La segunda ola de la COVID-19, ¿cortesía de la Policía Nacional del Perú?

La segunda ola de la COVID-19, ¿cortesía de la Policía Nacional del Perú?

Stefano Corzo Vargas / Investigador IDL-SC

(Crédito de foto: Leslie Moreno)

Las primeras manifestaciones en contra del breve gobierno de Manuel Merino abrieron un debate importante: ¿Qué impacto podrían tener estos contingentes masivos de personas sobre la tasa de contagios del nuevo coronavirus en el Perú? ¿Acaso la segunda ola de la COVID-19 vendría de la mano de una ola de protestas a lo largo del territorio nacional?  

Así, durante los últimos días, diversos medios han planteado esta interrogante a varios expertos en salud pública. Si bien este debate es nuevo en el Perú y ha sido propiciado, sobre todo, por la magnitud de las manifestaciones desplegadas recientemente, podemos inferir algunas observaciones de experiencias similares ocurridas durante la pandemia y de los estudios que se han realizado al respecto.

En ese sentido, el mayor estudio elaborado sobre la relación entre protestas sociales y nuevos brotes del coronavirus hasta la fecha concluye que no existe evidencia que demuestre un impacto positivo del primer factor sobre el segundo.

La investigación titulada “Black Lives Matter protests, social distancing and COVID-19”—elaborada por la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER por sus siglas en ingles), prestigiosa institución de investigación norteamericana con varios recipientes del Premio Nobel como miembros— responde a las incógnitas planteadas en el marco de las protestas que se desataron en los Estados Unidos luego del asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd.[1]

Naturalmente, el contexto de la pandemia y las precauciones que esto suponía alertaron a las autoridades y los medios de comunicación sobre los posibles efectos que podrían tener las protestas en los altos índices de contagios y casos confirmados que ya evidenciaba el registro de ese país.

El estudio de NBER recoge los datos de 315 ciudades donde se realizaron marchas. Y demuestra mediante el análisis y cruce de datos recolectados sobre la movilidad de las personas que asistieron a las marchas, como también de aquellos que se quedaron en casa, con los registros acumulados de casos confirmados y muertes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) que las protestas no resultaron en repuntes o rebrotes de la enfermedad, ni tampoco en aumentos de la tasa de mortalidad.

 Esto se debe principalmente a que si bien las marchas son actividades que congregan a grupos considerables de personas, donde el distanciamiento social es muy difícil, se llevan a cabo en espacios abiertos donde elementos como el viento y el sol permiten la circulación del aire y, de cierta forma, pueden mitigar la transmisión del virus. Además, la investigación también considera otros factores propios del contexto de la crisis sanitaria mundial —como el uso de mascarillas y protectores faciales en estas demostraciones civiles— para explicar sus hallazgos.

Ahora bien, sobre lo que todavía se ha hablado muy poco es el impacto que las estrategias desplegadas por la Policía Nacional del Perú (PNP) durante las marchas —principalmente el uso de gases lacrimógenos— podría tener en la tasa de contagios y la posible segunda ola peruana.

El gas lacrimógeno es un tipo de agente lacrimógeno y, por lo tanto, tiene un efecto irritante que afecta la garganta, nariz y pulmones. Lugares del cuerpo humano por donde el virus ingresa y empieza su invasión. La explicación que tantas veces se ha dado en los medios para el uso de las mascarillas y protectores faciales justamente radica en ello: para evitar que una persona contagiada pueda —al toser, hablar, estornudar, etcétera— transmitir la enfermedad a otra.

El problema aquí yace en el uso indiscriminado que la Policía ha venido haciendo de este elemento en la represión contra contingentes de manifestantes pacíficos donde no solo se encontraban jóvenes, sino también niños, adultos mayores y hasta personas con discapacidades que habían acudido a las marchas.

Prueba de ello es el caso de las bombas lacrimógenas que fueron arrojadas por policías en motocicletas a manifestantes que ya se retiraban de la marcha y estaban lejos de la zona de confrontación en la Avenida Brasil, cerca de las instalaciones del Hospital del Niño, durante la manifestación del jueves. Y que afectaron no solamente a las pacientes y familiares que se encontraban en el establecimiento médico, sino a los vecinos de las zonas aledañas también.

Este hecho se contrapone a lo que determina el Manual de Derechos Humanos Aplicados a la Función Policial de la PNP aprobado por el Ministerio del Interior (MININTER) en el 2018. En el apartado sobre las “técnicas de uso” de este elemento específica: “Evitar el empleo de material lacrimógeno en inmediaciones de edificaciones donde se congreguen personas con mayor riesgo de sufrir las consecuencias de los agentes químicos, tales como hospitales, asilos, colegios, etcétera”. En cuanto al “empleo” de esta arma química, el manual agrega: “Se debe evitar el empleo indiscriminado para evitar efectos colaterales como asfixia u otros”. Estas directivas se contradicen directamente con el accionar demostrado por las fuerzas del orden en las manifestaciones de los últimos días.

Accionar que se agrava en el contexto de la pandemia, donde el uso de estos gases obliga a los manifestantes a quitarse las mascarillas, toser, gritar y posiblemente provocar contagios en caso sean asintomáticos o ser ellos mismos contagiados por alguien más. Lo que torna esta situación de preocupante en indignante es que al parecer ninguna de las autoridades del MININTER o de la PNP consideraron ello pese a que dichas suposiciones ya habían sido consideraras en situaciones similares. Nuevamente, a raíz de las protestas que ocasionó el asesinato de George Floyd en Estados Unidos, diversas organizaciones se pronunciaron para solicitar que la policía deje de utilizar este tipo de armas por el contexto de la crisis sanitaria.

 La Sociedad Torácica Estadounidense, por ejemplo, hizo un pedido a las autoridades policiales para que se implemente una moratoria en el uso de gases lacrimógenos durante las protestas. En palabras del presidente de la asociación, el especialista en salud pública Juan C. Celedón: “El uso de químicos para el control de multitudes está prohibido en contextos de guerra. Estos ocasionan un daño respiratorio significativo a corto y largo plazo y muy probablemente propagan la infección de enfermedades virales, incluida la COVID-19”.[2]

Al parecer, ninguna de estas consideraciones fue recogida por el ahora exministro del Interior, Gastón Rodríguez, cuando sostuvo que luego de asumir el cargo había desarrollado una nueva estrategia policial para afrontar las marchas. Puesto que durante los últimos días se han difundido miles de videos en redes, sumado a la cobertura mediática que han tenido las protestas, que demuestran lo contrario.

Hasta la propia Defensoría del Pueblo se expresó en contra del excesivo e irregular uso de estos elementos en las jornadas de manifestaciones.  

Para la socióloga Zeynep Tufekci —quién ha investigado extensivamente diversos movimientos sociales y protestas a nivel mundial— los gases lacrimógenos son la primera interacción de muchas personas con la violencia del estado. Según ella, la indignación de la experiencia de ser gaseados como insectos puede llevar a que participantes casuales de las manifestaciones se conviertan en activistas de por vida. Seguramente este hecho no fue considerado por la PNP al elaborar su estrategia en contra de las marchas.

Al cerrar las jornadas de protestas del pasado sábado se confirmo la muerte de dos jóvenes estudiantes y aproximadamente cincuenta personas permanecen desaparecidas. La renuncia de Manuel Merino a la presidencia le ha dado un respiro a la ciudadanía que aún se mantiene vigilante ante cualquier atropello adicional. Es imposible aún saber cuál será el impacto real de estas manifestaciones civiles en los índices de contagios.

En el contexto de la pandemia no existe justificación alguna para el uso de estos elementos como estrategias disuasivas en manifestaciones que han sido pacíficas en naturaleza. Si a ello le sumamos los daños que también han ocasionado el uso errado y no protocolar de los gases lacrimógenos—disparos al cuerpo, disparos directos hacía concentraciones densas de personas y otros— cuando el manual citado arriba contempla que “para disolver la multitud, se procederá por el lado menos compacto, adoptando formaciones de control de multitudes, para de esta manera dividirla y dispersarla en el sentido o dirección de la vía que se haya prevista” y hay reportes de que se cerraron calles con rejas, en muchos casos dejando una única vía de acceso y salida, entonces se hace cada vez más evidente la desastrosa y trágica imagen.

Pero también se hace más clara la responsabilidad que tendrá que asumir la Policía y las autoridades correspondientes por las irregularidades registradas durante las protestas, y por el efecto que ello pueda tener en un posible nuevo brote del virus en la población.


[1] “Big Floyd”, como era conocido artísticamente en el mundo de la música hiphop, murió el 25 de mayo del presente año, luego de que Derek Chauvin, un oficial blanco, miembro de la policía del estado de Minneapolis lo redujera y se arrodillará sobre su cuello durante 8 minutos y 46 segundos hasta asfixiarlo. El hecho se volvió viral e impulso al movimiento #BlackLivesMatter [Las vidas de los negros importan], precipitando una serie de protestas que se extendieron a todos los estados del país.

[2] Traducción propia del autor.

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