Organizaciones civiles presentaron informe oral ante el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional sobre la ley que promueve el uso arbitrario de la fuerza

Organizaciones civiles presentaron informe oral ante el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional sobre la ley que promueve el uso arbitrario de la fuerza

Convocados por el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, doctor Pedro Hernández Cháves, este miércoles 24 de enero, los abogados José Bayardo Chata, de la institución de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno (DHUMA), y David Velazco Rondón, de la institución Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ), junto con el recientemente elegido Decano del Colegio de Abogados de Puno, el Dr. Edwin Flores Castillón, realizaron el informe oral de un caso sumamente relevante para el ejercicio de derechos en el Perú.

Recordemos que este proceso es una demanda de inconstitucionalidad en la que se pide que se declare la inconstitucionalidad por el fondo del primer párrafo del artículo 4 y la Única Disposición Complementaria Derogatoria de la Ley N.° 31012, por violar derechos y principios fundamentales establecidos en la Constitución Política del Estado y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, consecuentemente ordenando su expulsión de nuestro ordenamiento jurídico.

Durante la audiencia, se informó que esta norma promueve el uso arbitrario de la fuerza por parte de la Policía contra la población, en especial contra personas defensoras de los derechos humanos, porque exime de responsabilidad penal a los policías y militares “que usando sus armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”. Con la derogatoria del principio de proporcionalidad podríamos llegar a situaciones absurdas, por ejemplo, que se justificara el uso de fusiles automáticos, armas de guerra, que se hayan empleado durante alguna manifestación legítimamente pacífica.

Asimismo, la “ley del gatillo fácil”, como se le ha denominado, da la espalda a la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. En la STC N.° 002-2008-PI/TC, el supremo intérprete de la Constitución ordenó el respeto del principio de proporcionalidad en supuestos donde exista la intervención de la fuerza pública, ya que es inherente a todo acto de esta naturaleza. En tal sentido, consideramos que esta norma es una pieza importante del andamiaje que promueve y permite la criminalización de la protesta, razón por la cual hace falta expulsarla del ordenamiento.

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