La protesta como derecho ciudadano y la represión como silencio

La protesta como derecho ciudadano y la represión como silencio

George Matienzo Vidal , IDL-Seguridad Ciudadana

En el Perú, la ciudadanía por medio de la protesta social no ha dejado de ser un actor relevante, en medio de una pandemia global y una crisis de legitimidad de los actores políticos. La protesta se ha convertido así en un ejercicio de derecho ciudadano que, sin embargo, ha intentado ser acallado por medio de la represión, sea violenta, mediática o simbólica. Este artículo reflexiona sobre la participación política de jóvenes y lo que encuentran en el escenario de las manifestaciones. Un importante análisis, sobre todo cuando el país aún sigue inmerso en una serie de demandas sociales y se encuentra con problemáticas que son recurrentes al momento de levantar la voz.

El sábado 12 de noviembre fue una noche trágica para el Perú: la muerte de Jack Bryan Pintado y Jordan Inti Soleto, ocurridas durante las manifestaciones contra el régimen de Merino, conmocionaron a la población. Era inverosímil que dos jóvenes murieran por ejercer su derecho a la protesta. Hasta altas horas de la noche, millones de peruanos y peruanas seguían en vivo el enfrentamiento entre policías y civiles en las calles del centro histórico de Lima. Había consternación. Desde muchos años antes no se había seguido tan de cerca el desenlace de una protesta. Cientos de videos llegaban de forma instantánea por las redes sociales, conectando a la población con la crudeza que se vivía en las calles.

¿Cómo se originó tal desgracia? Esto sucedió cuando un grupo de parlamentarios decidiera que Martín Vizcarra no tenía la capacidad moral para asumir la presidencia por la sospecha de actos de corrupción cuando fue gobernador de la región Moquegua. Este es un tema delicado y debatible, a pesar de que hasta el día de hoy no se ha dado sentencia. Pero que un buen número de este grupo de parlamentarios esté siendo investigado por el Ministerio Público trastoca el panorama político y “moral”. Además, en medio de la incertidumbre por la pandemia, cambiar a un presidente de esta manera generó una fuerte inestabilidad política que trajo rápidas consecuencias materiales en la vida de la población, como la disminución del valor de la moneda nacional y el aumento de varios productos de necesidad básica. Cansados de esta situación, la protesta social se convirtió en el medio para que la ciudadanía sea atendida y escuchada.

            Aquella noche de protesta dejó un saldo de dos fallecidos y 207 heridos que necesitaron de intervención médica, según un informe del MINSA [https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/316952-minsa-informe-de-heridos-y-hospitalizados-durante-las-movilizaciones-sociales-comunicado-n-328]. Pero el subregistro de heridos fue mucho mayor. También se reportaron decenas de desaparecidos y personas arbitrariamente detenidas, además de haber sido violentadas en estas condiciones. Según el Reporte Mensual de Conflictos Sociales N.° 201 de la Defensoría del Pueblo [https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2020/12/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N%C2%B0-201-noviembre-2020.pdf], hubo 18 personas detenidas en las dependencias policiales para esa fecha, pero no se menciona nada sobre el presunto secuestro de Luis Fernando Araujo, quien apareció tres días después denunciando su desaparición forzada por parte de la Policía. Lo cierto es que el exceso de violencia ejercido por esta institución ha sido un hecho verídico que han podido atestiguar una gran cantidad de personas, además de haber sido reconocido por las propias instituciones del Estado peruano y organismos internacionales. El uso indiscriminado de perdigones y bolas de vidrio en armas de fuego viene siendo investigado, a pesar de que la Policía lo ha negado rotundamente. La violencia institucional se mantiene en el ojo de la tormenta hasta el día de hoy.

En su primera protesta social, Rocío sufrió por primera vez los efectos de un gas contra manifestantes. Sintió ahogo, escozor y desesperación por salir corriendo de la plaza San Martín, porque habían lanzado bombas desde los edificios aledaños: “El primer día de la marcha tiraron una bomba lacrimógena desde un edificio, desde una casa estuvieron lanzando la bomba”. También existe un video que captó el momento en que se lanzó un proyectil desde un helicóptero en medio de la muchedumbre, pudiendo impactar sobre la cabeza de cualquier civil. Rocío manifestaba pacíficamente y no esperaba una respuesta así de la Policía. 

A una cuadra del Ministerio de la Mujer, Sandra y su esposo —quienes también asistieron por primera vez a una protesta— se agruparon con un grupo de personas para hacer arengas. Un piquete de policías impidió que siguieran avanzando. Le preguntaron a un efectivo si podían pasar, pero este les dijo que no. Decidieron quedarse cerca de él, porque así se sentirían protegidos por las “fuerzas del orden”. Luego de unos minutos, la Policía decidió hacerlos retroceder mediante el uso de la violencia.

            —No pensé que ellos te empujaban y te agredían —contó Sandra—. No sé cuál será su protocolo, pero nos empujaron, no nos dejaron protestar a pesar de que estábamos ejerciendo nuestro derecho pacíficamente. Lo único que querían era botarnos cuando nadie estaba golpeando ni arruinando el patrimonio cultural.

            A pesar de las agresiones que sufrió, Sandra considera que en las protestas también existen momentos y acciones de confraternidad entre los manifestantes, una especie de camaradería que los une porque tienen convicciones semejantes: “Todo el que protestaba era amigo. Cuando te unes a un grupo con el mismo objetivo, entre todos se ayudan”. Luego de ser agredida por los policías, se reagrupó junto con un grupo de música folklórica, el cual le transmitió una sensación de tranquilidad y confianza, al punto de que se puso a danzar y agitar con decenas de personas una larga bandera peruana. Y es que cada momento y lugar de las protestas son diferentes. Existen espacios para la danza, la música, la performance y la poesía, un escenario que para los recién iniciados en protestas causa una sorpresa positiva. Pero también hay espacios de violencia y trifulca que usualmente se encuentra a la cabeza de la marcha.

La mayoría de manifestantes sabían del grado de violencia que se había vivido en las calles del centro histórico de Lima, pero no todos estaban enterados del asesinato de dos compañeros. Daniela, quien participó de su primera marcha y de una manera muy activa, recuerda claramente que al llegar a su casa prendió la televisión y se enteró de la muerte de Jack Bryan Pintado. Él estuvo desempeñando la misma función que Daniela: asistir a las personas afectadas por los gases lacrimógenos, brindándoles agua con bicarbonato.

            —Cuando llegamos de la marcha —comenta Daniela—, prendo mi televisor y vemos la noticia del chico que falleció. Pudo haber sido cualquiera, pude haber sido yo, pudo haber sido mi prima o mi vecino, porque nosotros estuvimos donde murió uno de ellos.

Los siguientes testimonios han sido hechos por manifestantes, cuyos nombres son resguardados por seudónimos como reserva y protección de su identidad. Después de la marcha del 12 de noviembre, las redes sociales se mantuvieron activas  hasta la madrugada y los noticieros extendieron su horario oficial de transmisión. Cientos de videos se compartieron por redes sociales con interpretaciones muy variadas. Una larga lista de desaparecidos dejaba en estupor y desesperación a familiares y amigos. Todo el país estaba en shock, muchos no podían dormir. Y personas que por primera vez acudieron a una protesta, como Rocío, Sandra y Daniela, no pudieron conciliar el sueño con normalidad toda la semana, el impacto de cada marcha les causó insomnio. Algo en ellas había cambiado, indudablemente. Así, en medio de esta tragedia, Sandra le increpó a su hermano que renunciara al cuerpo de la Policía. Se sentía muy dolida e identificada con los fallecidos: “Le dije a mi hermano que se saliera de la Policía, todos nos hemos identificado con la gente que ha perdido a sus familiares”. 

Tras una semana continua de protestas y del asesinato de dos jóvenes, Merino y sus ministros se vieron entre la espada y la pared, por lo que uno a uno fue renunciando a su cargo. La violencia tuvo que elevarse hasta niveles que recordaron los tiempos más crudos de la política en el país: se vivió una represión y uso de la fuerza desmedidas por parte de la Policía. Pero la violencia no solo fue física, se trató de tergiversar la esencia de las protestas buscando criminalizarla, señalando como terroristas a quienes alzaron su voz ante decisiones políticas con las que deslindaban. También los familiares de Inti y de Jack fueron intimidados por presuntos policías que buscaban incriminar a los fallecidos de algún delito para manchar su reputación. Varios conductores de televisión buscaban culpar a los jóvenes de actuar como vándalos y se trató una vez más de confundir a la población utilizando el viejo recurso de que Sendero Luminoso estaba detrás de los hechos.

Durante aquellos días, la ciudadanía se había sacudido de un extenso letargo y miles de ciudadanos y ciudadanas se involucraron en actividades políticas a pesar del miedo a contagiarse de COVID-19, un hecho que ningún especialista pudo prever. Daniela considera que esta fue una experiencia para liberarse y pasar a la acción colectiva: “Una como ciudadana se siente bien por el hecho de querer expresarse. Y ver que hay ciudadanos como tú que opinan igual, te hace sentir que no eres el único, que hay un gran grupo que quiere lo mismo que yo. Te sientes empoderada”.

Pese a todas las experiencias de peligro y tragedias, muchos manifestantes consideran que fue necesario y efectivo salir a las calles a protestar para que se oigan sus reclamos. En medio de un trágico momento y con su madre en brazos, Pacha Sotelo —hermana de Inti— denunciaba ante la prensa el asesinato de su hermano, pero alentaba a la población a que no pierda el horizonte de luchar por sus derechos. 

En medio de las críticas e intentos por deslegitimar las protestas sociales durante esas semanas, a raíz de las maniobras políticas por cambiar las cabezas del Gobierno, la coyuntura ha servido para que algunos ciudadanos y ciudadanas se mantengan más atentos y preocupados del acontecer nacional y para ampliar el diálogo sobre asuntos políticos en sus vidas cotidianas. Las protestas no buscan destruir el sistema político, sino más bien recuperar los canales de comunicación entre representantes (políticos) y representados (ciudadanía). Busca devolver un lenguaje más horizontal e inclusivo a la democracia representativa para que las decisiones no se tomen soslayando la opinión de la población. Sin embargo, la respuesta de las autoridades y algunos medios de comunicación masivos fue errada: intentan criminalizar la protesta con el uso de la violencia y por medio de la deslegitimación del “terruqueo”. Este discurso si bien ha tenido eco en generaciones que vivieron una época de álgida violencia, no tiene la misma repercusión en generaciones que han crecido en un nuevo milenio, lejos de la dictadura y el terrorismo. 

A pesar de la renuncia de Merino, no todos percibieron su salida de la presidencia como una victoria. Hay quienes consideran la necesidad de lograr mayores cambios, algunos incluso proponen una nueva Constitución. Distintas voces dentro del movimiento se vienen cultivando en los barrios de diversas ciudades, donde se empieza a vivir la ciudadanía de una forma más activa. La experiencia de los últimos años nos indica que un ciclo de protestas está siempre a flor de piel en el país si nuestros representantes vuelven a desestabilizar el orden político y social. Es necesario prevenir la violencia y renunciar a los intentos de criminalizar las protestas —una medida que solo enardece a la ciudadanía— e incluir a todos los sectores de la población en el diálogo político. Las demandas sociales a lo largo y ancho del Perú, que aún continúan, así lo ameritan.

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