Mecanismo Intersectorial del MINJUSDH fortalece el trabajo operativo de las Guardias Indígenas de los pueblos Shipibo y Kakataibo
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Las Guardias Indígenas de los pueblos Shipibo-Konibo y Kakataibo cuentan ahora con nuevos equipos para fortalecer sus labores de vigilancia territorial, comunicación, alerta y respuesta frente a situaciones de riesgo.
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En una reciente jornada realizada en Ucayali, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Perú (MINJUSDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y la organización Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR) entregaron equipos de protección a la Guardia Indígena Kakataibo del Perú (GIPKAP), la Organización Regional de Guardia Indígena Shipibo (ORGI) y la Organización Regional AIDESEP Ucayali (ORAU). La iniciativa contó con el apoyo de la Unión Europea.
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Los equipos incluyen herramientas de comunicación, alerta temprana, energía autónoma y conectividad satelital. Su implementación permitirá mejorar la capacidad de las guardias para identificar amenazas, comunicar oportunamente situaciones de riesgo y desarrollar sus labores de vigilancia territorial en zonas donde las comunidades enfrentan, entre otras amenazas, el avance de actividades ilegales.
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Para las organizaciones indígenas, este apoyo representa un avance importante. “Actualmente, nosotros como guardia estamos en carencia de equipamiento para los trabajos que se debe hacer en el campo. Frente a esto hemos venido trabajando con el MINJUSDH para el tema de la seguridad y protección, hemos venido coordinando para ver de qué forma nos puede implementar algunas cosas que nosotros necesitamos. Así, se ha podido conseguir algunos equipos, aunque no es todo y aunque no es suficiente, de vital importancia para la guardia, para el patrullaje, para la comunicación y para la protección”, señaló el apu Segundo Pino, presidente de la GIPKAP.
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“En ese sentido, para nosotros es una alegría que haya llegado estos aparatos tecnológicos para darles uso. Para nosotros es una fortaleza porque nosotros nos venimos capacitando en temas de fortalecimiento, de algunas cosas que nos sirve en el campo o en espacios políticos en los que podamos participar, cuando hacemos incidencia”, añadió.
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«Este acercamiento institucional representa un reconocimiento formal al esfuerzo histórico que asumimos diariamente en el territorio. Que el Ministerio de Justicia nos fortalezca con equipos tecnológicos no invalida nuestra naturaleza autónoma; al contrario, potencia las capacidades operativas de nuestra autoprotección comunitaria», resalta Kelly Valera, presidenta de la ORGI.
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«Donde la policía ni fiscales llegan, ahí están las guardias indígenas para garantizar la paz porque somos la primera línea de seguridad del pueblo shipibo conibo frente a cualquier amenaza dentro de nuestros territorios, defendiendo nuestras vidas y resguardar la biodiversidad», detalla.
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Desde el Instituto de Defensa Legal (IDL) acompañamos el proceso de fortalecimiento de las Guardias Indígenas Shipibo y Kakataibo, tanto en sus capacidades para la protección territorial como en los espacios de incidencia y defensa de sus derechos. En ese sentido, valoramos que el Mecanismo Intersectorial para la Protección de Personas Defensoras incorpore medidas que fortalezcan estas capacidades y que el Estado articule su respuesta con las propias organizaciones indígenas.
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“Consideramos que la implementación de las Guardias Indígenas Shipibo Konibo y Kakataibo, como organismos de autoprotección que ejercen los derechos colectivos indígenas, es una buena práctica del Ministerio de Justicia en el marco del Mecanismo Intersectoria que hay reconocer. Tengamos en cuenta dos cosas: la protección que ofrecen las instituciones de seguridad del Estado nunca serán óptimas ni suficientes, por ineficiencia, corrupción o falta de comprensión cultural. Pero también que las organizaciones indígenas tienen y demandan el reconocimiento de su autonomía, expresadas en sus propios gobiernos y en sus guardias indígenas”, sostuvo Álvaro Másquez Salvador, especialista del IDL.
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“Que el Ministerio de Justicia comparta esta horizonte y les provea de materia para hacer mejor su trabajo de protección, aunque por ahora con soporte económico de la cooperación internacional y la sociedad civil, es un señal valiosa de que la política sobre personas defensoras camina en la dirección correcta, aún con todos los pendientes por resolver. Como buena práctica, debe expandirse y ser compartida por otras instituciones que forman parte del Mecanismo Intersectorial y el Estado en general”, agregó.
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