Los otros defensores: La justicia vulnera los derechos procesales de los comuneros de Urancancha
En la comunidad campesina Urancancha en el distrito ayacuchano Vilcanchos, siete agricultores que no se dejan ver, enfrentan penas de doce años por un altercado con un sujeto extraño que ingresó a apropiarse de tierras en un confuso incidente del 2012. El Poder Judicial los sentenció por secuestro sin tomar en cuenta su condición de pueblos indígenas y el modo en que ejercen justicia.
En la parte más alta de la comunidad se encuentra el fundo de Ccanoccocha donde la pareja de ancianos sin hijos Agustino Salvador Ramos y Anatolia Escalante pastaban sus vacas y ovejas hasta diciembre de 2009, cuando fueron encontrados asesinados por ahorcamiento por otros comuneros que se acercaron. Las sospechas recayeron en alguna venta conflictiva de ganado. En los meses siguientes, los campesinos de Urancancha acordarían cómo disponer en favor de la comunidad de los terrenos de los esposos que no dejaban descendencia.
El sujeto extraño en cuestión que apareció es Félix Llantoy Ramos, sobrino de los fallecidos, quien, pese a no ser parte de la comunidad, semanas después ya pretendía disponer de la parcela. Inmediatamente empezó a interponer denuncias por apropiación ilícita de terreno, coacción y secuestro contra los dirigentes campesinos. Si bien faltaba formalizar la propiedad de Ccanococha, que fue donada a los esposos Ramos Escalante por un anterior propietario, de facto la parcela forma ya parte de la comunidad.
El trece de julio de 2012, Félix Llantoy llega al terreno en una camioneta junto a otras personas, que eran dos policías y una funcionaria municipal del vecino distrito de Paras, jurisdicción totalmente ajena a la comunidad Urancancha. Mauricia Morales de Licas era una anciana de más de setenta años quien al percatarse le reclama su presencia, recibiendo insultos y golpes de Llantoy. La mujer volvió a avisar a su comunidad donde la mayoría de vecinos se encontraban construyendo una iglesia.
Los campesinos enardecidos alcanzaron a Llantoy y sus acompañantes, desatándose la trifulca. Los policías, uno de uniforme y otro vestido de civil, se negaban a identificarse, uno de ellos disparó al aire. Otros comuneros le desinflaron la llanta a la camioneta. Félix amenazaba a los agricultores con decirle a los policías que les metan bala. El entonces alcalde de Urancancha Víctor Llantoy junto al teniente gobernador Yuri Huamaní Melgar, llegaron para intentar calmar los ánimos, conduciendo a los implicados a la plaza central de la comunidad para dialogar. Pese al mismo reclamo de los vecinos de encerrar a Félix Llantoy en la carceleta comunal, a éste se le permitió retirarse. Los policías antes de irse, se disculparon ante todos y reconocieron que estaban un poco ebrios y no contaban con autorización de sus superiores para estar ahí.
“Dentro de nuestro territorio, teniendo nosotros nuestras autoridades, no pueden ingresar de otra jurisdicción sin autorización del fiscal o una autoridad superior” comenta Justo Aybar Carhuaz, actual presidente de la comunidad Urancancha, quien por suerte no tiene sentencia en su contra. “Por reacción de familiares de la señora sí ha habido trifulca. Pero en ningún momento los comuneros hemos secuestrado nada”.
Habían acordado que Félix Llantoy acuda a la comunidad al día siguiente para disculparse con todos, pero nunca sucedió. Quien apareció fue su madre Filomena Ramos Huarancca, insultado a todos los campesinos a su paso, siendo ignorada. Esa misma mañana también se apersonó Edy Loayza Alhuay, fiscal provincial adjunto de la Primera Fiscalía Penal de la ciudad de Huamanga, fuertemente resguardado por más de veinte policías antidisturbios, conversando con Víctor Llantoy y Yuri Huamaní para constatar que Félix no se encontraba preso en la carceleta y recabar versiones de los hechos del día anterior, retirándose mientras los comuneros celebraban una fiesta religiosa.
Años después de tensiones y diligencias judiciales con abogados que no se esforzaban en defender a los comuneros, siete de ellos, incluidos Yuri Huamaní y Víctor Llantoy, fueron condenados a doce años de prisión por la Primera Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho por delito contra la libertad de Félix Llantoy. Desde entonces los agricultores sentenciados se encuentran no habidos. En 2019 la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema confirmó las penas.
Al tomar conocimiento del caso, los abogados del Instituto de Defensa Legal observaron una serie de vicios en el proceso que afectan los derechos de los imputados en su condición de miembros de pueblos indígenas. Tal como se puede leer en el profuso expediente del caso, en las dos primeras sentencias las únicas pruebas son los testimonios de Félix Llantoy y sus familiares sobre las presuntas agresiones y privaciones de libertad que dice haber sufrido en los sucesos de julio de 2012. Señalan la falta de una pericia antropológica que haya permitido a los jueces dirimentes entender el modo en que funciona la justicia dentro de la comunidad de Urancancha, alejada a varias horas en vehículo de cualquier entidad estatal. Asimismo, durante ambos juicios no se implementó la asistencia de intérpretes pese a que más de un acusado tiene como lengua materna el quechua, siendo esto violatorio del artículo 2 inciso 19 de la actual Constitución peruana, por lo que relatan que en la mayoría de audiencias judiciales no entendían qué faltas se les estaba imputando. Por último, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo al cual el Perú está suscrito, en su artículo 10 inciso 2 manifiesta que los tribunales deben optar por otras penas distintas al encarcelamiento cuando se juzga a personas indígenas. Todas estas vulneraciones son recurrentes a nivel nacional en muchos casos de comunidades campesinas ante quienes los magistrados con una visión urbana no toman en cuenta las diferencias culturales que terminan induciendo a errores de comprensión e interpretación por parte de los encausados, así como debilitan las garantías mínimas en el proceso.
“No se lleva un caso regular sino que es una venganza de parte del señor que nos está acusando con su abogado que no conoce las normas, las leyes de las comunidades campesinas. Nosotros tampoco no conocemos nuestros derechos que podemos hacer valer, no estamos preparados a la altura de los abogados, de los señores de las autoridades” reflexiona Justo mientras observa las ovejas pasando por Ccanoccocha. “Sentimos que a nosotros nos menosprecian porque somos campechanos y nos quieren dar ese castigo. Vivimos con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, viendo nuestro tiempo, si estamos comidos”. Indica que a pesar que décadas atrás sus padres y abuelos organizados sí ejercían castigos físicos contra ladrones de ganado en las comunidades, hoy en día se limitan a entregar cualquier intruso sospechoso a las autoridades pertinentes.
El equipo legal del Instituto de Defensa Legal ingresó en 2019 una demanda de habeas corpus, la cual llegó en 2020 al Tribunal Constitucional exponiendo las observaciones pertinentes a todo el juicio, logrando que los magistrados fallen a favor de volver el proceso para su revisión a la primera instancia. Lamentablemente, en diciembre 2022 el Octavo Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Lima emitió otra sentencia donde no da la razón a los comuneros, al igual que la Séptima Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima cuya resolución de julio de 2023 también confirma que las penas de doce años contra los campesinos siguen vigentes. Los abogados del instituto han presentado otra vez un recurso de agravio constitucional para elevar el caso al Tribunal Constitucional, esperando que se reconozcan las vulneraciones a los pueblos indígenas.
“Yo me enteré mediante la notificación. Estoy viviendo aislado porque no puedo ni viajar. Me dedico acá en el campo al cuidado de mis animales. No puedo hacer ningún negocio. Mis hijos viven en la ciudad, estudian. Acá ayudo en la chacra” relata uno de los agricultores sentenciados en la ladera de un cerro ayacuchano, quien por obvias razones no desea ser fotografiado.