Manual para criminalizar personas (si aún se les considera como tal)

Aldo Pecho Gonzáles / IDL-Seguridad Ciudadana

Criminalizar puede ser entendido como un ejercicio espurio de prejuicios, una práctica mal intencionada de etiquetar personas (y colectivos) con el objetivo de descalificarlas, deslegitimarlas como sujetos de derecho y aislarlas del resto de la sociedad. Todo el peso de la sanción social para el sujeto criminalizado (no importa si no existiera una sanción penal, aunque si la hubiera tanto mejor). Pero criminalizar está muy lejos de ser un acto de estigmatización interpersonal y punto. También es un ejercicio de poder y violencia sistemática, profundamente estructural. Tiene mecanismos, actores y dispositivos que buscan ejercer control, y además clasificar qué es lo aceptable y no aceptable para una sociedad. Es, por tanto, un acto político. En el Perú, la criminalización tiene diversas expresiones (y en distintos niveles) con raíces en común: la incomprensión, el miedo, la intolerancia y el odio. Y un contexto muy propicio para que germine: la desigualdad. En tiempos de crisis y polarización, quizá debamos echarle una mirada al respecto.

La situación

Para quienes provienen de sectores populares, no resulta muy complicado hacer un ejercicio de memoria para dar cuenta de situaciones en las que uno está expuesto a la criminalización. Lo difícil es tomar conciencia de ello, claro está. Diez y media de la noche, jirón Amazonas (Barrios Altos): “Buenas, joven, su documento. A ver… Está limpio, ¡siguiente!”.

Las pesquisas aleatorias en barrios populares (“solo es un procedimiento de rutina”), las tristemente famosas “batidas” (“¿y por qué no porta su documento de identidad?, ¡al camión!”) o las intervenciones arbitrarias (“¿qué hacen jóvenes paseando en auto a estas horas?”) han sido situaciones por las que muchos tenemos que pasar, y con mayor intensidad si el lugar del que provenimos es una “zona de alto riesgo”. En nombre de la seguridad ciudadana, y en nombre de la tranquilidad pública, se nos altera nuestro derecho a la seguridad ciudadana y a la tranquilidad pública (vaya paradoja, pero es el Perú). Total, cualquiera puede ser un sujeto sospechoso.

¿Cualquiera? No, no cualquiera. Si eres pobre —vaya casualidad— es más fácil ser objeto de sospecha. Ser pobre en el Perú tiene muchos riesgos. Uno de ellos es ser víctima de la delincuencia, y otro es ser catalogado y tratado como delincuente. Doble golpe. Bajo el ojo receloso, todo pobre es un potencial peligro. “Seguro por falta de recursos saldrán a saquear los mercados”, auguraba la prensa al inicio de la crisis sanitaria. Y si este pobre tiene un discurso político es peor: puede ser doblemente delincuente. No hay nada peor que un pobre consciente de su pobreza, un pobre incómodo, que joda (y esté jodido) y ponga en cuestión el statu quo. Contra ellos, el proceso de criminalización debe operar a toda máquina.

Pero no solo el pobre es un peligro. Existen otros sujetos a los que se les puede catalogar como potenciales perturbadores del orden social y no necesariamente son pobres. Sobre ellos se despliega una firme vigilancia y la mano dura del castigo. Y también se engrasa la maquinaria de la estigmatización para que pueda operar antes de que se desate cualquier peligro.

El manual (y sus procedimientos)

Para facilitar las cosas —a veces uno puede ser una persona muy solidaria—, aquí se esbozará un manual de criminalización que permita comprender grosso modo cómo opera este proceso. Quizá estas líneas sirvan de provecho para algunos.

En primer lugar, elija al sujeto por criminalizar. Ya pusimos el primer criterio (aunque no exclusivo): ser pobre. Luego opte por señalar un tono de piel, casualmente obscuro. Total, las cárceles están llenos de cholos y negros por montón. De allí, vaya a elegir un lugar de procedencia, preferentemente periférico. Si es Lima, alguno de sus conos (la corrección política para estos casos no sirve de mucho) o los viejos barrios marginales. Si es alguna ciudad de región, también elija sus barrios periféricos o hasta sus zonas rurales. A lo mejor se tiene suerte y el potencial delincuente solo cursó la primaria. En buena hora, para que no reclame sus derechos. La justicia es más eficiente cuando no se le pone trabas.

Pero bueno, este es el clásico delincuente común (o por lo menos se le parece). Y arriba se dijo que existían otros sujetos potencialmente peligrosos. Hay toda una variopinta fauna por elegir, a gusto y humor de quien quiera señalarlos. Un manifestante político calza bien, por ejemplo. Y no cualquiera sino, digamos, el que ha sido golpeado por la Policía. Para que nadie reclame por sus derechos humanos (hace un tiempo, un cardenal dijo que eran una cojudez), solo basta con revisarle los antecedentes. Si los tiene y ha recibido su “cariño”, bien merecido. Si no los tiene y lo ha recibido, pues qué pena, con quién se juntará. Justos pagan por pecadores, pero ya sabes, dime con quién andas y te diré quién eres. Lo importante allí es demostrar que las protestas están llenas de delincuentes infiltrados, si es que no las han promovido los mismos delincuentes (últimamente andan más organizados que de costumbre), y eso nadie lo quiere apañar.

Los manifestantes solo son un puñado de potenciales criminales. Pero existe toda una caterva delictiva que está siempre al acecho. Una pequeña lista ayudaría a tener una idea de quiénes son: universitarios, feministas, defensores ambientales, líderes indígenas, proabortistas, sindicalistas, socialistas, obreros y agricultores, y también migrantes, prostitutas, vendedores ambulantes y hasta taxistas, cómo no. Todo lo que la imaginación pueda decirnos cae a pelo. Por cierto —y ojo que esto es importante—, si se pueden mezclar especies mucho mejor. Imagínese un obrero pobre cholo iletrado o una feminista negra proabortista periférica. ¡Peligro múltiple!

El siguiente paso es develar el peligro, hacerlo público. Por ejemplo, si un hombre ha robado una cartera, tómele una fotografía de cara y cuerpo completo, y que lo exhiban como un trofeo para advertir: “Aquellos que quieran hacer lo mismo, aténganse a las consecuencias”. Nadie se lamenta. Total, ¿quién no rechaza a la delincuencia? Es más, deberíamos formalizarlo: los procedimientos policiales y hasta el Código Procesal Penal, muy bien elaborados para estas lides, deberían tener algún apartado que diga “Humillar al detenido”, “Humillar al procesado”. Y, por supuesto, en letras pequeñitas (como en las películas), una cláusula donde se diga que algunas personas (generalmente los señorones) no pueden ser humilladas, qué vergüenza, esas cosas pasan hasta en las mejores familias. Bueno, de todas formas no robarían una cartera, solo algunos milloncitos que nadie puede ver. ¿A quién le afecta?

Los medios de comunicación son muy útiles para estas situaciones. Llame al amigo periodista: “Hola, José. Mira, aquí hay una chica de Collique que incumplió las medidas sanitarias. Sí, las incumplió. Ven y tómale una foto con su torta de cumpleaños”. Vaya privilegio tener la primicia. No es que se busque vender la noticia (bueno, sí, un poco), sino que se quiere aleccionar a la sociedad, digamos que educarla, para que comprenda mejor que si cumple las leyes es en beneficio de todos, y si no las cumple, ¡pues a primera plana! Si no es suficiente, llame nuevamente al amigo periodista —quien seguramente se lo agradecerá de todo corazón— y elija otro sujeto para el escarnio.

Para los medios de comunicación, no bastará con un reportaje televisivo o una noticia viral con título llamativo para poder describir cuál es la situación de la delincuencia. No vaya a pensar la gente que solo quieren meter miedo (o morbo) por gusto. Para ponerse un poco más serio, el medio deberá llamar a un especialista de seguridad ciudadana que lo legitime. Puede ser un exministro del Interior o un exoficial de alto rango; no importa si son sesgados, tienen corbatas muy bonitas para las cámaras. “Señor, esta vez hablaremos de los migrantes, nunca pasa de moda perseguirlos”. El señor —sospechosamente nunca hay una señora o una señorita— puede explayarse a sus anchas: “Este tipo de delincuentes es más agresivo, más avezado y tiene menos respeto por la vida que el delincuente común peruano”. Luego menciona un estudio que nadie conoce, y que tampoco nadie quiere compartir, el cual respalda su agudo medidor de maldad humana (algunos “criminólogos” tienen la facultad de ser multímetros andantes).

¿No es suficiente? Se puede apelar a las estadísticas. Seguramente ellas dirán que cada año existen miles y miles de delitos (no mencione que somos un país de millones y millones de personas). Y aunque las mismas estadísticas demuestren que por la pandemia más bien la delincuencia ha estado en retroceso, utilice superlativos llamativos que ya tienen como treinta años de uso para ocultarlas: “Ola delincuencial no cesa en la ciudad de Lima”, “Delincuencia en alza causa zozobra en Trujillo”. Y para explicar este fenómeno, llame a otros especialistas —no importa si no tienen corbatas llamativas—. O mejor aún, arme una mesa académica y discuta las causas que producen este fenómeno. Luego escriba un libro sobre pobres que le roban a pobres. O con un poco menos de talento, pero sí con mucha influencia, escriba un artículo en donde denuncie cómo desadaptados paralizan la economía nacional (inserte aquí porcentajes para impresionar) con sus protestas solo por no querer beber un poquito de agua con plomo. Habrase visto tanto egoísmo.

No se preocupe. Toda esta bulla que ha generado hablando de la delincuencia (un tipo de delincuencia, claro, porque a los señorones no se les toca), maquillando un poquito las cifras y aprovechando los escándalos mediáticos, por supuesto, tendrán sus frutos. Más presupuesto para el sector Interior, políticas más duras contra los delincuentes, el aplauso de la tribuna temerosa y quién sabe si por allí un cachuelito para usted. Últimamente se habla mucho de la argolla (hasta ya salió un libro sobre ella), pero qué importa. Es necesaria, y total, después de tanto ajetreo uno se lo merece. Pero no se rinda allí nomás, que si los amigos políticos logran no solo hacer políticas de “mano dura”, sino leyes más duras, mucho mejor. Es la coronación y su contribución a la sociedad.

Y, por último —no se duerma en sus laureles—, pontifique sobre la prevención del delito. Es decir, fomente un plan de vigilancia y disuasión contra aquellos inadaptados sucios, pobres y feos para que no generen desorden. ¿No lo tiene? No importa, puede darle vueltas a este círculo cuantas veces quiera: elija otro sujeto y a exponerlo como lección nuevamente. ¡Algún día aprenderán!

La intensidad

Uno de los infaustos regalos que nos ha traído la pandemia es la agudización de la crisis política. Y con ella la estigmatización de las personas como instrumento de poder. Ya no son solo los dimes y diretes en la esfera política, sino además acusaciones sin pruebas, linchamientos mediáticos, manipulación del sistema de justicia, persecución de ideas, entre otras cosas más, contra cualquier ciudadano o ciudadanas que puedan ser útiles al choque de poderes. El estigma puede caminar por el siempre peligroso borde de la total intransigencia, y es allí cuando se desata también la criminalización de la política.

No es un escenario para nada nuevo, solo que se ha vuelto más desvergonzado y sistemático. El terruqueo ha sido una prueba evidente de ello durante estos años, y ahora ha salido de control. ¿Pero qué sucede cuando esta crisis ahonda tanto la fractura social que hasta el ciudadano menos pensado empieza a criminalizar a quien no opina como él? Esto deja un escenario preocupante. Y no solo porque la violencia pueda instalarse (aún más) en las bases de la estructura social, sino porque permite —con complacencia o suma indiferencia, aunque a veces son lo mismo— que ciertos sectores políticos puedan ejercerla con impunidad. Renunciar más bien al control de quienes tienen el poder de etiquetar, perseguir, sancionar, por el simple hecho de conservar la comodidad de que “nada cambie”, de espaldas a un convulsionado país, no solo es sumamente egoísta e irresponsable. Es también dejar un campo abierto, como hace algunas décadas, a un estado permanente de miedo con el cual se busca combatir al miedo, el odio con el odio, y el terror con el terror.

Una sociedad dispuesta a tolerar —y hasta regodearse— no solo de sus discursos de odio y de sus etiquetas de estigmatización, sino a producir en su seno procesos de criminalización está condenada, de no mediar vías de diálogo y conciliación, a un permanente conflicto que buscará las peores salidas. Es más, y aquí está la advertencia, una sociedad con actores dispuestos a minar su propia institucionalidad y destruir el tejido social está dando un paso hacia el vacío de poder, propicio no solo para la transgresión, sino para que una escalada de violencia se germina en todos los niveles, y de la cual no saldremos bien librados.