Litigio constitucional en defensa del agua potable de Lima
El Poder Judicial ha admitido la demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas que ha autorizado un proyecto minero que pone en peligro el acceso al agua potable de Lima y Callao.
Este recurso ha sido presentado por las congresistas Marisa Glave, Katia Gilvonio y José Antonio De Echave, director ejecutivo adjunto de CooperAcción, con el patrocinio legal de IDL, contra actos administrativos emitidos por el Ministerio de Energía y Minas, mediante los cuales se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para la etapa de explotación del Proyecto Ariana, se autoriza el plan de minado del proyecto de explotación Ariana y se autoriza a la mina que construya una planta de procesos metalúrgicos, un depósito de relaves y otras instalaciones auxiliares.
Según el abogado del IDL, Juan Carlos Ruiz, “se presenta esta demanda pues estas medidas generan para todas las personas que viven en la ciudad de Lima y en la provincia constitucional del Callao, una amenaza cierta e inminente de violación al derecho fundamental al agua potable (artículo 7.A de la Constitución, modificado por la Ley No 30588, que aprobó la ley de Reforma Constitucional que reconoce el derecho de acceso al agua como derecho constitucional), de violación al derecho fundamental a disfrutar de un medio ambiente equilibrado (artículo 2.22 de la Constitución), y de violación al derecho fundamental a la salud (artículo 7 de la Constitución)”.
La amenaza es inminente. Según estudios realizados por CooperAcción, la puesta en marcha de este proyecto pone en peligro el ecosistema de las lagunas Shiusha, Huancash y Pucrococha (El Sangrar) de la cuenca del Río Rímac, cuyas aguas alimentan el túnel trasandino Cuevas Milloc, a través del cual se transporta el agua para consumo humano para más de 10 millones de ciudadanos de Lima y Callao. Asimismo, estas lagunas aportan agua al río Carispaccha, que proveerá de agua al futuro proyecto Marca V, y que también prevé trasvasar agua potable hacia Lima.