Ministerio Público reabre caso de las esterilizaciones forzadas
El 3 noviembre del presente año el fiscal Jesús Dávila Rojas de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial en Derechos Humanos ha emitido la disposición de adecuación y apertura de investigación preliminar en el caso de las esterilizaciones forzadas en aplicación del nuevo código procesal penal.
Como se recuerda, el caso de las esterilizaciones forzadas que se encontraba judicializado fue declarado nulo en virtud de una sentencia de la Corte Suprema que ordenó se retrotraiga todo lo actuado al haber incurrido el juez en una falta de motivación al emitir el auto de apertura de instrucción. Ahora, al estar vigente a nivel nacional el nuevo código procesal penal, se adecuó el caso a las reglas de la citada norma. La investigación estará a cargo del Ministerio Público de forma exclusiva.
Este caso resulta emblemático para la justicia peruana al tener el mayor número de personas como agraviadas: hasta ahora van 3712 víctimas por delito de lesiones seguida de muerte y lesiones graves. En el transcurso de la investigación se va incrementar el número de víctimas porque se ha omitido considerar como agraviada a varias señoras.
La nueva disposición fiscal de reapertura del caso ha acumulado dos carpetas fiscales. Es un caso complejo porque existen más de 3712 víctimas, 49 investigados, entre ministros del régimen fujimorista, funcionarios, médicos y enfermeras del Ministerio de Salud. Se desarrollarán muchos actos de investigación en distintas zonas del país. Se recabará una considerable cantidad de documentos de las entidades públicas del sector salud, etc.
El Ministerio Público sustenta su disposición de reapertura en que el caso de las esterilizaciones forzada se dio en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos debido a su naturaleza sistemática y estructural que afectan derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la autonomía reproductiva y esto impide que puedan ser sometidas a plazos de prescripción o a cualquier figura extintiva de responsabilidad. También sostiene que esta obligación se mantiene incluso si de manera referencial se examina la calificación de los hechos como crimen de lesa humanidad porque dicha referencia también refuerza la imprescriptibilidad de la acción penal.
En el presente caso las víctimas de las esterilizaciones forzadas provienen de al menos 20 departamentos del país. Cusco es el departamento que registra la mayor cantidad de víctimas con 1365 personas, seguido de Ancash con 968, Piura con 352, Lima provincias con 258, Ayacucho con 191, Loreto 178, Huancavelica con 132, Ucayali 35, etcétera. Esto demuestra de manera objetiva que la mayor cantidad de víctimas se concentra en zonas de sierra y selva. Ellas provienen de las zonas más alejadas del país.
Se vislumbran una serie de dificultades que va tener que enfrentar el Ministerio Publico y las víctimas en el desarrollo de la investigación. Notificar a mas de 3800 personas que en su mayoría viven en zonas alejadas. Existe una barrera idiomática, ya que la mayoría habla un idioma distinto al castellano, en sus diferentes vertientes. La barrera tecnológica, ya que no cuentan con aparatos tecnológicos o señales de internet en su comunidad. Además, la investigación se va a concentrar en la ciudad de Lima. La falta de abogados para las víctimas es otro problema. El IDL solo asume la defensa de 14 víctimas de Cusco y Piura.
Han transcurrido más de 25 años desde que se produjeron las esterilizaciones a las que fueron sometidas las víctimas. A pesar del tiempo, ellas no cesan en su lucha por memoria, verdad y justicia para que se sancione a los responsables de los graves delitos que se cometieron en su agravio.