OEFA ordena paralizar actividades de Ocho Sur P. y la multa con 9 millones de soles
El OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental) ha sancionado a la empresa de palma aceitera Ocho Sur P. S.A.C. (antes Plantaciones de Pucallpa) con la paralización de sus actividades y el pago de una multa de 2080.552 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Dicho monto asciende a 8,946,373.6 soles.
El 31 de julio del presente año, la Subdirección de Fiscalización en Actividades Productivas de la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos (SFAP) de la OEFA inició un procedimiento administrativo sancionador contra la empresa por una serie de infracciones ambientales que se le acusaba de haber cometido en el llamado Fundo Tibecocha (Nueva Requena, Coronel Portillo, Ucayali).
Mediante la Resolución Directoral N.º 01304-2020-OEFA-DFAI, el OEFA confirmó las infracciones ambientales y declaró la responsabilidad de Ocho Sur P. Por un lado, la entidad demostró que la empresa había realizado actividades agrícolas intensivas de cultivo de palma aceitera sin contar con un instrumento de gestión ambiental aprobado por el Ministerio de Agricultura y Riego. Además, pudo demostrar que tampoco había cumplido con realizar medidas para evitar o impedir el uso de sustancias tóxicas (agroquímicos como pesticidas y plaguicidas) que puedan tener efectos adversos al suelo de aptitud forestal.
Por otro lado, OEFA constató que la empresa dispone de los residuos sólidos peligrosos (sacos de urea y de cloruro de potasio, frascos veterinarios y mochilas fumigadoras) y no peligrosos en lugares no autorizados por la autoridad competente. Finalmente, también evidenció que Ocho Sur P. no contaba con un almacén central para el almacenamiento de sus residuos sólidos peligrosos, incumpliendo lo establecido en el reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos (aprobado por el Decreto Supremo N.° 014-2017-MINAM).
No hay que olvidar que esta plantación de palma aceitera, cuya extensión oscila en 7 mil hectáreas, es parte del territorio ancestral de la comunidad nativa de Santa Clara de Uchunya. Sin embargo, sus tierras les fueron arrebatadas por un grupo de traficantes que luego las vendieron a Plantaciones de Pucallpa, la cual no tardó en iniciar una deforestación progresiva y a gran escala. Desde entonces, la comunidad ha venido exigiendo la recuperación de su territorio a las diferentes autoridades judiciales y administrativas. Precisamente, tanto Santa Clara de Uchunya como la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (Feconau) han participado en este procedimiento como terceros con interés legítimo.
Este es un caso emblemático de cómo una comunidad indígena en la Amazonía peruana viene resistiendo a las agresiones de la agroindustria transnacional. Ahora corresponde al Tribunal de Fiscalización Ambiental del OEFA, en segunda instancia administrativa, confirmar las sanciones y medidas correctivas en contra de la empresa, en aras de proteger a los pueblos indígenas y a la enorme biodiversidad que albergan sus territorios.