Los caminos de la democracia (Diario Uno)

Los caminos de la democracia (Diario Uno)

Noticia publicada en Diario Uno el 23/09/19

Ante el irregular proceso perpetrado por el fujimorismo para designar a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC), el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, analizó las alternativas democráticas que le quedan al país para evitar el secuestro de la instancia más importante del sistema de justicia.

“Por todas las irregularidades en el proceso de elección es totalmente plausible presentar una acción tanto de tipo administrativo (al interior del Congreso, por faltas al reglamento) para buscar la nulidad de este proceso, como a nivel judicial con una acción de amparo en el sentido de proteger el derecho a la participación, a la justicia, y sobre todo a tener un correcto procedimiento de elección de una alta corte de justicia”, afirmó.

En consecuencia, consideró que “una acción de amparo tendría que ser planteada ante un juez civil, y solicitarle la ejecución de una vía de carácter cautelar para que disponga el cese de este procedimiento y el inicio de un procedimiento mucho más regular”.

Rivera sustentó estas acciones a partir de los estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “A nivel internacional, sobre todo a partir de los estándares establecidos en la ONU, hay un procedimiento regido que marca la publicidad, transparencia y la posibilidad de intervención de la propia sociedad civil. Sin embargo, nada de eso ocurre acá y por tanto una acción legal puede ayudarnos en este escenario”, comentó.

“Esta elección no se puede hacer de cualquier manera. El derecho internacional indica que la elección de estos tribunales no pueden llevarse a cabo de espaldas a la sociedad, entre gallos y medianoche, en media hora como dijo el congresista Alberto Quintanilla. Ha sido absolutamente irregular, más irregular que la famosa repartija”, agregó.

CIDH DEBE PRONUNCIARSE

Además, recordó que existen otras alternativas como el acudir a instancias internacionales cuya opinión sí sea vinculante para el Estado peruano, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Si nos hemos ido hasta Venecia a ver nuestros procedimientos constitucionales, con mucha mayor razón podemos acudir a la CIDH, porque el Perú es parte del sistema interamericano, y no sería la primera vez que acudamos a esta Comisión, que siempre ha estado interesada en hacer seguimiento al caso peruano”, indicó.

El jurista resaltó que “de por medio no solo esta una interceptación constitucional sino la propia continuidad del sistema democrático en el país”. “Vivimos una crisis política intensa que corre el riesgo de acentuarse si no hay una salida en el corto plazo, por lo tanto, amerita un pronunciamiento en este sentido”, añadió.

Y MAGISTRADOS DEBEN INHIBIRSE

Respecto al planteamiento de distintos actores e instituciones de la sociedad civil, de una condena moral que obligue a desistir a los magistrados de participar de una elección con vicios de fraude, Rivera fue un poco más escéptico. “Ojalá que eso ocurra, pero no tengo ninguna esperanza de nada sobre la mayoría de los magistrados que están postulando, pues creo que son parte del mismo ideario político del fujiaprismo”.

“Pero tal vez personas como la integrante de la comisión Tuesta, Milagros Campos, o Carlos Hakansson, ojalá tengan un proceso de reflexión interno y den un paso al costado para no legitimar un proceso de captura del TC”, agregó.

Rivera también cuestionó la validez del actual Congreso para designar al TC. “No solo tienen intereses políticos sino también intereses personales. Este denodado interés de Marisol Espinoza para apurar la designación debe tener relación con las investigaciones penales que tiene en su contra en Chiclayo, y así como ella hay varios casos. Buscan un chaleco antibalas que los proteja de procesos penales y les dé mayor márgenes de maniobra para cuando ya no tengan inmunidad”, señaló.

 

Agregue un comentario

Su dirección de correo no se hará público.