Lo que se dijo y no se dijo sobre la (in)seguridad en el mensaje a la nación
Stefano Corzo
El pasado 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte brindo un extenso mensaje a la nación —72 paginas leídas a lo largo de 3 horas y 6 minutos— donde declaró haber asumido la conducción de un país “semiderruido” y cuyo primer gran desafío fue contener la convulsión social que tenía como objetivo reemplazar la democracia peruana por “una dictadura”.
Lejos del mea culpa que podían esperar algunos sectores, en su discurso la mandataria se dedicó a enfatizar los logros de su gestión y exponer las medidas que implementara su administración de cara a la última mitad del año. Mientras la presidenta apareció en diversas señales de radio y televisión a nivel nacional, grupos de manifestantes protestaban en contra de su mandato en el centro de la capital, donde posteriormente se produjeron enfrentamientos con la Policía.
Esta última ha sido la gran aliada del nuevo gobierno desde que Dina Boluarte tomó el poder a finales del año pasado. Aunque no necesariamente por sus esfuerzos para mejorar la (in)seguridad de nuestras calles. ¿Cuáles fueron los principales anuncios y propuestas de la presidenta para este sector?
El mayor problema que enfrenta hoy el Perú es la alta inseguridad ciudadana y el alarmante avance de la delincuencia y la criminalidad, que no solo les quita a nuestros compatriotas, sus pertenencias y su derecho a vivir en paz, sino también sus propias vidas.
Así empezó el apartado “Lucha contra la Inseguridad Ciudadana y el Crimen Organizado” que leyó la presidenta desde el Hemiciclo del Congreso de la República.
Si revisamos los últimos boletines publicados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) veremos que, efectivamente, en términos comparativos se ha evidenciado un incremento en la tasa de victimización en el país durante el último año y, específicamente, durante los últimos meses.
Por ejemplo, para el periodo entre setiembre 2020 – febrero 2021 la victimización alcanzo un 20.4 %. En ese mismo intervalo, un año después (setiembre 2021 – febrero 2022), se evidenció una leve reducción que a 19.9 % y, en el último intervalo medido (setiembre 2022 – febrero 2023), hubo un incremento considerable a 23.2 %. Si bien, la victimización en el Perú ha promediado el 20 % en los últimos años resulta preocupante ver como esta cifra ha ido escalando progresivamente en el último año.
De la misma manera, se ha evidenciado también un leve incremento en los crímenes violentos. El número de homicidios para el 2022 fue 2855, lo que evidencia una tendencia al alza si revisamos las estadísticas de los últimos años: 2021, 2784 homicidios; 2020, 2711 homicidios; 2019; 2635 homicidios. Durante la última década el incremento es más notorio. Para el 2011, solo se registraron 1617 homicidios a nivel nacional.
Para afrontar el grave desafío de la delincuencia, presentó ante usted, señor Presidente, un proyecto de delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo, por el plazo de 120 días, a fin de aprobar las medidas que necesita hoy el Perú para enfrentar, con mayor dureza y eficiencia, a la delincuencia y la criminalidad.
Ante este grave panorama, la solución propuesta por el actual Gobierno será la promulgación de 33 normas que tienen como objetivo general reducir la delincuencia. Entre ellas, se hizo mención de modificaciones al Código Penal que permitan incrementar las sanciones para los delitos más comunes. Según datos del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Publico estos vendrían a ser la violación de la libertad sexual (25.2 %), el hurto (22.5 %) y el robo (21.6 %).
Adicionalmente, la presidenta fue enfática en las modificaciones que se realizaran al Código Penal para frenar lo que denominó como “acción delictiva cometida por extranjeros en nuestro país”. Proponiendo la figura de la expulsión, como la principal incorporación al Código Penal para los casos de flagrancia delictiva, el tráfico de migrantes y otros delitos cometidos por extranjeros dentro del territorio nacional.
Sobre este punto se debe ser preciso, si bien ha habido un incremento en los principales indicadores delictivos durante el último semestre y, si bien muchos de los casos más difundidos por la prensa durante este periodo han tenido a personas extranjeras como protagonistas de estos hechos, la realidad es que no existe una correlación directa entre la presencia de población migrante y el incremento de la (in)seguridad como ya han demostrado varios estudios e informes.
Proyecto de ley que incorpora la categoría de Policía de Orden y Seguridad para fortalecer la seguridad ciudadana. Esta norma nos permitirá incorporar de manera célere a miles de jóvenes a las actividades policiales, cerrando la brecha de falta de personal.
El primer Proyecto de Ley anunciado por la presidenta quizás sea una de las promesas sobre la que más énfasis viene realizando el actual gobierno. Durante los últimos meses, tanto el primer ministro Alberto Otárola, como el ministro del Interior Vicente Romero, han venido anunciando de diversas maneras un proyecto de reforma para la Policía Nacional del Perú (PNP). Según el propio ministro Romero, quien durante el fin de semana estuvo dando entrevistas sobre el tema, esta categoría se definiría como:
“Es un personal que viene de las Fuerzas Armadas, viene de haber cumplido su servicio militar voluntario después de dos años, son jóvenes preparados en el tema de manejo de armas y disciplina. Tienen una serie de bondades que la Policía puede aprovechar. Además, son jóvenes que vienen a buscar trabajo. Es una buena oportunidad para la policía y solo va a ser para el patrullaje a pie o en vehículos. Es decir, para orden y seguridad”.
La Policía es probablemente la institución del Estado peruano que más se ha visto afectada por la crisis política y social del último lustro. Empezando con la pandemia, su legitimidad se vio severamente afectada por los escándalos de corrupción que se revelaron en ese momento, pero también su capacidad operativa fue gravemente dañada por las bajas que significó el contagio fatal de COVID-19 entre sus miembros quienes sumieron roles adicionales a lo que tenían encargados en medio de la crisis sanitaria.
Luego, tras la vacancia de Martin Vizcarra y las protestas de noviembre de 2020, la institución nuevamente enfrentó cuestionamientos por las serias irregularidades presenciadas durante esas manifestaciones. Irregularidades que llevaron a la instalación de una Comisión de Bases para proponer una reforma policial. La cual se elaboró, pero nunca se terminó ejecutando por el Gobierno de Pedro Castillo que termino de socavar la poca institucionalidad que le restaba a la institución.
Finalmente, con la salida de Castillo y la llegada de Boluarte a finales del año pasado, la PNP o, al menos, algunos de sus más altos mandos, se convirtieron en actores políticos que secundaban y complementaban los discursos y narrativas del Congreso y el Ejecutivo. La reforma de la que tanto se había hablado se desvaneció en el aire. Y la brecha entre la policía y la población parece haberse expandido de manera definitiva después de los heridos y muertos que traía el nuevo gobierno con su asunción.
¿Servirá de algo incorporar a personal militar en labores policiales? ¿Más aún en labores preventivas como patrullaje?
El mensaje a la nación de Fiestas Patrias parece haber dejado más dudas que respuestas. Resulta imposible saber si el gobierno de Dina Boluarte tendrá la capacidad política para impulsar los cambios que se ha propuesto cuando el ciclo de protestas en el país parece reiniciarse y cuando los sectores políticos que en algún momento la respaldaron comienzan a darle la espalda. Lentamente, todo empieza a desmoronarse.