Los cargos contra Chávarry y Gálvez son graves y lo que corresponde es la destitución

Los cargos contra Chávarry y Gálvez son graves y lo que corresponde es la destitución

Noticia publicada en CrónicaViva el 23/07/20

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Tras la decisión de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de suspender por seis meses a los fiscales supremos Tomás Gálvez y Pedro Chávarry, lo que corresponde es profundizar las investigaciones y disponer su destitución, sostuvo el coordinador del Área Legal del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera.

“En la JNJ lo que corresponde es no solamente profundizar las investigaciones. Los cargos que se han presentado en el caso de Tomás Aladino Gálvez y Pedro Chávarry son realmente graves”, precisó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Por lo tanto, el curso de estas investigaciones en los próximos seis meses o un tiempo menor […] tendrían que corroborarse con el conjunto de elementos probatorios que ya las resoluciones de Tomás Gálvez y Pedro Chávarry mencionan, y tomarse la decisión que corresponde, que es la de ya no solamente la suspensión, que es una medida cautelar, sino la medida de destitución que es el objetivo del inicio de estas investigaciones de carácter disciplinario en la JNJ”, señaló.

Como se sabe, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) suspendió a Chávarry Vallejos en el cargo de fiscal supremo por un plazo de seis meses como parte del proceso disciplinario que se le sigue por su presunta vinculación al caso Los Cuellos Blancos del Puerto.

Decisión trascendental

Carlos Rivera Paz saludó, en ese sentido, la medida preventiva de suspensión dictada en el marco del procedimiento disciplinario inmediato abierto a Chávarry Vallejos, tras recordar que la semana pasada la JNJ dispuso también la suspensión del fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez.

“Es una decisión trascendental la que tomó la JNJ. En términos concretos, […] se está poniendo en el lugar que deberían estar dos fiscales supremos que —luego de exactamente dos años de haberse revelado los audios de la corrupción o de la vergüenza en julio del 2018, que daban cuenta de su involucramiento de actos no solamente ilícitos o antiéticos, sino abiertamente ilegales— todavía permanecían en la Junta de Fiscales Supremos”, declaró.

“Ellos estaban en la Junta de Fiscales, tomando decisiones, y siendo parte de una cúpula de poder en la que ellos mantenían una correlación favorable por el número de miembros de esta Junta de Fiscales. Eso es lo que ha cambiado. Y eso tiene como consecuencia, un segundo hecho importante, la posibilidad de que la Junta de Fiscales Supremos esté mucho más liberada de compromisos y de medidas que, hasta hace no mucho, ellos venían exigiendo”, apuntó.

El papel del Congreso

En ese sentido, el abogado del IDL señaló que tras esta decisión del JNJ le corresponde al Congreso declarar procedente las denuncias constitucionales a nivel del Pleno para derivarlas, de acuerdo al procedimiento, al Ministerio Público y, en su momento, al Poder Judicial.

“Lo que corresponde ahora es que el Congreso de la República tendría que ya no solo declarar procedente la denuncia constitucional como entiendo ha sucedido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, sino que tendría que aprobar en el Pleno una acusación contra todos estos integrantes, y de esa manera esa acusación irá a la Fiscalía de la Nación, y esta podrá formular nuevas imputaciones y nueva formalización de denuncias ante el Poder Judicial, el cual a su vez tendría que ampliar las investigaciones y procesos penales por estos hechos delictivos”, acotó.

Finalmente, dijo que el criterio de la JNJ debería ser tomado en cuenta en las investigaciones del Congreso y el Ministerio Público.

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