La vulneración al derecho a la protesta en el banquillo

La vulneración al derecho a la protesta en el banquillo

Hoy se realizó audiencia del proceso de amparo por violación sistemática E interinstitucional al derecho a la protesta.

 

A fines del año 2022 y durante el año 2023, el derecho a la protesta se vio vulnerado y amenazado de manera sistemática e interinstitucional. Cuatro ejes conformaron las acciones y omisiones del Estado para la vulneración y amenaza: i) uso indebido de la fuerza; ii) criminalización; iii) modificaciones al marco normativo para limitar la protesta; iv) estigmatización de las personas que protestan.

 

Frente a ello, líderes y colectivos de Puno y Cusco, con el apoyo de organismos de derechos humanos y un colectivo jurídico independiente, presentaron una demanda de amparo, que se tramita ante el segundo juzgado civil de la Corte Superior de Puno. Después de un considerable retraso para la admisión de la demanda, hoy se llevó a cabo la audiencia.

 

La demanda fue presentada por Felix Suasaca Susaca, secretario general secretario nacional de la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales, Metaloides y otras Sustancias Químicas Tóxicas y Salvador Merma Hilachoque, secretario general de la Federación Departamental de Campesinos del Cusco. La defensa legal corresponde a Derechos Humanos y Medio Ambiente – DHUMA, Derechos Humanos Sin Fronteras – DHSF, el Instituto de Defensa Legal – IDL y el colectivo de abogados y abogadas compuesto por Nadia Lavado, Stephanie Rodríguez, Enrique Castro y César Bazán Seminario.

 

La Presidencia del Consejo de ministros (PCM) planteó argumentos para truncar el proceso y evitar que se analice el fondo del problema. La PCM solicitó que la demanda sea improcedente por tres razones: se habría presentado fuera de plazo, el colectivo puneño que demandó no es una persona jurídica inscrita y que la jueza no es competente para resolver el caso.

 

En un primer momento, la jueza negó el derecho de voz al abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), que es parte del patrocinio conjunto. Pero luego, le concedió el derecho a informar. La respuesta de la defensa a la PCM fue la siguiente:

 

  1. El foco de la demanda son las acciones y omisiones que de manera sistemática e interinstitucional amenazan y vulneran el derecho a la protesta. Esas acciones y omisiones se dieron durante las protestas y continúan hasta hoy. Por lo tanto, no ha pasado el tiempo para demandar.
  2. La demandante “Plataforma nacional de afectados y afectadas por metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas” es un colectivo. El Tribunal Constitucional ha admitido anteriormente que colectivos, como comunidades campesinas puedan demandar, sin que tengan inscripción en registros públicos (STC 04611-2007-PA/TC). En similar sentido, se pueden ver disposiciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, si no se acepta la demanda del señor Felix Suasaca como representante de un colectivo, él también demandó a nombre propio.
  3. Es competencia de la justicia constitucional actuar frente a la violación y amenaza al derecho a la protesta.

 

La jueza del segundo juzgado civil de Puno se reservó el derecho de pronunciarse en la audiencia sobre las excepciones y emitirá su resolución por escrito. Si decide por continuar el proceso, que es lo que jurídicamente corresponde, convocará a una nueva audiencia para ver el fondo del asunto.

 

Lima, 17 de enero de 2024

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