01 Octubre, 2018

La abogada Cruz Silva, de IDL-Justicia Viva, solicitó en la audiencia pública del 169 Periodo Ordinario de Sesiones de la CIDH que se le pida al Estado peruano que informe sobre las medidas adoptadas para proteger la independencia del Ministerio Público y de la Fiscalía de la Nación. Del mismo modo, que le solicite adoptar medidas de protección para los periodistas y los funcionarios del sistema de justicia que están investigando una red de corrupción.

En esta audiencia, la doctora Silva explicó el proceso en el cual jueces y fiscales supremos, así como integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura -la institución que elige a los jueces y fiscales-, cometieron  delitos de corrupción de manera coordinada. Además de generar  relaciones con políticos, empresarios, exmagistrados y abogados, para manipular sentencias en casos de delitos comunes y crimen organizado.

Todos estos hechos se han dado a conocer a partir de la revelación de los “CNMAudios”, hecha por IDL-Reporteros y otros periodistas de investigación. La Fiscalía de la Nación, lejos de garantizar el trabajo de los periodistas, adoptó una serie de medidas de amedrentamiento. 

“La red de corrupción judicial involucra, claramente, al poder político. Este ha interferido, por ejemplo, en la elección de las autoridades del sistema de justicia, como lo hizo el congresista fujimorista Becerril para la presidencia del CNM. El caso de esta red involucra, además, a la lideresa de ese partido, que tiene la mayoría en el Parlamento y que es una traba para la sanción de la red de corrupción. El mismísimo Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, está comprometido en la red de corrupción. Esto es un peligro sin precedentes para las investigaciones”, señaló Silva del Carpio.

IDL Artículos

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  •   Por Juan Carlos Ruiz*  La restricción del derecho de propiedad de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales solo será legítima y constitucional, si es que se observan y respetan determinados requisitos contenidos fundamentalmente en el derecho internacional. De lo contrario, sino se respetan estas salvaguardas, estaremos ante restricciones ilegítimas y arbitrarias, y en consecuencia inconstitucionales.