Pronunciamiento: Necesitamos un Tribunal Constitucional para defender la democracia
El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional fundamental en nuestro país y por ello la selección y designación de sus magistrados no solo debe aparentar cumplir las formalidades sino que debe garantizar la elección de candidatos probos que garanticen la vigencia del Estado de derecho. Lamentablemente el Congreso de la República no ha optado por este camino y, por ello, convocó al caballazo una cuarta legislatura fuera de los marcos constitucionales, logrando que dentro de ella todo sea ilegal, incluyendo la apurada elección de los jueces del TC.
Ha sido el Congreso el que tomó el camino de ruptura de los estándares constitucionales y por eso es que el Poder Judicial ha decidido admitir la demanda presentada por el abogado Walter Ayala y, adicionalmente, en estricto cumplimiento de la ley, ha admitido una medida cautelar que dispone la suspensión provisional del proceso de elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, el cual se tenía previsto desarrollar los días 7 y 8 de julio.
Ante esta particular situación el Instituto de Defensa Legal [IDL] considera necesario señalar lo siguiente:
1. El Poder Judicial tiene como función, a través de los procesos constitucionales como el amparo, la protección de derechos fundamentales y el control del poder. Es la Constitución la que le otorga este poder fundamental para garantizar el equilibrio y balance de poderes.
2. Sobre esa base es que la jueza constitucional de Lima Soledad Blácido Báez, ha identificado que el uso del poder del Congreso de la República ha devenido en arbitrario: la competencia de seleccionar meritocráticamente a los candidatos y finalmente magistrados del Tribunal Constitucional ha violado no solo su propio reglamento, sino sobre todo derechos fundamentales como la debida motivación y la transparencia. Esta apariencia del derecho es la que sustenta la medida cautelar que acaba de ser emitida.
3. En un Estado Constitucional de Derecho no hay zonas exentas de control, lo que incluye al Parlamento. La actuación parlamentaria debe regirse por la ley y la Constitución, tal como indica al artículo 44 constitucional, lo que en los hechos no ha sucedido en este proceso de selección. En ese sentido, cabe el control jurisdiccional.
4. Como es de público conocimiento, en ocasiones anteriores los procesos de selección de magistrados del Tribunal Constitucional no llegaron a buen término, en tanto que se descubrieron audios y repartijas. Hoy, el proceso de elección se paraliza por el propio intento del Congreso de culminarlo, violando deberes esenciales del mismo proceso de elección.
5. Es muy importante destacar que el hecho de no ejecutar esta decisión judicial, legítimamente emitida como en este caso, no solo daría cuenta de la existencia de responsabilidades políticas, sino también penales, porque evidentemente estaríamos ante un hecho constitutivo del delito de resistencia a la autoridad.
6. El desacato por parte de los congresistas, además, representaría un vicio de nulidad más de una virtual elección de magistrados del TC. Esto haría jurídicamente imposible la juramentación y asunción en el cargo, sometiendo a una peligrosa incertidumbre y deslegitimación del Tribunal Constitucional y sus sentencias. Cabe recordar que el artículo 46 de la Constitución señala que nadie debe obediencia “a quienes asumen funciones públicas en violación de la Constitución y de las leyes”.
7. En las actuales circunstancias que vive nuestra nación resulta de la máxima importancia que la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional no solo garantice el cumplimiento de un acuerdo político entre las bancadas parlamentarias, sino sobre todo que en alcancemos tener un órgano jurisdiccional debidamente constituido y que sea el garante del respeto de los derechos fundamentales de las personas y de la vigencia del Estado de derecho. El Congreso no puede actuar de una manera tan irresponsable como pretende hacerlo ayudando de manera decidida a un quiebre del balance de poderes, base de nuestra frágil democracia ad portas del bicentenario de la República.
8. Exhortamos a todas las fuerzas democráticas, a los funcionarios y funcionarias responsables de nuestro país, y a la ciudadanía en general, a detener nuevos intentos golpistas que no hacen sino sumirnos cada vez más en el caos, cuando lo que necesitamos con urgencia es respetar el Estado de Derecho y sus instituciones.