Los más perjudicados por ley anti-ONG : las víctimas de casos de derechos humanos se quedan sin abogados
“Son más de 60 personas que se quedan sin abogado, solo en el caso de los defendidos por el IDL que demandan al Estado peruano”, sostiene el abogado penalista Juan José Quispe. La nueva ley anti-ONG ha metido de contrabando varios artículos en los que establece que las ONG de derechos humanos no pueden defender casos en los que se demande al Estado. ¿Cuáles son solo algunos de esos casos?
1.Caso Lucmahuaycco en etapa de juicio oral. (Matanza de 24 campesinos en 1984).
2.Caso Pedro Flores Silva, en la etapa el que fiscal ha planteado un nuevo juicio oral. (Asesinato del periodista en 2011).
3.Caso César Hilario Trucios, en etapa final de alegatos para que se emita una sentencia sobre la reparación civil. (Desaparecido en Junín en 1991 ).
4.Casos de las protestas sociales en Ayacucho y Cusco en la etapa de formalización de las investigación preparatoria hasta agosto y de ahí viene a la etapa de control de acusación o de archivamiento. (Represión violenta de manifestantes en 2023).
5.Caso Jaime Ayala ,en etapa de ratificación en segunda instancia).(Desaparición forzada del periodista en Huanta, Ayacucho, en 1994).
El abogado del IDL sostiene: “Todos estos casos están en diferentes etapas y en todas ellas se requiere de defensa legal. Nuestra presencia es necesaria, pero cuando se apruebe el reglamento de esta ley, no vamos a poder seguir con los juicios. Se está poniendo en jaque a los abogados que ejercen la defensa de las personas vulnerables de procesos de crímenes de derechos humanos cometidos durante la época de la violencia interna, y los delitos cometidos del 2000 hacia adelante”.
Los derechos que se vulneran para las instituciones de DDHH y para abogados son los siguientes: el derecho a la justicia, a la verdad, a la defensa, a la asociación. “No vamos a poder seguir litigando. Por ejemplo: si nos cita la Corte Interamericana de Derechos Humanos a una audiencia de supervisión de cumplimiento de sentencia, no vamos a poder ir porque es un caso contra el Estado. Si lo hacemos, podemos ser sancionados con una multa de hasta 2 millones de soles. Y si dos abogados incumplimos la norma y seguimos patrocinando los casos, se considerarían dos faltas graves y nos cierran la institución. Y eso es lo que quieren: liquidar a los organismos de derechos humanos”.
Los patrocinados del Conflicto Armado Interno y de las protestas sociales no van a tener abogados que los defiendan de forma gratuita como lo hacen las ONG. Mientras tanto el estudio del ministro Santiváñez está defendiendo a los miembros investigados de las FFAA y policías. “El Ministerio de Defensa también paga la defensa de los militares acusados con nuestros impuestos”, añade.
Según el abogado, las víctimas solo podrán acudir a la defensa pública, pero ellos saben que no existe la relación de confianza que tienen con los abogados de derechos humanos. Además, no hay un número suficiente de abogados designados para defender a víctimas. En Ayacucho, por ejemplo, solo hay un abogado designado para defender a las víctimas. Además, esos abogados trabajan para el Ministerio de Justicia y solo podrían defender casos cuando estos son contra civiles, pero no cuando el acusado es un militar o policía porque en ellos el Estado es tercero civil responsable. Por lo tanto, el Estado estaría litigando el Estado, lo que genera una incompatibilidad.
¿Qué harán los abogados de derechos humanos? “Vamos a interponer los recursos que correspondan ante las respectivas instancias en el Poder Judicial. A nivel internacional vamos a informar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana y a las Naciones Unidas que el Estado peruano está incumpliendo con su deber convencional de investigar, sancionar a los perpetradores. La Convención Interamericana de Derechos Humanos establece que se debe respetar el derecho a la defensa y establece que el demandante sea acompañado por su abogado en un proceso ante un juez imparcial”, sostiene Juan José Quispe.