Migrantes venezolanos en el Perú: víctimas de estafa y explotación en la economía informal
Autora: Alessandra Pacheco De la Cruz
Foto de portada: La República
Las difíciles condiciones que enfrentan cientos de miles venezolanos que buscan trabajo y una vida mejor en el Perú los dejan expuestos a ser engañados y explotados. Y es que muchos de ellos, desesperados por encontrar trabajos que les permitan subsistir, terminan siendo víctimas de estafas y explotación laboral en el sector informal de la economía peruana. La crisis económica y política en Venezuela ha obligado a más de 7 millones de personas a dejar su país en busca de refugio y sustento en los países vecinos.
El Perú es uno de los principales destinos, con más de un millón y medio de migrantes venezolanos en su territorio. Sin embargo, la inserción de esta población en el mercado laboral peruano ha sido sumamente difícil. Muchos venezolanos llegan al Perú sin ahorros, documentos de identificación o conexiones que les faciliten el acceso a empleos formales. Esto los deja en una situación de extrema vulnerabilidad, obligándolos a aceptar cualquier oportunidad de trabajo que se les presente, incluso si implica condiciones abusivas.
Las estafas y engaños son moneda corriente en el sector informal peruano. Los empleadores inescrupulosos se aprovechan del desesperado deseo de los migrantes venezolanos por obtener un ingreso y les ofrecen trabajos que luego resultan ser ficticios o que no cumplen con las condiciones prometidas. Lamentablemente, los engaños son muy comunes. Los migrantes venezolanos, desesperados por conseguir un sustento, terminan aceptando trabajos que les son impuestos sin posibilidad de negociar. Una vez que inician sus labores, se dan cuenta de que las condiciones son mucho peores de lo acordado: jornadas extenuantes, salarios ínfimos o pagos incompletos, e incluso situaciones de abuso y acoso. Además, la falta de documentación y el temor a ser deportados hacen que muchos venezolanos no denuncien estas situaciones por miedo a represalias. Los estafadores y explotadores lo saben y se aprovechan de ello.
Otra modalidad común de estafa es la venta de falsos documentos de identidad o permisos de trabajo. Algunos migrantes venezolanos, en su desesperación por legalizar su situación en el Perú, caen en manos de redes delictivas que les cobran sumas elevadas por documentos falsos que luego resultan inválidos. Incluso al momento de enviar remesas a sus familiares en Venezuela, los migrantes venezolanos deben tener cuidado. Hay agentes de envío de dinero que les cobran comisiones excesivamente altas o simplemente desaparecen con el dinero.
Las dificultades que enfrentan los venezolanos en el Perú no se limitan solo a los abusos laborales y las estafas. También sufren de discriminación y rechazo por parte de la población local, lo cual agrava su situación de vulnerabilidad. Ante esta problemática, algunas organizaciones no gubernamentales y entidades gubernamentales han implementado programas de apoyo a los migrantes venezolanos. Estos incluyen asesoría legal, talleres de capacitación laboral, bolsas de empleo y asistencia humanitaria. Sin embargo, aún queda mucho por hacer para proteger a esta población de la explotación y los engaños. Los casos que se encuentran son cada vez más frecuentes, más aún en un contexto de crisis económica y política como las que atraviesa el Perú.
El caso Alejandro: estafa en el rubro textil
Alejandro, un joven venezolano de 25 años, llegó al Perú hace poco más de un año con la esperanza de encontrar mejores oportunidades de trabajo y enviar remesas a su familia en Venezuela. Después de recorrer las calles del populoso distrito de La Victoria, en Lima, finalmente encontró una oferta laboral que parecía prometedora en una de las empresas textiles del emporio comercial de Gamarra.
La desesperación por conseguir un sustento lo llevó a aceptar el trabajo sin mayores cuestionamientos. El gerente de la empresa, un hombre de aspecto adusto llamado Raúl, le ofreció un sueldo de 1200 soles mensuales por una jornada de 8 horas diarias, de lunes a sábado. Alejandro, aliviado por haber encontrado una oportunidad, firmó un contrato que, sin saberlo, sería su entrada a una pesadilla.
Durante las primeras semanas, todo parecía marchar bien. Alejandro se encargaba de diversas tareas en el taller de confección, desde el corte de telas hasta el ensamblaje y el planchado de prendas. Sin embargo, pronto comenzaron a presentarse los problemas.
—Al principio, me pagaban a tiempo y el ambiente de trabajo no era tan malo. Pero después de un mes, las cosas empezaron a cambiar —recuerda Alejandro con frustración—. Los horarios se extendieron sin previo aviso, a veces trabajábamos hasta 12 horas al día y los pagos se retrasaban cada vez más.
Cuando Alejandro se atrevió a reclamar por las condiciones laborales y los salarios adeudados, la respuesta de Raúl fue intimidante: “Si no te gusta, puedes irte. Hay muchos venezolanos esperando tu puesto”.
Ante la amenaza de perder su empleo y sin documentos legales que lo ampararan, Alejandro se vio obligado a continuar en el taller textil bajo las condiciones abusivas impuestas por sus empleadores. Las jornadas extenuantes, los pagos incompletos y la constante presión psicológica pasaron a ser parte de su rutina diaria. Alejandro veía cómo sus sueños de enviar remesas a su familia se desvanecían, pues gran parte de su salario se destinaba a cubrir los gastos básicos de alimentación y alojamiento.
La situación se tornó insostenible cuando, después de tres meses de trabajo, Alejandro recibió la peor noticia: el gerente Raúl había cerrado abruptamente la empresa y había desaparecido sin pagar los salarios atrasados.
—Fue un golpe durísimo. Nos quedamos sin trabajo y sin el dinero que tanto necesitábamos. Cuando fui a buscar a Raúl, nadie sabía dónde estaba. Simplemente se esfumó con nuestros sueldos —cuenta Alejandro con indignación.
Desesperado, Alejandro acudió a la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL), el organismo encargado de velar por los derechos de los trabajadores en el Perú. Sin embargo, su situación migratoria irregular le impedía presentar una denuncia formal. Temía que, al hacerlo, pudiera ser deportado. Fue entonces cuando Alejandro conoció a los voluntarios de una organización no gubernamental que brinda asistencia legal a migrantes venezolanos en el Perú. Ellos lo asesoraron y lo ayudaron a entender sus derechos como trabajador, a pesar de su condición de migrante indocumentado.
Con el apoyo de la ONG, Alejandro logró presentar una denuncia ante la SUNAFIL, exponiendo las irregularidades y los abusos cometidos por la empresa textil. Tras una investigación, se confirmó que el taller informal de Gamarra había sido cerrado abruptamente por su propietario, dejando a más de 20 trabajadores, en su mayoría venezolanos, sin sus salarios. Lamentablemente, el paradero de Raúl sigue siendo desconocido, y las posibilidades de que Alejandro y sus excompañeros puedan recuperar el dinero que les deben son escasas. Sin embargo, la denuncia sentó un precedente importante para visibilizar la problemática que enfrentan los migrantes venezolanos en el sector informal peruano.
Alejandro, a pesar del duro golpe, no se rinde. Ahora forma parte de un grupo de venezolanos que busca organizarse para exigir mejores condiciones laborales y mayor protección para los trabajadores migrantes. Su historia es solo una muestra de los abusos y estafas que sufren miles de venezolanos que, en su desesperación por sobrevivir, terminan siendo víctimas del mercado informal en el Perú.
El caso Javier: una amarga cosecha
Javier, un joven de 28 años originario de Mérida, Venezuela, llegó al Perú hace dos años pensando en encontrar un trabajo que le permitiera enviar remesas a su familia y ahorrar para mejorar sus condiciones de vida. Después de meses de búsqueda, finalmente consiguió un empleo en una empresa de agroexportación en Chancay, una localidad ubicada en el norte de Lima.
La oferta parecía prometedora: un sueldo de 1500 soles mensuales, con alojamiento y alimentación proporcionados por la compañía. Entusiasmado, Javier aceptó el puesto sin dudar:
—Cuando me contactaron, me dijeron que sería un trabajo estable y bien remunerado en una gran empresa de exportación. Sonaba como una oportunidad única —recuerda Javier con amargura.
Al llegar a las instalaciones de la empresa, Javier se encontró con una realidad muy diferente a la que le habían prometido. Las condiciones de trabajo eran deplorables: jornadas interminables de hasta 12 horas diarias, sin descansos adecuados, en medio de campos de cultivo bajo un sol abrasador.
—Desde el primer día, nos exigían cumplir con cuotas de producción imposibles. Si no alcanzábamos las metas, nos amenazaban con despedirnos —comenta Javier con frustración.
Pero lo peor estaba por venir. Después de los primeros meses, Javier y sus compañeros venezolanos comenzaron a notar retrasos y discrepancias en el pago de sus salarios. Cuando intentaron reclamar, la gerencia les respondía con evasivas y amenazas de despido.
—Nos decían que si no estábamos conformes, podíamos irnos. Pero ¿a dónde íbamos a ir? Estábamos atrapados sin dinero ni documentos —lamenta Javier.
La situación se volvió insostenible cuando, tras seis meses de trabajo, la empresa simplemente dejó de pagar los salarios por completo. Javier y sus compañeros se encontraron sin ingresos, sin un techo sobre sus cabezas y con la angustia de no poder enviar remesas a sus familias en Venezuela. Les decían que había retrasos en los pagos comerciales, y luego empezaron solo a evadirlos.
Desesperados, intentaron comunicarse con el gerente, pero este había desaparecido sin dejar rastro. Posteriormente, se enteraron de que la empresa había quebrado y que los propietarios habían huido, llevándose consigo los ahorros y las ganancias de decenas de trabajadores, la mayoría migrantes como Javier.
—Fue un golpe terrible. Nos habían engañado y ahora estábamos completamente desamparados —recuerda Javier con tristeza.
Sin recursos y con temor a ser deportados debido a su situación migratoria irregular, Javier y sus compañeros se vieron obligados a sobrevivir recurriendo a la ayuda de organizaciones de migrantes y a empleos informales y precarios en la zona. Ni siquiera podían viajar a Lima a tentar suerte.
A pesar de la frustración y el desaliento, Javier no se rinde y trabaja de manera independiente. Intenta siempre advertir a sus compatriotas, cuando van a trabajar a las empresas agroexportadoras, de los peligros que puedan tener si no están adecuadamente registradas. Siempre pide vigilancia y averiguar quiénes se encuentran detrás, para evitar atraviesan por la estafa que él y sus compañeros vivieron.
La historia de Javier es un reflejo de la precaria situación que enfrentan miles de migrantes venezolanos en el Perú, especialmente en el sector informal y en las industrias de exportación. Su caso pone en evidencia la necesidad urgente de fortalecer las leyes laborales, mejorar los mecanismos de supervisión y garantizar una mayor protección para los trabajadores migrantes.
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Este texto se enmarca en el trabajo promovido por el Proyecto Binacional “Del desplazamiento a la integración: construyendo comunidades productivas y protectoras”, financiado por la Unión Europea con el apoyo técnico de la UNOPS, bajo ejecución técnica de la ONG WeWorld y el Instituto de Defensa Legal (IDL). Las instituciones aquí nombradas no se hacen responsables de las opiniones de los autores.