Mina Ariana: en audiencia se evaluó suspensión de proyecto que amenaza con contaminar el agua de Lima y Callao
Hoy se realizó la audiencia en el Sexto Juzgado Constitucional sobre el caso proyecto minero Ariana, que amenaza las fuentes del agua que abastecen a más de diez millones de ciudadanos de Lima y Callao.
Las congresistas Marisa Glave y Katia Gilvonio, así como el economista José De Echave, subdirector de CooperAcción, presentaron la demanda el pasado 25 de abril en contra del Ministerio de Energía y Minas y la empresa minera Ariana para frenar la construcción del mencionado proyecto. El patrocinio es del Instituto de Defensa Legal.
En esta audiencia expusieron, por la parte demandante, el economista y especialista en gestión de recursos hídricos, Andrés Alencastre, la Ingeniera agrícola con Maestría en Gestión Internacional de Agua y Suelo, Ruth Preciado; así como el ex Viceministro de gestión ambiental, el economista José De Echave.
La audiencia fue presidida por la jueza Rocío Rabines Briceño, quien escuchó tanto a los especialistas de la parte demandante, así como a los abogados y técnicos de la parte demandada, la empresa minera Ariana así como del Ministerio de Energía y Minas.
La abogada del IDL Maritza Quispe expuso que existe una amenaza cierta e inminente, pues el inicio de operaciones del proyecto minero generará una alta posibilidad de interrumpir el suministro de agua potable para la población de Lima y Callao. Además, la actividad de explotación de la minera del proyecto Ariana, tal como ha sido aprobada, implicará un grave riesgo de contaminación al agua, al ubicarse muy cerca del depósito de relaves, es decir, de desechos de la mina.
Según los especialistas se debe aplicar el principio precautorio o de precaución, que funciona en situaciones donde se presentan amenazas de un daño a la salud o al medio ambiente y donde no se tenga certeza científica de que dichas amenazas puedan constituir un grave daño, no solo en el derecho al medio ambiente, sino también al derecho al agua potable de más de 10 millones de habitantes de Lima Callao.
Al existir incertidumbre científica sobre los impactos de este proyecto, es necesario adoptar medidas y acciones para evitar el peligro y los altos riesgos de los derechos al medio ambiente y al agua potable.
Durante la audiencia, la jueza rechazó las excepciones presentadas por la empresa minera Ariana y el MINEM, por la ambigüedad del modo de proponer el amparo. Tampoco aceptó la excepción que aducía que la demanda fue presentada fuera de tiempo, ni que la vía del proceso no debió ser por un amparo.
Tras escuchar las exposiciones de ambas partes, la jueza tiene un plazo razonable para emitir sentencia. Previo a ello es necesario incorporar a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el proceso, no solo porque emitió un informe favorable que da viabilidad a este proyecto, sino porque, de obtener una sentencia favorable, el ANA tiene la obligación de responder sobre los pedidos que han sido presentados.