Necesario ajuste en la ley de sicariato para que a asesinos no se les rebajen las penas

A nivel estadístico no existen cifras específicas sobre sicariato, sino que están contempladas dentro del rubro de los crímenes en general. Entre los años 2015 y 2017 se registraron entre 93 y 103 denuncias de asesinatos por sicarios. Sin embargo, los procesados por este delito no pasan de tres a cinco por año.

“El sistema jurídico debe ajustar la ley para que los sicarios no se acojan a beneficios y el delito se sancione con las penas más altas”, sostuvo Aldo Pecho, del Área de Seguridad Ciudadana del IDL, en el programa “Tu Seguridad está Primero”, del Colectivo de Seguridad Ciudadana de Villa El Salvador que se transmite en Radio Stereo Villa 101.7.

El investigador definió el sicariato como el asesinato por encargo a cambio de una retribución económica o de otro tipo, y lo diferenció del asesinato con fines de lucro que consiste en matar a una persona por una herencia o para obtener algún otro beneficio. “En el año 2015, durante el gobierno de Ollanta Humala, se otorgaron facultades legislativas para definir el delito y establecer una pena autónoma que se diferencie de la figura del asesinato con fines de lucro. Mientras convivan estas dos figuras, los jueces pueden equivocarse a la hora de dirimir porque definitivamente las sentencias por sicariato son mucho menores. El problema está en cómo interpretan la ley”.

Otro aspecto al que hizo mención es el crimen organizado utiliza a sicarios menores de edad que reciben una pena menor cuando son capturados, de acuerdo al Código del Niño y Adolescente que está vigente. “Estas penas van de los 6 a los 10 años y son mucho menores a las que se aplican a los mayores”, especifica Aldo Pecho.

Si bien las cifras de este delito son tan altas como en El Salvador o Venezuela, el sicariato causa un fuerte impacto en la percepción de inseguridad ciudadana.