Los generales en sus laberintos: sobre la “extensión” del toque de queda
Stefano Corzo Vargas
Investigador IDL-Seguridad Ciudadana
Conforme el gobierno ha ido comunicando las medidas que nos llevarán al retorno progresivo de las actividades comerciales y económicas, una de las principales preocupaciones que han surgido desde la ciudadanía se ha dirigido hacía la seguridad de las calles en el Perú poscuarentena. El debate ha girado en torno a los mecanismos para garantizarla, así como la identificación de soluciones alternativas para complementar el trabajo de la policía.
Durante las últimas semanas esta preocupación se ha exacerbado por una serie de delitos ocurridos durante el denominado “aislamiento social obligatorio”. Al recoger estos hechos los medios han logrado, en parte, hacernos llegar una postal de aquellos viejos tiempos cuando no era el coronavirus, sino el crimen, el principal mal que aquejaba a los peruanos.
El ruido generado por estas noticias, ha sido amplificado por una serie de autoridades, especialistas y “líderes de opinión” que se han pronunciado en diversas plataformas sobre las soluciones que el Ejecutivo parece estar considerando, además de proponer otras. Sin embargo, en muchos casos, el debate parece estancarse siempre en lugares comunes, subjetividades y apelaciones a casi todos los “sentidos cívicos” que supuestamente tenemos los peruanos.
De esa manera, se hace indispensable establecer una base neutral para encauzar este dialogo hacía soluciones prácticas y viables, sin pretender descubrir la pólvora. Para contribuir a ello, analizaremos brevemente los mensajes que se han emitido con respecto a esa medida y el impacto que tienen.
Escenarios y discursos sobre la seguridad ciudadana poscuarentena
Empecemos por un supuesto: de la cuarentena impuesta por el gobierno a inicios del estado de emergencia solamente ha quedado el nombre. Esto no debería ser un secreto para nadie. Por ejemplo, la mayoría de personas que gozamos del privilegio de hacer compras de mercado semanales hemos visto en esas salidas a decenas de ambulantes en las calles vendiendo desde mascarillas a regalos por el Día del Padre.
Los medios han hecho un eco considerable de esto. Se han producido decenas de reportajes de un sinfín de persecuciones entre vendedores callejeros y efectivos policiales en diversas partes del país. La cobertura masiva de estos hechos ha llevado a que algunos afirmen que estamos en medio de una cuarentena “chicha”, explicándolo en términos casi matemáticos: cuarentena + informalidad laboral extrema = cuarentena “chicha”.
Más allá de lo que implica la práctica de referirse a algo que entendemos de manera sobresimplificada —o a lo mejor, que no queremos entender— como parte de la “cultura chicha”, lo cierto es que el acatamiento de la cuarentena se ha flexibilizado de manera notable. Las razones de ello son múltiples y no es el propósito de este espacio abordarlas.
Sin embargo, esta flexibilización empírica de la cuarentena nos permite cuestionar el principal debate que se generado con respecto a la latente criminalidad: ¿Ante el inminente levantamiento de la cuarentena convendría mantener algunas de estas medidas restrictivas, como el toque de queda, para incidir en la delincuencia común?
La respuesta a esta interrogante ha sido variada. Los ministros de Defensa e Interior expresaron públicamente su intención de recomendar al Ejecutivo mantener algunas de las medidas de restricción de desplazamiento, como el ya mencionado toque de queda, para frenar el “desembalse” criminal que advierte con precipitarse sobre la ciudadanía.
El debate llegó a tal nivel que incluso uno de los principales diarios del país le dedicó una editorial cuasi condenatoria al asunto, advirtiendo de los supuestos excesos de poder sobre los cuales el Ejecutivo parecía querer balancearse al siquiera contemplar este tipo consideraciones.
Lo más sorprendente fue que, en todo ese tiempo, nadie se percató de la falacia fundamental sobre la cual se erguía esta controversia, ni siquiera las propias autoridades que proponían estas medidas. Es decir, ¿cuál era la razón inicial y determinante para el establecimiento del confinamiento en primer lugar?
Cuando se estableció la cuarentena a mediados de marzo —así como las restricciones de desplazamiento impuestas— la lógica detrás de esta decisión era bastante clara: evitar a toda costa una propagación masiva del coronavirus, a fin de no sobrecargar el ahora colapsado sistema de salud pública. Nunca fue un tema de seguridad y/o lucha contra la delincuencia.
La confusión extendida sobre este tema facilitó la creación de espacios híbridos de debate donde especialistas de diversas áreas presentaban sus posiciones a favor y/o en contra de la extensión de esta medida sobre la base de criterios complemente diferentes: lucha contra la criminalidad vs. salud pública.
En vez de discernir el problema de fondo, se creó un falso paradigma que muchos medios recogieron: mientras más extensa y rígida sea la cuarentena, habrá menos criminalidad.
El daño estaba hecho.
“El resto es silencio” o la necesidad de mensajes claros
En parte, podemos entender como este razonamiento se hizo extenso. Podría explicarse como una suerte de reflejo. Cuando se dispuso el confinamiento inicial, se publicitó masivamente el hecho de que en Lima, la criminalidad se había reducido en un 84 %. Lentamente, la cuarentena se presentaba como la panacea para todos nuestros males o, al menos, una manera de ocultarlos.
Naturalmente, la equivocación colectiva se extendió hacía la población. Una población que cada vez más debe interpretar los mensajes ambiguos que se emiten desde el gobierno y descifrar las “traducciones” que los medios hacen de los mismos. Recordemos el nudo creado en torno al concepto de la “meseta irregular” durante las últimas semanas, que parece ser más un producto propio de la Marca Perú que una manera de comunicación efectiva sobre la propagación del COVID-19 en el país.
El domingo pasado, en una entrevista televisiva, el ministro del Interior Gastón Rodríguez se vio obligado a aclarar el error e irónicamente ponerle punto final a la situación:[1]
“El factor condicionante para poder establecer el toque de queda desde un principio fue el factor salud pública [ . . . ] El factor seguridad no va a ser condicionante a una extensión del toque de queda porque la policía está preparada para ello y las fuerzas del orden también.”
El resto era silencio. Las últimas palabras enunciadas por Hamlet, príncipe de Dinamarca, nos permiten dar cuenta de lo poético de este asunto.
Cuando el Perú todavía era un país libre de contagios y el coronavirus una problemática lejana, Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía que, en parte, las soluciones a este problema sanitario debían llegar de la mano con información correcta y verídica sobre el mismo. La desinformación sobre la pandemia ha, inevitablemente, generado una infodemia. Y en el Perú, está no se ha limitado a los discursos y la comunicación sobre el virus en sí.
En la misma entrevista del domingo, la periodista le preguntó al ministro si se podía hablar de un “terrorismo urbano” en referencia a la reciente ola de crímenes que se estaba suscitando en diversas partes del país. Hay algunas cosas que cambian con el coronavirus y otras que parece que nunca cambiaran.
La infodemia no solo se debe combatir con mensajes claros por parte de las autoridades, sino que tiene que estar acompañado de la responsabilidad de los medios para escudriñar y desmenuzarlos en caso sea necesario. Al apelar a la “responsabilidad ciudadana” de la población para el periodo poscuarentena, deben asumir que su responsabilidad debe ser, en parte, la lucha contra la desinformación.
Según las declaraciones del ministro, en ese mismo programa dominical, su sector presentará un plan estratégico de actividades en función al “retorno a la normalidad” y la “nueva convivencia” este jueves. Esperamos encontrar allí, la claridad y lucidez tan necesarias para los siguientes meses.
[1] La entrevista se dio en el programa Punto Final el día domingo 21 de junio. Hasta la fecha, la entrevista no ha sido subida a redes.