Memoria del taller: Protocolo de atención en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar
George Matienzo Vidal, IDL
La violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar es un tema que tiene dos caras en nuestro país: por un lado, se visibilizan algunos casos a través de los medios de comunicación y son atendidos por las comisarías y fiscalías y, por otro lado, el silencio y el temor deja en las sombras muchos otros casos cotidianos que forman parte de un subregistro. Como ocurre con frecuencia, la denuncia por violencia puede ser desestimada por la víctima o por las mismas autoridades que deben brindar seguridad y protección a estas. Es decir, la violencia no solo se efectúa por algún miembro de la familia o alguna persona cercana a esta, sino que se continúa a través de los canales fallidos de las instituciones que deben brindar seguridad y justicia. Paradójicamente, la vulnerabilidad de la mujer o los miembros la familia se multiplica cuando funcionarios públicos no atienden o lo hacen de manera indebida a las víctimas. En ese sentido, en el año 2015 se implementó la Ley N° 30364 que contempla el tratamiento adecuado para los casos de violencia. Y en el año 2019 se implementó el Protocolo de Actuación Conjunta entre los Centros de Emergencia mujer y los Establecimientos de Salud que dispone las medidas y los procedimientos adecuados para las instituciones que deben atender estos casos.
En este contexto y como parte del Proyecto Binacional: “Del desplazamiento a la integración: construyendo comunidades productivas y protectoras”, financiado por con el apoyo de la Unión Europea y asistido técnicamente por la oficina de Servicios para Proyectos de las naciones Unidas (UNOPS), ejecutado en Perú por la ONG WeWorld, IDL, IDEHPUPCP, UNESCO y en Ecuador por la Universidad de Azuay y la ONG ChildFund Internacional, se realizó el miércoles 17 de mayo en el local comunal de Santa Julia el “Taller de protocolos de atención en casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar” dirigido a personal de la Red Asistencia de Salud y funcionarios públicos del distrito de Veintiséis de Octubre con la finalidad de fortalecer el trabajo coordinado entre los Centros de Emergencia Mujer – CEM y los Establecimientos de Salud – EE.SS., la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público con la intención de reforzar los lineamientos de actuación frente a las diversas situaciones de violencia en el marco de la Ley N° 30364 y el Código Penal para brindar seguridad y asistencia legal a las víctimas. A continuación, a manera de memoria, se presentarán los principales aportes brindados por los ponentes.
El psicólogo Enrique Ortega, coordinador de la Estrategia de hombres por la igualdad, presentó una serie de datos sobre los casos atendidos por el Centro de Emergencia Mujer en Piura que graficaron el panorama sobre la violencia: en el 2020 hubo 4760 casos, en el 2021 hubo 7425 y en el 2022 hubo 7830. En cuanto a los tipos de violencia que se ejercieron durante el 2022, los datos registrados fueron: psicológica 3803, física 2998, sexual 1012 y económica 17. El aumento del registro de casos y los tipos alarman y muestran que la violencia se reproduce dentro de los hogares piuranos. Si bien se registraron denuncias de hombre por ser víctimas de maltratos –una práctica legal que suele ser un tabú para los varones debido a la imagen de fortaleza y liderazgo que debe mantener en el hogar–, ellos suelen ser victimarios de sus esposas e hijas. Como señaló el psicólogo Ortega, la masculinidad se está construyendo en base a prácticas violentas que atentan contra las mujeres y los integrantes del hogar, por eso es necesario que se cambie el “chip” de lo que somos y lo que podemos ser, tanto hombres como mujeres. Los primeros para que dejen de ser victimarios y las mujeres para que dejen de ser víctimas a través de prácticas que les ayude a revalorarse y empoderarse dentro de la sociedad.
La abogada Mónica Lañas, coordinadora del CEM de Centro de Salud de Santa Julia, mencionó que el Protocolo Base de Actuación Conjunta contempla los procedimientos que deben seguir el personal de salud cuando atienden a víctimas de violencia. El trabajo de atención a víctimas de violencia parte desde el momento en que se identifica un caso y se le brinda la atención necesaria (usualmente lo más urgente es la atención médica) y la seguridad correspondiente a través de un trabajo interinstitucional, es decir, pidiendo apoyo a la policía para que protejan a la víctima y puedan canalizar su denuncia. Es importante para el personal de salud poder identificar y conocer los procedimientos porque así se previene la revictimización de la persona violentada y se previene de alguna responsabilidad legal en caso de no brindar la atención necesaria. Por ello resaltó que el cuidado integral que debe brindar el personal de salud se debe basar en relaciones horizontales y no centrarse en la atención de un “caso”, sino en las necesidades de la persona víctima de violencia.
La abogada de la Unidad de Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Maximina López, comentó sobre la importancia de que los fiscales tengan una preparación académica sobre la violencia y cuenten con herramientas teóricas y prácticas al respecto, ya que en el proceso de atender los casos de violencia pueden revictimizar a las personas agredidas. No solo se debe atender, sino brindar seguridad a las víctimas de violencia. Asimismo, es de suma importancia la preservación de pruebas del delito para que el ministerio Público pueda armar debidamente los casos. Existen situaciones en las que se manipulan los elementos probatorios por las primeras personas que atienden a las víctimas, por ejemplo, los miembros de la policía o serenazgo, y luego no pueden ser tomados en cuenta debido a la alteración. Para la abogada es importante que el personal médico conozca los procedimientos y los canales de atención a víctimas por violencia para que se brinde la atención necesaria y no se le deje a la deriva. Para una mejor ilustración, se hizo un ejercicio práctico en grupos para analizar algunos casos a manera de ejemplos y retroalimentar lo aprendido.
La Teniente de la Comisaría de Familia, Fabiola Camposantos, presentó un esquema muy instructivo de la manera en que la PNP concibe la violencia y los canales de atención de esta institución. La violencia contra la mujer puede ejercerse de manera física, psicológica, económica y patrimonial por el simple hecho de ser mujer y no necesariamente por otra agravante, estos hechos se dan en el espacio privado o doméstico en la mayoría de los casos y también en el espacio público. La denuncia puede presentarla cualquier persona, funcionario público y no hay necesidad de ser familiar de la víctima. En ese sentido, resaltó la teniente, el personal de salud o educación en caso de detectar un hecho de violencia puede llamar o acudir a una comisaría para denunciar el caso ya sea dentro o fuera de la jurisdicción de esta, es decir, la ubicación del hecho no tiene que corresponder con la jurisdicción de la comisaría donde ser presenta la denuncia; además es obligación de las autoridades atender al denunciante y brindarle las facilidades del caso. En situaciones en las que la víctima de violencia acuda a presentar la denuncia, se debe tener un espacio óptimo para atenderla y brindarle seguridad. En caso la víctima y el agresor lleguen juntos a la comisaría, deben ser separados para evitar que se repitan ataques o confrontaciones. La policía debe estar preparada para estas situaciones y es menester que conozcan los procedimientos adecuados.
El psicólogo José Oblitas presentó de manera sucinta cómo actúa la Unidad de Protección Especial (UPE) del Ministerio de la Mujer para brindar protección a niños, niñas y adolescentes en caso de desprotección familiar sin cuidados parentales. Mencionó que existen canales de atención como la “Línea 1810” para que diferentes actores, instituciones o cualquier ciudadano reporte situaciones de desprotección. Para que la UPE proceda es necesario que se haga una valoración que determine que el niño, niña o adolescente se encuentra en riesgo. La resolución de esta valoración debe hacerse en un día hábil. Los casos que principalmente se suelen atender son por violencia o explotación sexual, violencia física y psicológica, explotación laboral y mendicidad. La actuación estatal se orienta a mejorar los factores de protección a través del acceso a la educación, servicios de atención especializada, servicios para prevenir y abordar situaciones de violencia, inclusión a programas sociales, entre otros. Asimismo, se emplean medidas como el acogimiento familiar temporal o permanente para que los menores desprotegidos pasen al cuidado de familiares o el acogimiento residencial para que sean alojados en centros especializados. Por otro lado, existe la reintegración de niños, niñas y adolescentes a sus hogares de origen bajo la supervisión de la DEMUNA o la UPE según un plan de trabajo rigurosamente elaborado.
Luego de cada una de las exposiciones se realizó un intercambio de ideas entre ponentes y el personal de salud y demás funcionarios con la intención de compartir experiencias, resolver dudas e implementar un diálogo interinstitucional, algo que es poco habitual. Como resultado del taller se elaboraron las siguientes conclusiones:
– El trabajo interinstitucional debe fortalecerse a través del diálogo horizontal para intercambiar información, brindar capacitaciones y acercar a los profesionales de diferentes dependencias del Estado. Es decir, debe consolidarse la red que atiende los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
– Deben conocerse las rutas de atención en casos de violencia contra la mujer y el grupo familiar para lo cual es menester capacitar adecuadamente a los profesionales sobre la Ley 36364.
– Debe tenerse en cuenta que la ruta de atención implica un largo proceso antes (prevención), durante (atención médica, la toma de la denuncia) y después (proceso judicial y la atención a las víctimas que se encuentran desprotegidas). Sin embargo, el riesgo de violencia puede mantenerse durante todo el proceso ya sea por el victimario o los funcionarios que no atienden debidamente a las víctimas.
– Se debe mejorar la infraestructura y aumentar el personal que brinda servicios para la prevención, la atención y el acompañamiento de la víctima de violencia.
– El compromiso de los profesionales que atienden a víctimas de violencia, además alinearse en cumplir con su trabajo específico y profesional, debe estar dirigido a entablar una relación horizontal y empática para actuar según la necesidad más urgente que tiene la víctima, como brindarle seguridad o atención médica.
– Se debe prevenir revictimizar a la persona que ha sufrido violencia: los profesionales deben ser conscientes de que se atienden a personas, seres humanos, no “casos” que suman a la cuota de trabajo. En ese sentido, el compromiso no solo es ético-profesional, sino –mucho más importante– se debe practicar una ética humana.
Como parte del Proyecto Binacional: “Del desplazamiento a la integración”, nos reafirmamos en el compromiso de seguir coordinando y articulando acciones para fortalecer la red de atención en casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Asimismo, agradecemos a los representantes de las instituciones que nos acompañaron: Ministerio Público, Poder Judicial, Policía Nacional del Perú, Unidad de Protección Especial, DIRESA y la Red Asistencial de Salud. Le queremos dar un agradecimiento especial al Centro de Emergencia Mujer de Santa Julia y a la Comisaria de Familia de la Alborada por su compromiso constante, así como a la JUVECO de Santa Julia por brindarnos su apoyo logístico.