiadas de COVID-19, y que en varios momentos del estado de emergencia ha sido reportada como colapsada por la inmensa cantidad de llamadas que recibía.
Otras canales de atención como el Chat 100 —servicio de mensajería a través de internet del MIMP para atender situaciones de riesgo y/o violencia— sufren de limitaciones estructurales similares. Quizás una de las principales sea su accesibilidad. Según el Censo 2018 del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo el 23 % de mujeres pobres tiene acceso a internet.
En materia legal, el principal dispositivo que ha elaborado el Estado durante la cuarentena es el Decreto Legislativo Ley N.º 1470 que encarga, entre varias disposiciones, una mayor responsabilidad a los juzgados para atender casos de violencia. Por ejemplo, este decreto permite a los jueces dictar medidas de protección y/o cautelares idóneas para las víctimas sin una audiencia y con la información que tengan disponible. Sin embargo, una preocupación que surge aquí yace en la fiscalización y control que se debería hacer de la labor de estos jueces.
La recientemente electa Junta Nacional de Justica (JNJ) —organismo constitucional creado en reemplazo del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)— parece haberse quedado muda en medio de la pandemia. Pero no por efectos del coronavirus. Aquel organismo que tiene como finalidad el nombramiento, ratificación y destitución de jueces y fiscales en el país aparenta estar prácticamente inactivo durante el estado de emergencia al no haber dado cuenta hasta la fecha de sus avances.[7] Recordemos que uno de sus principales mandatos desde que inicio sus funciones era emitir las sanciones correspondientes a todos aquellos magistrados que formaron parte de las redes de corrupción del exCNM. Resulta muy confuso entonces entender cómo se están fiscalizando las labores de los operadores de justica en medio de la pandemia.
¿Qué alternativas existen para mejorar este panorama?
En medio de estas barreras, existen plataformas alternativas que podrían y, en algunos casos, han comenzado a implementarse en el Perú. Recientemente, algunas ramas del Poder Judicial, como la Corte Superior de Justicia de Lima, han habilitado líneas de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp para atender casos de violencia y acercar al sistema de administración de justicia a las víctimas. No obstante, estos avances no han sido homogéneos y, hasta la fecha, no hay un informe oficial sobre la cantidad exacta de salas y cortes que han habilitado estos servicios.
Línea de WhatsApp habilitado por la CSJ de Lima para casos de violencia intrafamiliar
Fuente: Poder Judicial (2020).
La utilización de esta plataforma ya viene siendo implementada en otros contextos. En ese sentido, WhatsApp se ha convertido en una herramienta muy útil para la realización de este tipo de denuncias porque su utilización de datos para el envío de mensajes es muy baja. Es decir, mientras el usuario mantenga una conexión a internet puede enviar y recibir mensajes. Incluso en los denominados planes prepago de varios teleoperadores. Por otro lado, también debe considerarse la accesibilidad a telefonía móvil que existe en el Perú. La Encuesta Nacional de Hogares 2018, señala que el 87 % de mujeres a nivel nacional utiliza celular; mientras que el 82 % de peruanos utiliza internet a través de un celular.
Estas medidas ya vienen siendo implementadas y aprovechadas en otras ciudades como Bogotá. La alcaldesa, Claudia López, ha tomado medidas para que se estandarice el uso de este canal en cada una de las localidades (distritos) de esa ciudad. Esto ha permitido la delegación de esta responsabilidad a un nivel de gobierno que permite una mejor utilización de recursos y capacidad de respuesta.
Líneas de atención por WhatsApp para las mujeres en Bogotá
Fuente: El Tiempo (2020).
Recientemente, Argentina y Bolivia han comenzado a implementar el uso de esta plataforma para casos de violencia de contra la mujer en el contexto de la crisis sanitaria. En el Perú, se ha avanzado con la notificación por mensajes de texto, mediante el Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencia (SISMATE). Pero la diversificación y apertura de otros canales es importante para generar un registro más amplio y, por lo tanto, poder atender de mejor manera a esta problemática.
—Estás plataformas se están implementando en otros países porque entienden que muchas mujeres en situación de pobreza viven con sus familias en espacios muy reducidos, lo cual les imposibilita hacer la denuncia llamando las líneas de atención o acudiendo a una comisaría. Es muy importante implementar otras plataformas que permitan acercar los canales a las mujeres, de tal manera que se les permita hacer sus denuncias de forma clara y sencilla. (K.Soto, comunicación personal, 21 de mayo de 2020).
En el caso de España también se vienen implementando algunas medidas que buscan vencer a las nuevas barreras surgidas por los contextos de confinamiento y restricción de la movilidad. Así, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género lanzó el plan “Mascarilla 19”, que permite a cualquier mujer acudir a una botica o farmacia y, con solo decir la palabra clave: “mascarilla 19”, alertan al personal del establecimiento que esa persona está sufriendo una situación de violencia, para que se contacten directamente con las autoridades correspondientes.[8]
Fuente: Agencia Uno (2020).
¿Cómo evaluar la respuesta del Estado ante está problemática?
Como hemos podido ver, la violencia de género y, particularmente, la violencia contra las mujeres ha ido en aumento, conforme se han extendido las medidas de confinamiento y restricciones adicionales. En América Latina y el Perú, específicamente, no se tratan de problemas nuevos; pero el rebrote de cifras durante el estado de emergencia demuestra lo enraizadas que están en nuestra sociedad aquel conjunto de prácticas, conductas y actitudes que podemos describir como la cultura machista y patriarcal de nuestra sociedad.
En su evaluación, Katherine Soto precisa que los esfuerzos realizados son importantes, pero todavía no son suficientes. Sobre todo porque está situación era previsible. Antes de dictarse las medidas de confinamiento en el Perú, cuando la pandemia se comenzaba a propagar por Europa, situaciones de violencia similares se comenzaban a distinguir en países como España, Italia y Francia.[9]
Adicionalmente, dirige su crítica hacía la falta de diversidad en la estrategia de comunicación que ha emprendido el Estado con respecto a este tema:
—El Estado ha centrado su mensaje en estos dos elementos: las denuncias en comisarías y mediante la Línea 100. A pesar de las barreras que ambos tienen y los otros canales que también existen. Por otro lado, uno de los principales elementos que sigue ausente es la diversificación de los mensajes. Porque no solamente ha aumentado la violencia contra las mujeres, sino que en el marco del grupo familiar estamos hablando también de violencia contra niños y niñas. Así, como las cifras de violencia sexual también.
Esto nos lleva a pensar sobre cuáles son los mensajes que se están dando. Porque toda la comunicación sobre la emergencia sanitaria está direccionada a qué hacemos como adultos, como adultas, que respuesta damos, pero no se están dando mensajes a la niñez o a las adolescencias. A pesar de que son sujetos y ciudadanos sumamente activos dentro de diversos espacios y que también buscan formas de defensa y pueden estar sobreviviendo violencia dentro de sus propios núcleos familiares. (K.Soto, comunicación personal, 21 de mayo de 2020).
Así mismo, sobre las oportunidades que representa esta crisis en el tema de la violencia contra las mujeres:
—Definitivamente, este momento debe servir para nuevamente poner en la palestra la demanda de una educación con enfoque de género —asegura—. Además, es necesario visibilizar aquellas situaciones de carencias que terminan repercutiendo sobre la vida y sobre los cuerpos de las mujeres en el marco de los derechos sexuales y reproductivos que, finalmente; terminarán impactando sobre nuestra crisis de cuidados y sobre nuestros sistemas de cuidados posteriormente.
Es una perfecta oportunidad para empezar a hablar de atención directa, de protección y de justicia, pero también hablar de prevención que es lo que podría terminar cambiando el “chip”. En ese sentido, son importantes los mensajes que se dirigen hacía los hombres también y, que cuestionan su rol y tarea en situaciones de confinamiento.
Es el momento para empezar a generar ese tipo de mensajes. Así como los mensajes que se están teniendo desde “Aprendo en Casa” en el tema de conocimientos, en el tema de ciudadanía. Es importante que se refuerce desde esos espacios el tema de prevención de violencia y de cómo construimos una ciudadanía solidaria en función de poder generar redes comunitarias donde todos y todas podamos alcanzar la igualdad y construir un espacio mejor para niños y niñas. (K.Soto, comunicación personal, 21 de mayo de 2020).
Al igual que en el caso del sistema de salud pública, este problema nos permite evidenciar las deficiencias estructurales que también yacen en el fondo de nuestro sistema educativo y de valores que urgen un cambio. La respuesta del Estado está teniendo un impacto diferenciado. No obstante, así como esta crisis representa la oportunidad para mejorar muchos aspectos de nuestra cultura en general, en el caso de la violencia de género debemos asumirlo como una obligación.
[1] El mensaje de Guterres se puede visualizar en video en el siguiente enlace: https://mexico.unwomen.org/es/noticias-y-eventos/articulos/2020/04/secretario-general-de-la-onu-antonio-guterres-sobre-la-violencia-de-genero
[2] Estos datos corresponden a información del Banco Interamericano de Desarrollo. Pueden encontrar mayor información en la siguiente nota: https://blogs.iadb.org/seguridad-ciudadana/es/violencia-familiar-como-puede-la-policia-averiguar-que-pasa-al-otro-lado-de-la-puerta/
[3] La Línea 100 es un servicio gratuito de cobertura nacional ofrecido por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) para orientar y brindar información sobre violencia familiar y abuso sexual.
[4] Los autores, Arturo Huaytalla y Jorge Nureña, mencionan esto cuando señalan en una reciente investigación sobre el efecto de la pandemia en el crimen que, para enero de 2020, solo el 17.6 % de la población afirma haber denunciado un hecho delictivo del que fueron víctimas. Enlace del texto: https://revistaideele.com/new/2020/05/15/ocho-efectos-de-la-pandemia-en-el crimen/?fbclid=IwAR3R_ehcXtp_HSv41rWdAdnPAWihXR2S3ZVc1offea7po5XCAFb6Ey2OE0Q#_edn18
[5] El titulo oficial de estos informes es Reporte Igualdad y Violencia.
[6] Esta cifra corresponde al Reporte Igualdad y Violencia N.º 2 de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué pasó con ellas durante el aislamiento obligatorio? para el mes de marzo de 2020. Se puede acceder libremente a él a través del siguiente enlace: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/04/Qu%C3%A9-pas%C3%B3-con-ellas-Marzo.pdf
[7] Al respecto, ver la opinión de varios expertos legales sobre el funcionamiento de esta entidad durante la cuarentena en la siguiente nota: https://diariouno.pe/la-justicia-peruana-adormecida-por-el-coronavirus/?fbclid=IwAR1aBF63GqxAP2u7Ar-QyF_hWKXgWpzK1rfk0Oyqah2xnwGTRDmB3q_YOjw
[8] Mayor información sobre el lanzamiento de este plan se puede revisar en el siguiente enlace: https://www.latercera.com/nacional/noticia/ministerio-de-la-mujer-lanza-mascarilla-19-el-plan-que-busca-ayudar-a-las-victimas-de-violencia-de-genero/6F2T3FI2DJESLLQ2GCAJZF5HJY/
[9] Al respecto, ver la siguiente nota: https://rpp.pe/mundo/europa/en-europa-los-casos-de-violencia-de-genero-aumentaron-durante-la-cuarentena-noticia-1263818