Los “extranjeros”: usos políticos de la inmigración venezolana en la campaña presidencial

Los “extranjeros”: usos políticos de la inmigración venezolana en la campaña presidencial

Aldo Pecho Gonzáles

IDL-Seguridad Ciudadana

A menos de tres semanas para las elecciones, la campaña presidencial va entrando en su última recta y viene tomando un perfil reconocible en torno a los candidatos y sus propuestas. Desde el Instituto de Defensa Legal, se busca analizar algunas de las temáticas más relevantes para la ciudadanía y cómo han sido abordadas durante esta campaña por los candidatos y sus organizaciones. En esta ocasión, desglosaremos el problema de la inmigración venezolana en el Perú y los usos políticos que se le viene dando, en un contexto de polarización política, crisis sanitaria, descontento social y debacle económica.

En principio, se debe reconocer que la cuestión venezolana es de suma importancia para el país por la cantidad de inmigrantes en situación de vulnerabilidad que viven aquí. Estamos hablando de más de un millón de personas venezolanas, de las cuales 9 de cada 10 viven en espacios de alquiler (la mayoría en habitaciones de una sola pieza), 9 de cada 10 no reciben atención médica especializada, 8 de cada 10 trabajaban en empleo informal antes de la pandemia, 2 de cada 3 perdieron su empleo durante los seis primeros meses del estado de emergencia, cientos de miles esperan que sus solicitudes de refugio puedan resolverse favorablemente, y como grupo social son estigmatizados por medios de comunicación masivos y redes sociales. La Defensoría del Pueblo, en un informe  que publicó a finales del año pasado, ha alertado claramente sobre las condiciones y los riesgos en los que se encuentra la población venezolana, incluso pensando en un escenario pospandemia. Y es sobre esta situación que, en teoría, los candidatos deberían reflexionar y formular sus propuestas.

Evidentemente no lo han hecho. Proponer soluciones para la cuestión venezolana resulta incómodo para los políticos porque un buen sector de la población peruana no simpatiza con la inmigración: se han generado prejuicios en torno a la pérdida del empleo y un supuesto crecimiento de la inseguridad por causa de la diáspora. Aunque percepciones así resultan preocupantes, lamentablemente son muy comunes en las migraciones masivas de cualquier parte del mundo. De hecho, los mismos peruanos han sufrido generalizaciones de este tipo viviendo en el exterior. Los imaginarios en torno al “extranjero”, el “extraño” o la “otredad ajena” que no calza con nuestras costumbres y formas de vida —y mucho menos si es pobre y piensa quedarse a vivir largo tiempo—, terminan por crear etiquetas negativas sobre personas que no conocemos y sobre las que tampoco sabemos qué realidad afrontan individual o familiarmente. Así se construyen generalizaciones sobre miles y miles de personas, las cuales deben calzar necesariamente con los estereotipos asignados: “Son ruidosos, alcohólicos, violentos, no respetan las normas, delinquen y sus mujeres vienen a robar maridos”.

Por supuesto, casi ningún político quiere enfrentarse a estas narrativas, que han calado en un buen sector de la sociedad, y mucho menos cuando allí han encontrado el “chivo expiatorio” ideal para descargar viejos problemas que ya existían en el país desde hace buen tiempo. ¿Por qué no aprovecharse de la coyuntura actual y echarle la culpa a los inmigrantes sobre algunos de nuestros problemas? Cómo no. Por ello, algunos candidatos hacen eco del morbo mediático por las noticias policiales —y sus sobredimensiones— para lanzar afirmaciones estigmatizantes y propuestas xenofóbicas contra la población venezolana. Esto en contraste con sus planes de gobierno vacíos de contenido para uno de los grupos poblacionales más vulnerables que viven en el Perú, como son migrantes y refugiados.

Con un panorama así, es necesario precisar: ¿Quiénes son los candidatos que han abordado el problema de la inmigración venezolana en el Perú? ¿Cuáles han sido sus lecturas y propuestas al respecto? En las siguientes líneas, se dará un repaso sobre las propuestas y declaraciones más resaltantes durante la presente campaña política.

Los discursos beligerantes

Daniel Salaverry se ha convertido en el candidato abanderado y el más virulento contra la presencia de la población venezolana en el Perú. Sus declaraciones al respecto en medios de comunicación han sido constantes, sin que se las confronte abiertamente. Por ejemplo, en una entrevista para el programa 24 horas de Panamericana, en febrero de este año, afirmó: “Tengo una posición muy clara sobre los extranjeros que están de manera ilegal en el Perú. Yo sí los voy a deportar en el acto. No podemos permitir que haya extranjeros de manera ilegal en el Perú, y encima aprovechándose de la solidaridad de los peruanos. Los hemos recibido con los brazos abiertos para que se forjen un futuro para ellos y sus familias, y vengan aquí a delinquir, robar y matar”.

De esta forma, Salaverry equipara la migración irregular (es decir, aquella que no ha pasado por registros formales al no tener la documentación exigida) con las incidencias delictivas. En principio, habría que decir que ninguna persona es “ilegal”, solo se encuentra en situación migratoria irregular. Y la razón por la que esta existe no es por el deseo de venir a delinquir impunemente, sino más bien por la falta de facilidades administrativas, barreras documentarias y voluntad política, que han buscado frenar el flujo migratorio de manera inadecuada. Hoy en día asistimos a una militarización de la frontera que más bien termina poniendo en peligro a las personas que buscan refugio. Lo llamativo es que Salaverry ignora que nuestra política nacional migratoria —y las normativas internacionales a las cuales nos sujetamos también— se rigen por principios como la no discriminación y no criminalización de la migración, y en particular la migración irregular, sobre la cual se deberían plantear soluciones de otro tipo.

La aparente gresca que Salaverry tuvo con un ciudadano venezolano, y sobre la cual muchas personas han tenido dudas sobre su veracidad, no ha sido más que una parodia de un discurso beligerante y sumamente irresponsable contra la inmigración. Un discurso que pone en el ojo de la tormenta a las personas venezolanas y las convierte en el centro de ataque —y desquite— en plena campaña presidencial. Resulta irónico que, en el plan de gobierno de su partido, Somos Perú, la única mención sobre las personas migrantes sea reconocerlas como “población vulnerable” cuando se presentan casos de “tráfico ilícito de migrantes”. De hecho, muchos de los llamados “ilegales” que Salaverry quiere expulsar llegaron a nuestro país justamente expuestos por traficantes o “coyoteros”, los que hasta el día de hoy siguen operando en la frontera norte, a pesar de la militarización.

Otro de los candidatos que por buen tiempo viene siendo hostil contra la migración venezolana, y teniendo uno de los discursos más agresivos del medio político, es Daniel Urresti de Podemos Perú. En febrero de este año, afirmó para Exitosa que expulsaría del país a aquellos extranjeros que se encuentren indocumentados (entendemos, en situación irregular) y a los que cometan faltas (es decir, infracciones menores), además de apresar a quienes cometan delitos (lo cual ya está contemplado en el Código Penal, sin importar la nacionalidad): “Todos aquellos que no tengan documentos en regla a su casa. Afuera. Así tengamos que hacer 30 vuelos de avión todos los días. El que cometa faltas, que no son calificadas como delitos graves, a su casa. El que cometa delitos graves como asesinatos, delitos contra el cuerpo, la salud y la vida, a prisión”.

Como gerente de Seguridad Ciudadana de Los Olivos (municipio en la zona norte de Lima Metropolitana), Urresti ha tenido varios altercados en operativos contra el comercio ambulatorio venezolano. En algún momento, ha excusado la violencia de sus fiscalizadores durante estos operativos afirmando que había un “exceso de adrenalina”. Con todo, insiste en que existen “malos” migrantes que estarían engrosando mafias, sicariatos y delincuencia común. Una narrativa alarmista sobre la inseguridad, junto con un discurso del miedo irresponsable, que desde el Instituto de Defensa Legal intentamos desmentir año tras año con las publicaciones de nuestros informes anuales de seguridad ciudadana.

Otro candidato que desde hace un tiempo viene teniendo un discurso beligerante contra la población venezolana es George Forsyth. Tan solo el año pasado, el aspirante presidencial de Victoria Nacional aseguró, sin ningún informe técnico a la mano, que el 80 % de mafias en La Victoria estaba controlada por extranjeros. Quien conoce la realidad victoriana sabe que las organizaciones delictivas —nacionales, por supuesto— vienen controlando por décadas las zonas comerciales en el ala este del distrito. Allí extorsionan y cobran cupos a cientos de comerciantes y trabajadores, entre ellos, personas venezolanas.

Para aligerar su discurso, Forsyth intenta distinguir entre extranjeros buenos y extranjeros malos. Esta dicotomía es muy peligrosa, porque estigmatiza a la población venezolana entre dos opciones, una de las cuales genera alerta inmediata y rechazo para la población peruana. Así, en cualquier lugar que veamos un venezolano, habría la posibilidad de encontrarnos con un “delincuente”, “lacra” o parte del “crimen organizado”, calificativos que utiliza el candidato para referirse al grupo de inmigrantes que quiere expulsar del país. Ahora, resulta llamativo que en el plan de gobierno de Victoria Nacional se diga que se reciben con brazos abiertos a la población extranjera que viene a “aportar”, se rechace la xenofobia y se reconozca que forman parte de una población vulnerable. Sin embargo, en las declaraciones recurrentes de su candidato existe más bien una contradicción al alentar la estigmatización de una población que ya desde hace un tiempo viene sufriendo prácticas xenofóbicas.

Los discursos oportunistas

Hemos visto los discursos de algunos candidatos que hacen uso político de la inmigración venezolana como uno de los pilares de sus campañas presidenciales. Existen también otros candidatos que coyunturalmente abordan esta problemática —aunque de manera menos sistemática—, en sintonía con el eco mediático y social que rechaza la inmigración.

En el primer caso tenemos a Yonhy Lescano, aspirante presidencial de Acción Popular y actual líder de las encuestas. Con un discreto plan de gobierno, en el cual no se hace ninguna referencia al problema de la inmigración, Lescano responde de acuerdo con la coyuntura y preocupación de los medios. Así, en una entrevista hecha por Nicolás Lúcar para Exitosa, cuando se le pregunta “¿Qué va a hacer con el tema venezolano?” —una pregunta evidentemente abierta—, lo primero que responde es: “Los que tienen que salir son los que se dedican al delito. Los que no tienen ocupación y están haciendo fechorías, matan y asaltan tienen que irse por cuestión lógica. Si los estamos cobijando en el Perú y son personas de buena voluntad, a Dios gracias. Si están cometiendo fechorías, para afuera. Se tiene que hacer una revisión de quiénes están con ocupación legítima, quiénes se están portando bien, y quiénes están viniendo a asaltar y a robar”.

Nuevamente encontramos un candidato que sitúa el problema de la inmigración exclusivamente en el tema delictivo, y nuevamente con la peligrosa dicotomía: migrantes buenos y migrantes malos. El año pasado, Equilibrium CenDe y el Migration Policy Institute demostraron que no existe un desborde delictivo en el Perú por causa de la inmigración, como se viene afirmando. De hecho, el total de delitos y la proporcionalidad de delitos cometidos por personas venezolanas es menor que la perpetrada por peruanos; lo mismo sucede con las personas en situación de cárcel. Es más, revisando las estadísticas policiales, desde el Instituto de Defensa Legal encontramos que los venezolanos denuncian haber sufrido más delitos de los que se les imputa; y estamos hablando de un alto subregistro de denuncias, debido al desconocimiento del sistema de justicia, el miedo a no tener papeles registrados o el desaliento por la inacción policial.

Otro candidato que apela a los problemas coyunturales es José Vega de Unión por el Perú (UPP). De hecho, en su plan de gobierno la única línea que dedica a la cuestión venezolana es una simple oración: “Rechazamos y condenamos todo tipo de violencia entre ciudadanos nacionales y/o extranjeros”. No hace ninguna propuesta al respecto. Sus declaraciones para los medios sí son más que elocuentes, como las que tuvo para RPP hace unas semanas: “Planteamos la intervención de las Fuerzas Armadas para ayudar a contribuir, como en la época del terrorismo, a la pacificación. Es importante que las Fuerzas Armadas participen con la Policía para ayudar a neutralizar la delincuencia organizada criminal […] que ha crecido por lo que ha significado la invasión de los venezolanos de mal vivir que ha generado que aumente la crisis”.

Un discurso similar se puede hallar en el plan de gobierno de Pedro Castillo de Perú Libre, quien afirma que el problema de la inseguridad se debe a la inmigración: “Lima y el Callao tienen los más altos índices de inseguridad ciudadana en el país por tener mayor población inmigrante, nacional y extranjera”. Sin embargo, no hemos podido captar declaraciones coyunturales al respecto, por lo menos en los grandes medios. Lo que sí es conocido, cuando tenía un cargo dirigencial en el magisterio, es su rechazo a la población venezolana. Así, el año pasado “denunciaba” que el Ministerio de Educación aceptaba maestros extranjeros, quitándoles plazas a maestros peruanos.

Por último, tenemos el caso de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular. En su plan de gobierno no existe ninguna línea dedicada a la cuestión venezolana en el Perú. De hecho, Fujimori ha sido muy precavida para abordar el tema en los medios durante la campaña. Recordemos que cuando inició la diáspora venezolana, la lideresa fujimorista se alineó al respaldo geopolítico a favor de la oposición venezolana, las duras críticas hacia el Gobierno de Maduro y un apoyo a la política de puertas abiertas para migrantes y refugiados. Es más, respaldó las medidas de los Gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra en torno a la acogida de la diáspora venezolana en el Perú.

En enero de este año, habiéndose iniciado la campaña presidencial, ocurrieron una serie de denuncias contra ciudadanos venezolanos, además de la difusión de fake news que hablaban de un supuesto desborde de criminalidad migrante. Para terminar de exasperar los ánimos, se difundió videos en los que se encontraban personas venezolanas que pasaban por la frontera de Tumbes sin muchas restricciones. Por estas noticias, emergió un fuerte discurso xenofóbico que caldeó los ánimos y puso en el debate la seguridad ciudadana. Oportunamente, la candidata Keiko Fujimori sacó un spot de campaña en el cual prometía combatir con “mano dura” la delincuencia y otros problemas del país. La “mano dura” es una clásica política de seguridad ciudadana que busca apelar al efectismo, mediante la respuesta punitiva, sin ir al fondo del problema. Sin ninguna propuesta más, Fuerza Popular tampoco ofrece una salida al problema de la inmigración.

Los discursos ambivalentes

También encontramos un grupo de candidatos cuyas propuestas sobre el problema de la inmigración en el Perú resultan positivas y que toman en cuenta, por lo menos, algunas de sus necesidades más importantes. Sin embargo, más allá de estas propuestas (las que generalmente están consignadas en los planes de gobierno), se han podido escuchar declaraciones coyunturales negativas contra la población venezolana. En estos contradictorios discursos, lamentablemente se reproduce la estigmatización. Veamos qué candidatos se ubican en este rubro.

En primer lugar, tenemos a Rafael López Aliaga de Renovación Popular. Este controvertido candidato, conocido por sus declaraciones viscerales, formula propuestas muy interesantes a favor de la población venezolana. En su plan de gobierno se propone que la Superintendencia Nacional de Migraciones pase a formar parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, y deje de depender de la cartera del Interior con el fin de tener un mejor control migratorio. Así mismo, asegura que promoverá la regularización de la calidad migratoria irregular, para que los ciudadanos extranjeros puedan “contribuir de manera económica al país”. Y para esto propone reducir las calidades migratorias, eliminar los trámites burocráticos y uniformizar los requisitos. Además, encontramos otra propuesta llamativa en su plan de gobierno: “Promoveremos la obtención de la nacionalidad peruana a los 5 años de residencia en territorio peruano”, la cual López Aliaga reafirmó en una entrevista con Jaime Bayly con respecto a la población venezolana.

Sin embargo, López Aliaga también ha seguido la tendencia coyuntural de otros candidatos que prometen expulsar a los extranjeros relacionados con la criminalidad. A inicios de este año, en una entrevista para Cuarto poder, afirmó que quienes cometan actos delictivos serán expulsados, sin necesidad de pasar por el proceso judicial, ya que este —según afirma el líder de Renovación Popular— los libera fácilmente.

Por su parte, el candidato Hernando de Soto de Avanza País, quien cuenta con un plan de gobierno muy discreto, tiene algunas propuestas a favor de la población venezolana en el Perú. Para empezar unas líneas de diagnóstico relacionadas con inclusión social: “La cantidad de inmigrantes venezolanos no ha sido atendida de manera integral y afecta la eficacia de las medidas de apoyo social”. Como respuesta propone: “Crear un programa de atención a los inmigrantes e incorporarlos a la fuerza laboral formal, con permisos cuya duración este de acorde a las calificaciones”.

En conversación con algunos medios, De Soto ha repetido su propuesta de “formalizar” la fuerza laboral de las personas venezolanas. Sin embargo, uniéndose a las declaraciones más generalizadas sobre la llamada “delincuencia extranjera”, que tiene un énfasis en la securitización de las políticas migratorias, afirma que habrá un mayor control para el ingreso en la frontera norte y la expulsión de quienes cometan delito. “Van a comprender que los peruanos no tenemos por qué encargarnos de los problemas de pobreza (sic) y delincuencia que vienen de otros países. Todos aquellos que pueden ser buenos ciudadanos e invitados, pueden venir al Perú, pero nadie más”, declaró para Rumbo poder, programa de Best Cable. Algo que resulta muy llamativo es la relación (o más bien el comparativo) que establece De Soto entre pobreza y delincuencia. Un sesgo de clase muy común, y por supuesto erróneo, para quienes quieren comprender las dinámicas delictivas.

Otro candidato con propuestas ambivalentes es el expresidente Ollanta Humala, quien postula por el Partido Nacionalista Peruano. Su plan de gobierno tiene un enfoque securitario: “Desarrollar una política nacional de migración que llamaremos ‘ordenar la casa’, para filtrar mejor la migración”. Sin embargo, es de las pocas candidaturas que presentan propuestas de inclusión social, o lo que denomina integración: “Atender con similares derechos a las personas migrantes en materia educativa, de salud y demás servicios públicos, sin ninguna discriminación, en especial a niños y mujeres”. Así, afirma que se debe fortalecer el control de la Superintendencia Nacional de Migraciones, así como la emisión de permisos laborales para personas extranjeras. Un punto importante es la protección laboral: “Fortalecer el trabajo de instituciones como la SUNAFIL, para evitar el abuso laboral”.

            En declaraciones para los medios, Humala ha preferido ponerle énfasis al enfoque securitario de sus propuestas. Y además se ha sumado a los candidatos que relacionan criminalidad con migración. “[Vamos a] aplicar un plan de migraciones estricto, que separe la paja del trigo, que sancione y expulse inmediatamente a los inmigrantes que delincan en el país”, afirmó en declaraciones para el diario Correo. De hecho, el énfasis en combatir la inseguridad ha sido su sello en anteriores campañas, cuando no había inmigración. Lo paradójico es que los índices delictivos de la última década han sido los más altos durante su mandado.

Los discursos positivos (aunque algunos discretos)

En este grupo encontramos a los candidatos que, relativamente, tienen mejores propuestas o percepciones en torno a la inmigración venezolana en el Perú. Sin embargo, debemos decir que su profundización es discreta, sin precisar cómo se va a lograr una política de inclusión social y de atención a personas vulnerables, o solucionar el problema de la política de refugio, así como soliviantar el escenario de crisis provocada por la pandemia de COVID-19. A esto le sumamos preguntarse cuál será el papel geopolítico que tiene el Perú en torno a la crisis de Venezuela, país de origen migratorio, en el cual surgen los principales factores de la diáspora.

En primer lugar tenemos a Verónika Mendoza, candidata de la coalición Juntos Por el Perú. En su plan de gobierno, existen algunas propuestas en torno a la problemática de la inmigración. Así propone: “Una nueva ley de extranjería para garantizar los derechos de las y los migrantes que lleguen al Perú, en especial el de las mujeres y sus hijos. Además, un apoyo al “retorno, para quienes así lo deseen, de venezolanos/as a su país otorgándoles algunos beneficios como la posibilidad de llevar los bienes adquiridos en Perú sin gravamen fiscal”. En declaraciones para los medios, Mendoza afirma que está a favor de promover una política de regularización para tener un mejor control y gestión migratoria.

Mendoza ha aprovechado también la coyuntura para criticar la decisión política del expresidente Pedro Pablo Kuczynski por la apertura de fronteras sin contemplar los recursos ni las capacidades limitadas del Estado peruano para recibir un gran flujo migratorio. Así, en declaraciones para Ideeleradio  afirmó “No podemos dejar de decir que el Gobierno del señor Kuczynski, de manera absolutamente irresponsable, abrió las fronteras de par en par, convocando una migración masiva sin una adecuada planificación ni gestión de la misma por razones meramente ideológicas, pero también para implementar la llamada ‘flexibilización laboral’ que la derecha venía reclamando, que en la práctica se dio por efectos de la migración masiva, en este caso venezolana. Esto no puede volver a ocurrir”.

Dos puntos adicionales en las propuestas de la lideresa de Juntos Por el Perú. En primer lugar, hemos visto que aboga por una política de retorno para los inmigrantes, aunque no se cuestiona la actual situación de crisis económica, social y política que vive Venezuela, agudizada por la pandemia, lo que obliga a que sigan buscando refugio las personas venezolanas en diversos países de la región. Y, en segundo lugar, afirma que debe haber un mejor control migratorio, pero resalta —a diferencia de los demás candidatos— que debe darse con respeto a los derechos humanos.

Por otro lado, veamos el caso del candidato Julio Guzmán del Partido Morado. Aunque su plan de gobierno es detallado, y está construido en base a ejes concretos —e incluso alineados con los objetivos de desarrollo sostenibles de las Naciones Unidas—, no existe ninguna propuesta, reflexión o si quiera mención al problema de la inmigración venezolana en el Perú. Tamaña omisión. Lo que sí se pueden encontrar son declaraciones de Guzmán en algunos medios de comunicación con respecto a esta problemática.

Así, en una entrevista hecha por la Coalición de Medios Independientes señaló que no está de acuerdo con las políticas de deportación ni de militarización de fronteras que respaldan algunos candidatos. Enfatizó que la migración es positiva cuando las personas que ingresan al país quieren contribuir con su desarrollo. Sin embargo, refirió que existe la necesidad de tener un mayor control migratorio: “La migración tiene reglas básicas para decidir quiénes entran y quiénes no. Lo que no queremos es que entren elementos que tienen antecedentes de delincuencia y lamentablemente ese tipo de filtros no existe en el Estado peruano”.

Así mismo, considera que la población venezolana en nuestro país debe recibir vacunas contra la COVID-19 como cualquier peruano, por un tema de derechos humanos y estrategia sanitaria: “Para comenzar, recordemos que todos somos seres humanos, independientemente de dónde hayamos nacido. Y segundo, vacunar a los extranjeros que viven en el Perú también protege a los peruanos por una cuestión científica elemental. A todos los peruanos nos conviene que nos vacunemos todos, seamos peruanos o no seamos peruanos, por el bien de la salud de todos”.

Finalmente, el último candidato por analizar es César Acuña, líder del partido Alianza Para el Progreso. Al igual que el Partido Morado, el voluminoso plan de gobierno de Acuña no tiene ninguna referencia al problema de la población venezolana en el Perú. Sin embargo, las declaraciones del candidato en los medios de comunicación nos pueden dar una pista sobre su orientación en torno a las políticas migratorias. Con respecto al impacto de la migración para el país, Acuña tiene opiniones positivas, y a contracorriente del pensamiento común, considera que ayuda a dinamizar la economía. Veamos sus declaraciones recogidas por Caretas en una entrevista realizada en febrero de este año: “Debemos estar orgullosos de haber podido recibir un millón de venezolanos huyendo contra su voluntad de la dictadura de Maduro, sin que nuestra economía se afecte negativamente. Por el contrario, nuestros técnicos consideran que la migración venezolana en el Perú ha dinamizado la economía, incrementando la productividad y el consumo de bienes y servicios nacionales”.

En cuanto al control migratorio, afirma que debe tener un mejor manejo: “Se requiere contar con una sólida política de migración que permita seleccionar de manera adecuada y estricta a quienes ingresan al país con intenciones de permanencia. No todos los inmigrantes actúan al margen de la ley, pero debemos tener mecanismo que impidan la entrada de aquellos que vienen a delinquir”. Aunque Acuña suele ser muy confuso para expresarse, también habría insinuado abrir las puertas a una política de deportación: “Los legales que se portan bien, bienvenidos. Los ilegales que se portan mal, mañana estarán en Venezuela”, como afirmó en Exitosa. Sin embargo, muchas de sus declaraciones pueden prestarse a diversas interpretaciones, siendo algunas de ellas improvisaciones del momento.

***

En el balance, hemos revisado 18 planes de gobierno de la presente campaña, de los cuales tan solo 7 hacen referencia a los problemas de la inmigración venezolana en el Perú. Lo mismo con las declaraciones de los 18 candidatos, 13 de los cuales opinaron sobre esta cuestión.

Durante este proceso de las elecciones generales 2021, la presencia de inmigrantes en el Perú no ha sido una preocupación de los políticos por la vulnerabilidad de las personas venezolanas. Es decir, no se han centrado en los abusos y atropellos que puedan sufrir en el plano laboral, el peligro de desalojo arbitrario en los espacios de alquiler, la escasez de alimentos o productos de primera necesidad cuando se decretan cuarentenas, o la falta de seguro médico y recursos para afrontar una crisis sanitaria, entre tantas cosas. La preocupación va por otro lado. Está mayoritariamente centrada en poner freno a una supuesta “criminalidad extranjera” (no por la criminalidad en sí, sino por ser precisamente “extranjera”), o más bien sobredimensionarla, para que pueda dar réditos políticos por parte de una ciudadanía descontenta. Y todo esto a costa de las personas migrantes y refugiadas, sin importar que se arraiguen discursos de estigmatización y prácticas xenofóbicas que terminan perjudicándolos. Es decir, los políticos no solo reproducen una delicada (y no por ello absurda) confrontación social, sino que terminan ahondando en ella a cambio de unos votos.

El enfoque securitario de los aspirantes presidenciales no solo contraviene nuestra política nacional migratoria, y las normativas internacionales en torno a los derechos de los migrantes y refugiados a las cuales estamos suscritos en la región, sino que desvía el fondo del problema en torno a la presencia venezolana en el Perú. ¿La migración representa un desafío? Por supuesto que sí. Pero no en la dimensión de la seguridad ciudadana, como se nos quiere hacer creer, sino como una problemática en políticas de inclusión social, inserción laboral, regularización migratoria, y promoción de respeto e interculturalidad, entre otras cosas. Resolver este desafío nos abre las puertas para un bienestar común, en el cual tanto peruanos como venezolanos podemos aportar para construir comunidades en común más fortalecidas.

Para el cierre de esta primera vuelta electoral, y para la campaña de una inminente segunda vuelta, esperamos que la agenda sobre políticas migratorias pueda dar un giro abordando estas preocupaciones. Por lo menos buscaremos tener incidencia en ello desde la sociedad civil, siempre desde una mirada crítica y propositiva.

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