Las concesiones mineras otorgadas de manera inconsulta en Pitumarca deben declarase nulas
Los pobladores de las 11 comunidades campesinas y 32 anexos del distrito de Pitumarca, provincia de Canchis, Cusco, encabezados por Alejandro Quispe, secretario general del Frente Único de los Intereses del distrito, rechazan la explotación minera debido a los peligros de la contaminación ambiental y los riesgos de afectar la biodiversidad en esta zona turística de la región Cusco. El año pasado lograron salvar la Montaña de Siete Colores, que estaba dentro de una extensión que iba a ser concesionada.
La Montaña de los Siete Colores está ubicada en un área que fue concesionada a la minera Minquest Perú de propiedad de la empresa canadiense Camino Minerals Corporation, que en el año 2015 presentó ante el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) un petitorio para explorar 4 mil hectáreas que se superponen a la propuesta del área de Conservación Ausangate establecida por el Gobierno Regional del Cusco.
“Esto no sucedería si se respetara el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT que ordena al Estado la consulta de todo acto administrativo susceptible de afectar directamente los derechos de pueblos indígenas, independientemente que este sea un acto de mero trámite o que sea un acto discrecional. Luego de algunos años de entrada en vigencia del Convenio, resulta de suma importancia reflexionar sobre cómo se viene implementando el derecho a la consulta y, de manera particular, cómo se implementa la consulta en materia de proyectos extractivos mineros. En ese marco, resulta fundamental debatir si las concesiones mineras deben ser objeto de consulta”, sostiene Maritza Quispe, del Área de Litigio Constitucional y Pueblos Indígenas del IDL.
No todos están de acuerdo en que deben consultarse las concesiones mineras. La abogada sostiene que hay dos tipos de razones para estar de acuerdo o estar en contra: razones de conveniencia y razones jurídicas. Las primeras son razones políticas relacionadas a si resulta oportuno y conveniente consultar las concesiones mineras. Las segundas parten de la existencia de un mandato legal, constitucional o convencional de consultar las concesiones mineras.
Maritza Quispe afirma : “Las razones por las cuales consideramos conveniente y oportuna la consulta previa de las concesiones previas en nuestro país son las siguientes: La consulta previa puede constituir una herramienta para defender el territorio indígena en tanto no se notifica como es debido a las comunidades campesinas sobre las concesiones en sus propios territorios. La consulta previa puede servir para visibilizar la existencia de comunidades campesinas y restos arqueológicos que son patrimonio histórico ignorado por las concesiones mineras. Finalmrente, en un contexto de ausencia de ordenamiento territorial, la consulta de las concesiones mineras, pueden servir para cuestionar el “ordenamiento territorial minero” que en los hechos realiza Ingemmet. La consulta previa también puede ayudar a develar cómo funcionarios de Ingemmet -que nadie ha elegido y que no tienen mandato de representación- pueden disponer y definir el uso del territorio por 30 millones de peruanos”.