Nos cortarán la cabeza a todos… pero aún podemos evitarlo
Justicia Viva – IDL
Este 3 de diciembre, el Congreso de la República no solo ha dado un golpe sin igual al Ministerio Público con la inhabilitación por 10 años para ejercer la función pública, y dar pase libre para denunciar penalmente a la fiscal de la Nación Delia Espinoza. Este golpe, además de violar la independencia fiscal y la autonomía institucional, ha puesto en jaque a las diversas luchas por justicia que con mucho esfuerzo han impulsado diversos fiscales en nombre de las víctimas y de la sociedad.
Ahora, sin duda, retorna el retroceso para las causas de derechos humanos, la impunidad de la ley de amnistía, el quiebre de casos de corrupción de funcionarios, el retardo de causas fiscales sobre congresistas, el quiebre de la postura urgente contra las leyes pro crimen. ¿Cómo estas causas, y casos como “Lava Jato”, van a avanzar sin impunidad con un Fiscal de la Nación interino que ha denostado públicamente de los fiscales Vela y Pérez, dicho que las investigaciones a congresistas le parecen un exceso, u obviado casos de grave criminalización como el de la fiscal Barreto, o en su momento, la inhabilitación de la fiscal suprema Ávalos? ¿Cómo va a actuar la Fiscalía con una fiscal suprema como Patricia Benavides, que deshizo partes del Equipo “Cuellos Blancos” y desordenó las investigaciones de los crímenes en las protestas al inicio de su gestión?
Las causas por justicia pierden con la nueva sombra de real espanto que se tiende ahora sobre la Fiscalía.
Por obra y gracia de la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional y una cuestionable sentencia del Poder Judicial, han retornado a la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, 3 fiscales vinculados al caso “Cuellos Blancos”. Tomás Gálvez, Patricia Benavides y Luis Arce Córdova. Sin Delia Espinoza por el momento, 3 de 6 fiscales supremos, encabezados por Gálvez, tienen ahora la virtual mayoría en la Junta de Fiscales Supremos. Y quizá, pronto más, con el posible ingreso de Víctor Raúl Rodríguez Monteza, también vinculado al caso “Cuellos Blancos”.
“¿Qué quiere, que se le baje la pena o declare inocente?”, el dicho en audio de César Hinostroza, el juez supremo prófugo de la justicia, es ahora el lema que retumba en la máxima instancia fiscal. Los Cuellos Blancos han vuelto, y esperemos que, por el bien del país, no para quedarse.
¿Qué podemos hacer? Un juez debiera dar prioridad a una urgente medida cautelar de amparo que esperemos, la Fiscal de la Nación titular presente ya.
Es más, los fiscales supremos que no están involucrados con el caso “Cuellos Blancos”, Ávalos, Sánchez y Villena debieran, por el bien de todo el país y la lucha contra la impunidad, no permitir que Gálvez u otro investigado por “Cuellos Blancos” encabece la fiscalía, ni como interino ni como titular. Argumentos jurídicos, éticos y de legitimidad institucional sobran. La autonomía para defender la institución debe sobrepasar el mutis que la Junta Nacional de Justicia hace sobre las causas que debiera reabrir sobre Gálvez, por ejemplo.
Éste es el momento para alzar la voz, la postura ética, la defensa de la institución. Muchos fiscales lo han hecho y ya hemos visto cómo el poder político y criminal ha actuado: estigmatización, criminalización, acosos callejeros, retiros de la seguridad, suspensiones e inhabilitaciones inamisibles, amenazas contra su integridad. Los verdugos han sido y son el Congreso, la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público e incluso integrantes de la propia fiscalía.
La reciente inhabilitación de la Fiscal de la Nación Espinoza, es el paso agigantado que coincide y es parte de la estrategia pactada y a toda marcha para el retorno de los “Cuellos Blancos”. Este retorno que violando la ley y la Constitución busca, qué duda cabe, el final copamiento de la Fiscalía y la impunidad total.
Peor aún: es un aviso de lo que va a continuar dándose. El Poder Judicial es la institución que sigue, ya ha retornado como mínimo un juez supremo que fue destituido por la anterior JNJ. Y es una alerta roja del franco peligro en el que están las elecciones del 2026, es decir, el voto de los peruanos. La Fiscalía tiene un puesto en el Jurado Nacional de Elecciones… ¿a quién se va a enviar a tan importante institución? ¿Cómo se van a investigar los presuntos delitos electorales de partidos políticos que, ya han mostrado su cercanía a, por ejemplo, Benavides, Gálvez y Arce?
El poder y partidos políticos responsables de leyes como de la amnistía, del despojo territorial, de la educación sexual integral para poder prever violencias sexuales, de la ley contra la sociedad civil organizada y denunciante, de ampliación del REINFO que mantiene libre de acción a la minería ilegal que carcome el medio ambiente y las vidas que hay en él, de las leyes pro crimen que han desatado la violencia y asesinatos impunes que el Estado no para, y que someter al miedo a la población, es el poder y partido políticos que necesitaban estar sin control para que nadie les haga rendir cuentas. Por eso el paso clave era quitar del medio a la Fiscal de la Nación que les investigara, sea la fiscal Espinoza o quien sea. Recordemos cómo el fiscal Villena a inicios del 2024 en un largo video, indicó que las reformas que se pretendían hacer era para paralizar los casos que se investigaban.
De mantenerse esta situación en la Junta de Fiscales Supremos y la Fiscalía de la Nación, lo que se consagra es la inexistencia de la separación de poderes, el quiebre de la garantía de la actuación fiscal independiente, y la parálisis del avance de las diversas causas de justicia. Pero además, la persecución y criminalización penal de quienes en la fiscalía o fuera de ella, como líderes sociales, ciudadanos activos, periodistas, que interrumpa los planes de impunidad.
Burdo y evidente es el golpe a la Fiscalía. La nueva JNJ restituye ilegalmente a Patricia Benavides como Fiscal de la Nación, suspende a Espinoza por no acatar una decisión sin apariencia de legalidad. Espinoza se defiende debidamente y logra una medida cautelar de amparo, pero el juez se demora, increíblemente, en acatarla a pesar de ser una acción de carácter urgente. Mientras demora, el Congreso avanza con una denuncia constitucional arbitraria, pues no solo sanciona lo que es una función constitucional fiscal (dirigir la investigación), sino, por un hecho que Espinoza no cometió (no firmó el reglamento en ciernes). A pesar de eso, congresistas investigados por la fiscalía votaron en evidente conflicto de interés, el proponente de la sanción dirigió la sesión del Pleno (Rospigliosi debió inhibirse), y una segunda votación sin nuevos argumentos de por medio logró la inhabilitación inicialmente negada.
El poder sin control, la amenaza a fiscales por investigar el delito, la persecución a quienes denuncian desde dentro o fuera del sistema de justicia, y que ese poder dirija reformas legales o constitucionales de la justicia, y que sea el que maneje de forma directa o indirecta las siguientes elecciones, es la ruptura de toda posibilidad democrática y el inicio de un statu quo del que va a ser muy difícil, si es que no imposible, salir.
Varios países de la región han pasado por este camino, y hoy, cuentan con poder enorme e impune, un sistema de justicia cooptado que no da respuestas a la gente, ciudadanos acallados sin poder criticar la falta de derechos, operadores de justicia en el exilio o presos injustamente. Guatemala, El Salvador y Nicaragua son solo unos ejemplos. En efecto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de señalar, en su informe de visita a Guatemala, que: “La comisionada Andrea Pochak, relatora de la CIDH para Guatemala, explicó que el informe sitúa el “debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial” como eje central del análisis. Según Pochak, Guatemala enfrenta “serias amenazas a la gobernabilidad y al Estado democrático de derecho”. La relatora atribuyó estas amenazas al “control de determinadas instituciones estatales por parte de redes de poder político y económico articuladas para preservar intereses privados y asegurar condiciones de impunidad”.”[1]. Guatemala tiene más de 70 operadores de justicia en el exilio, por la revancha de la corrupción, sin poder investigar los delitos que le quitan los derechos a la gente. Si no despertamos, a ese camino vamos.
Este es un momento históricamente crítico, en el que aún podemos hacer y demandar 8 acciones. (HACER CLICK) Una Fiscalía independiente es esencial para vivir sin miedo en el país. Que el pacto corrupto no culmine apoderándose de la justicia y del voto 2026 de la gente.
[1] En: https://www.infobae.com/america/america-latina/2025/12/02/la-cidh-advirtio-sobre-el-deterioro-institucional-y-la-criminalizacion-de-la-disidencia-en-guatemala/